La Contraloría General de la República (CGR) explicó que el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 2026 refleja el deterioro de la situación fiscal del país y evidencia la necesidad de fortalecer la recaudación tributaria.
Se trata del expediente 25.803, que pide al Congreso autorización para reducir la autorización de gastos en ¢168.000 millones, con recortes principalmente en el Poder Judicial, por ¢13.105 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, por ¢7.546 millones, y el de Educación Pública, por ¢8.602 millones, así como a otras 20 instituciones.
Específicamente, la gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, Julissa Sáenz, explicó que el proyecto de ley deteriora el resultado financiero en 0,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), deterioro que llega a su mayor nivel desde 2020, para situarse en un déficit de ¢2,5 billones.
“La caída en el resultado primario es de la misma magnitud, y genera que el balance primario implícito se torne negativo por primera vez desde 2021, al alcanzar un déficit de ¢30 mil millones que equivale a un 0,1% del PIB", advirtió el ente contralor durante su audiencia en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, este miércoles.
Minutos antes de la Contraloría, el viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, Luis Molina, había reconocido la necesidad de este presupuesto extraordinario por la caída de ingresos tributarios certificada por la CGR en agosto, por el orden de los ¢400.000 millones menos, es decir, un 5% del Presupuesto Nacional 2026.
La Contraloría señaló que aunque la caída en la recaudación de impuestos es de ese tamaño, el Segundo Presupuesto Extraordinario solo reduce la autorización de gastos en ¢168.000 millones, por lo que busca suplir el resto de necesidades con aumento de la deuda.
El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, alegó que esa caída de la recaudación tiene que ver con un incremento en el comercio informal y el contrabando, problemas con la implementación de la plataforma Tribu CR.
El funcionario también reconoció que la caída en el tipo de cambio ha tenido un fuerte impacto en la debilitación de la recaudación de los impuestos, así como una disminución en la recaudación aduanera.
Carvajal aseguró que podría estarse revirtiendo esa caída en los ingresos tributarios en los resultados fiscales de setiembre y finales de octubre.
Respecto a esa caída en los ingresos de los impuestos sobre la renta, del valor agregado y el selectivo de consumo, la Contraloría enfatizó que han mostrado variaciones cada vez menores, incluso negativas, desde hace varios meses, con efecto de reducción de la carga tributaria de 2026.
“La desaceleración de la actividad económica como coyuntura adversa para la recaudación requiere de una estrategia de recaudación de mediano plazo basada en un análisis integral del funcionamiento y estructura de nuestro sistema tributario”, recomendó la Contraloría.
Aunque la Contraloría señaló que hay un incremento en el presupuesto del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por el orden de ¢14.483 millones, siempre persiste la necesidad de buscar alternativas para el financiamiento del gasto social y la revisión de los destinos específicos.
Además, el órgano puntualizó que la asignación a los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinái) es inferior al 15% establecido por la ley.
Entre sus recomendaciones, la Contraloría puntualizó que es relevante avanzar en medidas para mejorar la suficiencia y sostenibilidad de los ingresos públicos, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de los indicadores fiscales, contener la tendencia al endeudamiento y preservar la capacidad del Estado para financiar, de manera sostenible, la provisión de bienes y servicios públicos.