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Con una votación dividida de 5 a 4, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa rechazó trasladar del ámbito municipal al Ministerio de Salud la competencia exclusiva para otorgar certificados de uso de suelo para la instalación de rellenos sanitarios. La iniciativa original fue presentada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves con el objetivo de fortalecer la rectoría del Poder Ejecutivo en la gestión y disposición final de residuos sólidos.
El foro legislativo aprobó, este martes, un texto sustitutivo que modifica la redacción de un artículo 28 bis que el gobierno pretende adicionar a la Ley de Planificación Urbana, por considerar que la reforma impulsada desde Zapote es inconstitucional. Los congresistas también reclamaron que la propuesta no representa una solución de fondo para el problema.
El gobierno argumenta que el proyecto es necesario para atender la crisis sanitaria que se podría presentar a partir del 2025, ya que la Gran Área Metropolitana (GAM) quedará con un solo lugar para llevar los desechos que generan sus habitantes: el PTA Aczarri, en El Huaso de Aserrí. Esto porque ya está en marcha el cierre del Parque de Tecnología Ambiental Uruka, conocido popularmente como relleno sanitario de La Carpio.
La versión original del expediente legislativo 24251 estipulaba que “la emisión de certificados de uso de la tierra para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos corresponderá al Ministerio de Salud y no a las municipalidades”.
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El Poder Ejecutivo alega que la negativa de los gobiernos locales para permitir la colocación de vertederos de basura en sus territorios es un obstáculo para solucionar la crisis sanitaria que se avecina, por la falta de lugares en los cuales disponer los residuos sólidos.
La adición del 28 bis prentendía crear una excepción a las disposiciones de los actuales artículos 28 y 29 de la Ley de Planificación Urbana, los cuales regulan el otorgamiento de certificados de uso de suelo, así como la competencia de las corporaciones municipales para emitirlos.
El documento avalado por la mayoría de los legisladores sustituye la redacción, para que, en su lugar, se lea que una vez obtenido el certificado de uso de suelo para proyectos de disposición y tratamiento final de residuos sólidos, el gestor procederá a solicitar el alineamiento vial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) según corresponda y gestionará los desfogues pluviales ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), para proceder con los permisos necesarios del proyecto.
El texto sustitutivo fue presentado por los diputados Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y la independiente Kattia Cambronero. Respaldaron la propuesta los también verdiblancos Óscar Izquierdo y Katherine Moreira, así como Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).
En contra se pronunciaron Manuel Morales, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Rosalía Brown, del Partido Nueva República (PNR) y la independiente María Marta Padilla.
Luego, el expediente 24251 fue dictaminado de forma afirmativa con ocho votos a favor y un solo voto en contra, del frentamplista Ariel Robles.
No obstante, tanto Daniela Rojas como Manuel Morales advirtieron de que su respaldo se limita al avance de la iniciativa, con el fin de poder presentar mociones para regresar el proyecto de ley a su versión original. El diputado oficialista adelantó que la bancada de gobierno podría retirar el apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo, si los cambios no prosperan.
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Opositores alegan inconstitucionalidad
Los proponentes del nuevo texto alegaron que la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo invadiría las competencias de las municipalidades y, por ende, su autonomía. Esta posición también fue externada por organizaciones municipales, como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
En contraste, la Contraloría General de la República (CGR) y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa no expresaron reservas sobre la propuesta de que el Ministerio de Salud emita el certificado de uso del suelo para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos.
Es más, Servicios Técnicos expresó que la reforma “se encuentra dentro del marco de legalidad, siempre y cuando el Ministerio de Salud se apegue a las normas vigentes respetando los usos definidos en la normativa (planes reguladores cantonales, regulación regional vigente, zonificación urbana, índices de fragilidad ambiental entre otros), con aplicación del componente ambiental”.
Munive: ‘Yo no pretendía darles una solución a largo plazo’
Congresistas como Cambronero, Robles y Jiménez reclamaron que la propuesta del gobierno no supone una solución de fondo al problema de los desechos sólidos.
No obstante, Mary Munive, segunda vicepresidenta de la República y Ministra de Salud, descartó que el proyecto haya sido presentado con ese objetivo.
“Señoras y señores, yo no pretendía darle la solución a largo plazo. Pretendía generar una propuesta para solucionar una crisis que tenemos ya”, expresó Munive durante la reunión de jefes de fracción del pasado 5 de diciembre. La vicemandataria acudió a la sesión para solicitar el avance del proyecto de ley, en los términos que fue presentado por el gobierno.
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Munive argumentó que se decidió presentar la iniciativa de ley tras conversar con los municipios y constatar que las organizaciones no solamente presentaban problemas presupuestarios, sino que también tenían reservas sobre el costo político de asumir la colocación de un relleno sanitario en sus respectivos territorios.
“La población se le viene encima y no toman la decisión, que es una decisión país. Ahí fue donde dijo (el gobierno), bueno, ‘dénme este churuco a mí y entonces, yo lo hago, que a mí me odien, pero ustedes entonces se quedan con su caudal político, pero solucionamos un problema de salud nacional’”, explicó.
Según la jerarca, incluso se propuso que se le cediera la competencia por el plazo de un año, para atender la crisis inmediata a la que se expone el país. “El Ministerio de Salud no desea esa función, lo que desea en este momento es dar una solución aguda”, añadió.
¿Qué propone el nuevo texto?
La nueva versión del proyecto incluye un nuevo artículo 8 bis en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, mediante el cual se habilita a las municipalidades a recibir incentivos compensatorios en caso de que posean o lleguen a instalarse, dentro de su territorio, parques ambientales.
Los incentivos pueden ser económicos, de apoyo financiero, sociales, educativos, de investigación técnica en materia ambiental, capacitación, infraestructura, culturales y de desarrollo productivo. Igualmente, se pueden realizar mediante transferencias presupuestarias de instituciones públicas o empresas privadas.
El texto también agrega un nuevo párrafo al artículo 88 del Código Municipal que impide a las municipales alegar impedimento alguno en cuanto a la operación de parques ambientales, de instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios y otras tecnologías alternativas para el aprovechamiento de los residuos, en concordancia con el plan regulador vigente de cada cantón. Lo anterior cuando la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) otorgue la viabilidad ambiental a este tipo de proyectos.
