La Corte Plena acordó solicitar explicaciones adicionales a la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) sobre la inversión de $2,3 millones que realizó en el concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, cancelado posteriormente, y las gestiones que ha emprendido para recuperar esos recursos.
El requerimiento fue efectuado el lunes, tras conocer un informe remitido el 19 de octubre por la junta directiva de Asosejud, en el que justificó la operación como una inversión temporal que esperaba recuperar en un plazo corto y con ganancias significativas.
Los magistrados pidieron aclarar cuáles son las pretensiones de la demanda civil que la asociación presentó contra el productor del espectáculo, Don Stockwell, y si cuenta con un comité encargado de analizar los riesgos de sus inversiones.
A esas consultas se agregó el conocer si la asociación ha intentado recuperar el dinero mediante negociaciones o conciliaciones con la empresa que recibió el pago, además de la acción judicial.
El pleno también acordó avanzar en el nombramiento de un representante del Poder Judicial ante la asociación, con derecho a voz, pero sin voto. Para ello, solicitó a cada una de las cuatro salas que proponga, a más tardar el próximo lunes, a un funcionario judicial con conocimientos en materia solidarista.
Magistrados cuestionan informe
Durante la discusión, el magistrado Jorge Olaso, de la Sala II, cuestionó la explicación de Asosejud sobre el mecanismo jurídico utilizado para dejar sin efecto el contrato del concierto.
En el informe, la asociación indicó que el 14 de setiembre acordó “rescindir de forma unilateral” el contrato suscrito con Stockwell. Sin embargo, también señaló que el 21 de setiembre presentó una demanda ordinaria civil de nulidad absoluta del contrato comercial y daños y perjuicios.
Para Olaso, ambas figuras jurídicas tienen implicaciones distintas y es necesario conocer las pretensiones concretas de la demanda para determinar qué mecanismo está utilizando la organización para cuestionar el contrato y recuperar los recursos.
“Una cosa es rescindir y otra cosa es una nulidad absoluta”, señaló el magistrado, quien solicitó que se aporte una copia de la demanda presentada y se precise el tribunal ante el cual se hizo la gestión.
Por su parte, la magistrada Roxana Chacón, de la Sala II, manifestó que el informe de Asosejud era insuficiente y que no aclaraba aspectos importantes sobre los mecanismos de protección de los recursos de los asociados.
Chacón recordó que, aunque la asociación es una entidad privada, el Poder Judicial tiene una responsabilidad como patrono, debido a que realiza aportes destinados al pago de cesantías de sus funcionarios.
Por esa razón, consideró necesario conocer si Asosejud dispone de un comité de inversiones o de análisis de riesgos que valore las operaciones financieras antes de comprometer los recursos de sus asociados.
Asosejud calificó concierto como una inversión no convencional
En el informe enviado a Corte Plena, la junta directiva de Asosejud relató que el 26 de agosto de 2026 acordó por unanimidad realizar una inversión temporal de $2,3 millones para el concierto de Snoop Dogg.
El contrato de participación financiera fue suscrito el 27 de agosto con el productor Don Frederick Stockwell Ulloa, en representación de Stockwell III Entertainment Sociedad de Responsabilidad Limitada.
La organización reconoció que se trataba de una operación no convencional y que era la primera vez que incursionaba en un negocio de ese tipo. Según explicó, consideró que la inversión permitiría recuperar el capital en un plazo relativamente corto y obtener un aumento “definitivamente significativo” sobre el monto principal.
La junta directiva aseguró que la operación se ajustaba a la legislación solidarista y a los estatutos de la organización, que permiten realizar inversiones siempre que no se comprometan los recursos necesarios para cumplir con las devoluciones y los pagos a los asociados.
Sin embargo, el 13 de setiembre, durante una reunión con el equipo legal que asesoraba a la asociación, sus integrantes fueron informados de que el contrato presentaba irregularidades que calificaron como “profundamente graves” y que, según ese criterio jurídico, estaba revestido de “absoluta nulidad”.
Al día siguiente, la junta directiva se reunió y acordó dejar sin efecto unilateralmente el contrato. Ese mismo 14 de setiembre, comunicó la decisión a Stockwell en su domicilio.
Posteriormente, el 21 de setiembre, presentó la demanda ordinaria civil de nulidad absoluta del contrato comercial y daños y perjuicios.
Stockwell fue detenido el 7 de octubre durante un operativo judicial relacionado con el Caso Éxodo, en el que se investiga un supuesto esquema de lavado de dinero mediante la organización de conciertos.
La asociación también despidió sin responsabilidad laboral a su entonces asesor legal, César Gerardo Azofeifa Anchía, al considerar que incumplió sus obligaciones profesionales al recomendar por escrito la firma del contrato sin advertir las irregularidades que posteriormente fueron señaladas.
Además, el 15 de octubre presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Stockwell, Azofeifa y el órgano fiscal de Asosejud por delitos que, según indicó, están relacionados directamente con el contrato.
Asociación defiende solvencia financiera
En el documento, la junta directiva también defendió la solidez financiera de Asosejud y sostuvo que los recursos de la organización no están comprometidos por la inversión.
Según los estados financieros citados en el informe, el aporte patronal asciende a ¢37.227 millones y cuenta con el respaldo de una cartera de crédito de ¢77.107 millones, equivalente a una cobertura del 207,12%.
“Es decir, la cartera de crédito respalda más del doble del aporte patronal”, afirmó la asociación.
Adicionalmente, indicó que dispone de una reserva patronal de ¢403,4 millones en títulos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
La organización también señaló que la inversión en proceso de recuperación, cuyo monto en colones cifró en ¢1.056 millones, representa un 1,26% de su patrimonio, calculado en ¢83.886 millones.
La junta directiva defendió su gestión y rechazó lo que describió como intentos de perjudicar a la organización. “Enemigos encubiertos por el anonimato, están logrando desbaratar a como haya lugar a Asosejud”, manifestó.
También sostuvo que destruir la asociación representaría “un golpe mortal a nuestra democracia” y al bienestar de sus asociados.
Investigación penal y suspensión de directivos
Asosejud enfrenta una investigación de la Fiscalía Adjunta de Fraudes por presuntas irregularidades en el manejo de sus recursos. El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó el 15 de octubre separar durante un año de sus cargos a 10 personas investigadas por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la asociación.
La medida cautelar, vigente desde el 16 de octubre, alcanza a integrantes de la junta directiva, el órgano fiscalizador y la Gerencia General.
La Fiscalía busca esclarecer posibles irregularidades en tres áreas: el otorgamiento de créditos preferenciales, la construcción de un edificio y la adquisición de bienes y servicios.
El expediente judicial se tramita bajo el número 25-000014-0621-PE.