La organización Human Rights Watch acusó al Gobierno de Costa Rica de ser cómplice de los abusos cometidos por la administración del estadounidense Donald Trump en contra de los migrantes, luego de que el país recibiera a 200 asiáticos deportados, pese a que algunos habían solicitado asilo político.
“Costa Rica no debería ser cómplice de los flagrantes abusos de Estados Unidos”, afirmó Michael García Bochenek , asesor principal de derechos del niño de la ONG.
García emitió esas declaraciones de previo a la interpelación a la que fue sometido el canciller Arnoldo André Tinoco, quien rindió cuentas en el plenario legislativo.
A finales de febrero, el gobierno de Rodrigo Chaves recibió a 200 migrantes, incluidos 80 niños. Llegaron en dos vuelos desde Estados Unidos y se encuentran recluidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá. El grupo incluye ciudadanos de Afganistán, China, Irán, Rusia, Uzbekistán y otros países de Asia Central, además de Vietnam.
De acuerdo con la organización, el canciller debería aprovechar su comparecencia ante los diputados para revelar su acuerdo migratorio con Estados Unidos y confirmar que los nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos pueden solicitar asilo en Costa Rica.
Según el comunicado de Human Rights Watch, las autoridades estadounidenses y costarricenses sostienen que todos los deportados desean regresar a sus países de origen. Sin embargo, cinco de ellos declararon a la organización que, junto con otros, reiteraron tanto a las autoridades nacionales como norteamericanas que habían huido de la persecución y que requerían asilo.
Detallaron que fueron sometidos a prácticas ilegales por los funcionarios estadounidenses, quienes procedieron, según relataron, a deportarlos mediante un proceso acelerado, pese al refugio solicitado.
De acuerdo con la legislación estadounidense, quienes solicitan asilo o manifiestan temor de regresar a sus países de origen deben ser entrevistados por funcionarios de asilo. Si ese funcionario determina que la persona no ha demostrado un temor creíble, puede solicitar una audiencia ante un juez de inmigración.
“Las autoridades costarricenses deberían identificar con prontitud a los posibles refugiados, sus reclamaciones y garantizar que nadie sea devuelto a un lugar donde corra riesgo de sufrir daños graves”, advirtió García Bochenek.
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Enviadas a Costa Rica sin ver a un juez
Dentro de los casos denunciados está el de una joven de 23 años, quien aseguró haber huido de Irán, donde enfrentaba persecución por convertirse al cristianismo. A mediados de febrero, tuvo una entrevista inicial de “miedo creíble” con un funcionario de asilo estadounidense. Inmediatamente después, relató, agentes de inmigración le informaron que sería deportada a Irán. La semana siguiente, la enviaron a Costa Rica.
Otra mujer de 39 años relató que solicitó asilo en el cruce fronterizo de Yuma, Arizona, a mediados de febrero. En su caso, agentes de inmigración estadounidenses les permitieron entrar a ella y a su hijo de dos años, pero luego recibió una entrevista de “miedo creíble”. Sin embargo, también la enviaron a Costa Rica sin la oportunidad de ver a un juez de inmigración.
En un tercer caso, las autoridades estadounidenses separaron a una familia extensa de Afganistán: enviaron a una mujer a Panamá, mantuvieron a su esposo en Estados Unidos y trasladaron a la hermana, el cuñado y el sobrino de 14 meses a Costa Rica. Ambos hombres (esposo y cuñado) habían trabajado para el anterior gobierno afgano, lo que puso a toda la familia en riesgo de represalias talibanes.
La familia informó repetidamente a los funcionarios estadounidenses que solicitaron asilo, pero no se les concedió una entrevista de “miedo creíble” y fueron enviados a Costa Rica.
En un cuarto caso, una pareja rusa indicó que ellos, junto a su hijo de seis años, fueron también trasladados sin ver a un juez de asilo. La pareja contó que huyó de Rusia después de que el hombre, un trabajador electoral, intentara exponer irregularidades en las elecciones nacionales del 2024.
“Solicitamos asilo muchísimas veces para asegurarnos de que no se malinterpretara nuestra intención, pero los funcionarios estadounidenses nos ignoraron por completo”, declaró el hombre de este cuarto caso.
La interpelación del canciller fue propuesta por la bancada del Frente Amplio, que presentó una moción luego de las denuncias que ha hecho la Defensoría de los Habitantes de la República respecto al trato que están recibiendo esas personas.
“Costa Rica tiene una larga trayectoria brindando refugio seguro. El gobierno de Chaves tomó medidas para restringir el acceso al asilo en el 2022. Los tribunales invalidaron algunas de estas medidas y el gobierno retiró otras en el 2024. Costa Rica está obligada, en virtud del derecho internacional, a garantizar el derecho a solicitar asilo y a abstenerse de enviar a personas, directa o indirectamente, a países donde podrían sufrir tortura u otros daños graves”, agregó la ONG.