En los dos años y medio de mandato de Rodrigo Chaves, los ciudadanos han recurrido con mayor frecuencia al Poder Judicial para frenar o corregir decisiones de política pública tomadas por el Gobierno. Este fenómeno, conocido como judicialización de la política, muestra un aumento sin precedentes.
Esta fue una de las conclusiones del informe Estado de la Nación 2024, el cual señaló que los tribunales se han convertido en el escenario principal para la protesta y dirimir el conflicto social. En el 2023, la Sala Constitucional declaró con lugar 5.195 recursos de amparo contra el Poder Ejecutivo, seis veces más que los 897 registrados en 2015.
Julio Jurado Fernández, quien fue procurador general de la República entre 2016 y 2022, explicó a La Nación que la intervención de la Sala Constitucional podría resultar en que el Poder Judicial asuma funciones que corresponden a la Administración, convirtiéndose así en una especie de “coadministrador” de la política. Esto, según Jurado, representa un riesgo ya que no está dentro de las competencias constitucionales de este poder.
“Cuando la Sala Constitucional le dice a la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, que tiene que resolver el tema de las listas de espera en un determinado plazo, en alguna medida está participando de la administración en ese tema. Y eso no es porque la Sala tenga algún especial deseo de hacer eso, sino porque la ineficiencia de la Administración la lleva a hacer eso a la hora de tutelar los derechos fundamentales de los administrados”, indicó Jurado.
Al respecto, el informe advierte de que este fenómeno refleja la “falta de canales de comunicación” entre las acciones públicas y las necesidades reales de la población, además de evidenciar un insuficiente respeto a la legalidad en la formulación de estas políticas.
En el 2020, la cifra subió a 1.368 y continuó creciendo en el 2021 a casi 1.800 resoluciones. Dicho incremento se aceleró en el 2022 (año en que inició la gestión de Chaves), con 3.330 recursos aprobados, y alcanzó su punto más alto en 2023.
En contraste, el Estado de la Nación indica que en los últimos años ha ocurrido una disminución en la protesta social organizada o acciones colectivas.
En el 2015 se reportaron 341 acciones, pero esta cifra cayó a 176 en 2017, el nivel más bajo del periodo estudiado (2015-2023). Aunque en 2018 hubo un repunte a 458, en 2019 descendieron a 314 y se mantuvieron relativamente estables en los años siguientes: 317 en 2020, 365 en 2021, y cerca de 220 en 2022 (223) y 2023 (225).
Este declive, según explica, se evidencia especialmente desde el periodo entre 2018 y 2020, el cual estuvo marcado por la fallida huelga contra la reforma fiscal, la aprobación de la ley 9808 que limitó el uso de la huelga como forma de protesta, y la pandemia.
“En una situación en la cual prevalece un retroceso en el bienestar económico y social de amplias capas de la población, y en el que se recorta la entrega de servicios públicos y ayudas sociales, ambos indicadores pueden ser un reflejo de que la crisis de representación ciudadana no se limita solo a los partidos, sino también a la sociedad civil organizada”, indica la investigación.
Luis Paulino Mora Mora, presidente del Poder Judicial hasta su fallecimiento en 2013, alertó sobre este fenómeno en 2011. Durante su discurso inaugural del año judicial, expresó preocupación por la creciente “judicialización de temas políticos”. Según advirtió, asuntos de índole política estaban siendo trasladados a los tribunales, donde los jueces debían resolverlos, principalmente en las áreas constitucional y contencioso-administrativa, aunque también en materia penal.
Señaló que esto genera una “grave distorsión en la estructura estatal”, al obligar a los ciudadanos a recurrir al Poder Judicial para reclamar derechos que deberían ser garantizados por las instituciones estatales correspondientes. Como resultado, subrayó, el Poder Judicial es percibido “erróneamente” como el responsable de dar cumplimiento efectivo a la Constitución Política y al modelo de Estado social. Este no es su propósito original, pues termina asumiendo funciones que, en un sistema democrático funcional, corresponden a otros poderes del Estado.
Mora enfatizó que el Poder Judicial debería ser la última instancia para resolver controversias legales, no un escenario para cuestiones políticas. Advirtió que la creciente judicialización de temas políticos perjudica la administración de justicia y convierte a los tribunales, especialmente los constitucionales y contenciosos, en blancos políticos. Además, señaló que esta tendencia se agravaría debido a la incapacidad del Estado, en medio de la crisis fiscal, para atender oportunamente los problemas sociales, lo que empuja a los ciudadanos a buscar justicia como último recurso.
Popularidad del gobierno aumenta pese a conflictos
A pesar de los conflictos entre los Poderes de la República, el informe destaca que la popularidad y el apoyo a la actual administración no se basan en los resultados de la gestión gubernamental, sino en un respaldo a la figura del presidente.
El nivel de popularidad del Gobierno actual es alto en comparación con las siete administraciones anteriores, ya que, al promediar la mitad del mandato de Rodrigo Chaves (2022-2026), su aprobación supera ligeramente el 50% de valoraciones positivas. Al compararlo con otros gobiernos latinoamericanos, representa un nivel intermedio de apoyo ciudadano.
El estudio señala un antagonismo político entre quienes evalúan la gestión del Gobierno y destaca que, desde el 2023, ha identificado signos de polarización afectiva en el país, una característica común en contextos de polarización política en otros países.
Entre los partidarios del Gobierno, predomina el respaldo a la figura personalista del presidente (apoyan a Rodrigo Chaves), mientras que, en el otro extremo, una parte importante de quienes evalúan de forma negativa la gestión gubernamental rechazan la figura presidencial.
Sistema político no logra resolver problemática social
El sistema político de Costa Rica no ha logrado promover el desarrollo humano ni cumplir con el contrato social, sin repetir un patrón histórico señalado en el informe: por un lado, mejorar las condiciones de vida de la población a costa de comprometer las finanzas públicas, y, por otro, sanear las finanzas sacrificando objetivos clave de desarrollo.
Además, el conflicto persistente entre los poderes del Estado agrava la crisis de representación política y dificulta la atención de problemas urgentes, como el aumento de homicidios relacionados con el crimen organizado.
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