Los funcionarios y jerarcas que incumplan con la obligación de reglamentar una ley aprobada por la Asamblea Legislativa serán castigados por incumplimiento de deberes en la función pública.
Los diputados aprobaron este jueves, en segundo debate, un proyecto de ley que introduce la causal en el ordenamiento jurídico nacional.
El expediente 23192 recibió el apoyo de 36 legisladores. En contra votaron siete diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD): Pilar Cisneros, Ada Acuña, Daniel Vargas, Paola Nájera, Alexander Barrantes, Jorge Antonio Rojas y Manuel Morales.
La ausencia de una reglamentación evita que las normas puedan ser ejecutadas, aun cuando estas cuenten con una fecha de vigencia de varios años.
El artículo 2 de la propuesta de ley indica que el jerarca o funcionario que incumpla con la obligación de reglamentar una ley dentro del plazo establecido, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública, previsto en el Código Penal.
El numeral 339 de esta norma establece una pena de inhabilitación de uno a cuatro años para el funcionario que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función.
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La propuesta también llena un vacío legal que existe en la actualidad en el país, ya que establece un plazo de seis meses para que el Poder Ejecutivo emita la regulación de una ley, cuando esta no defina un periodo específico. Este límite no existía, lo que ha llevado a que la Sala Constitucional sea la que determine, ante la presentación de un recurso de amparo, cuando el gobierno ha incumplido con su deber de emitir la reglamentación.
Durante el 2024, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves sumó seis sentencias en contra por incumplir con la reglamentación de leyes vigentes desde fechas tan antiguas como agosto del 2020.
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El plan avalado por el Congreso también creó una prórroga de tres meses, mediante criterio técnico razonado, en caso de que la entidad específica requiera una ampliación del plazo.
El inciso 3 del artículo 140 de la Constitución Política establece como deber del Poder Ejecutivo “sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento”.
La iniciativa fue impulsada por la congresista Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).