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El proyecto adiciona un artículo 5 bis en la Ley de simplificación y eficiencia tributarias, con el fin de destinar a los puentes un porcentaje de lo que se recauda por el impuesto único a los combustibles.
El expediente aprobado ordena que se destine un 15% de los ingresos “con carácter específico y obligatorio”, para que se le gire a las instituciones encargadas de los puentes.
De ese porcentaje, ocho puntos porcentuales serían para los puentes a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otros seis puntos porcentuales para los municipales.
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El último punto porcentual será para el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), con el objetivo de que realice inventarios, diagnósticos, informes y análisis sobre el estado de los puentes en las rutas nacionales y cantonales.
El jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas, enfatizó que el proyecto resulta fundamental porque, sin importar los recursos que se deban utilizar, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los puentes es un asunto de prevención y de seguridad para los costarricenses.
“El gobierno en esto se equivoca. El Lanamme tiene un estudio que dice que había más de 800 puentes con más de 20 años de no darles seguimiento ni chequeo. Imagínense que se caiga un puente, porque el Lanamme advertía de que hay cerca de un 50% colapsados. No nos podemos hacer de la vista gorda”, dijo el legislador liberal.
Vargas también cuestionó que los congresistas de gobierno se quejen constantemente de que el problema de los puentes es una herencia, pero se niegan a aprobar la solución planteada desde el Congreso.
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Según el subjefe del PPSD, Daniel Vargas, hay que ver “el panorama completo”. Alegó que es innegable que faltan los recursos para atender los puentes, pero no hay flexibilidad en el Estado para atender muchas cosas y con el proyecto “se le agrega rigidez al Presupuesto Nacional”.
“Este tipo de decisiones lo que hacen es entrabar la administración del Estado como un todo. Hay necesidades en otras líneas y nadie dice cómo resolverlas, porque esta decisión le recorta ¢93.000 millones a la caja única del Estado. Es muy bonito decir que le vamos a dar la plata al Conavi y a Lanamme, pero no vemos la otra cara de la moneda”, reclamó el chavista.
En favor de la iniciativa también se pronunciaron las independientes Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero; el socialcristiano Horacio Alvarado, el liberacionista Gilberth Jiménez y Luz Mary Alpízar, legisladora no chavista del PPSD.
La jefa del chavismo, Pilar Cisneros, calificó a los congresistas de la oposición de “sordos, ciegos y mentirosos” por afirmar que el gobierno no se preocupa por mejorar la calidad de vida y por reclamar la negativa del oficialismo. Según la vocera, el Ejecutivo de Rodrigo Chaves ha tenido el “mejor desempeño económico de los últimos 40 años”.
Si bien Cisneros dijo que la iniciativa es muy loable, porque “nadie quiere pasar por un proyecto que se va a caer”, lo calificó de politiquería porque no se repone el dinero que se está quitando de otros destinos.
Luego de aprobada la iniciativa en primer debate, se fijó su votación en segundo debate para el 24 de abril.
