“Espero seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos”. Con esa frase cerró Carlo Díaz su discurso este lunes, luego de que la Corte Plena confirmara su reelección como fiscal general de la República para un segundo periodo de cuatro años, con el respaldo unánime de los 21 magistrados presentes.
En su intervención, Díaz lanzó varias advertencias sobre los riesgos que enfrenta el Estado de derecho, cuestionó el daño que, a su criterio, provoca el populismo y reiteró su compromiso de defender la independencia del Ministerio Público frente a las presiones presupuestarias y políticas.
El fiscal también puso énfasis en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Anunció la continuidad de las acciones dirigidas contra las redes criminales y quienes las respaldan desde posiciones de poder, incluidos funcionarios públicos. Además, defendió la relación de confianza y el trabajo conjunto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en particular en las investigaciones y los procesos de extradición.
Un estorbo
La frase con la que Díaz cerró su discurso no surgió originalmente de él. Minutos antes, el magistrado Jorge Araya, de la Sala Constitucional, había utilizado una expresión similar al justificar su respaldo a la continuidad del fiscal general.
“El requisito fundamental que más me agrada es que usted es un obstáculo para algunas personas en este país y, viéndolo a los ojos, usted sabe a quiénes me refiero”, manifestó Araya durante la sesión de Corte Plena.
El magistrado sostuvo que el fiscal general de un país democrático “debe ser un estorbo a algunos malos ciudadanos”.
“Usted es un estorbo para algunos malos costarricenses y algunos malos extranjeros”, añadió.
Araya señaló que su única preocupación respecto a la reelección de Díaz era la posibilidad de que se produjera otro recorte o bloqueo presupuestario dirigido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o al Ministerio Público.
Defensa del Estado de derecho, prioridad uno
Díaz colocó la defensa del Estado de derecho entre las prioridades de su segundo periodo y advirtió sobre los efectos que, según él, tiene el populismo en las instituciones democráticas.
“La defensa del Estado de derecho tiene la prioridad número uno”, afirmó el fiscal, quien advirtió sobre el “gran daño” que el populismo le causa al Estado de derecho.
“Eso es lo que ellos quieren (...) acabar con el Estado de derecho”, agregó, sin identificar expresamente a quiénes se refería.
Díaz describió al Ministerio Público como institución que le ayuda a los ciudadanos en contra de la delincuencia, pero también, “si tenemos que ir más allá, lo vamos a hacer”.
Consultado por La Nación sobre lo que quería decir con la última frase, indicó que, si bien el Ministerio Público tiene como labor principal la persecución penal, últimamente han tenido que dedicar parte de su tiempo a defender el presupuesto institucional, para asuntos básicos y sensibles para su funcionamiento.
Díaz reiteró su compromiso de defender la institucionalidad de presiones presupuestarias y de “ataques que no vienen de los delincuentes, sino de las personas a las que se les encarga redactar y ejecutar el presupuesto”.
En su discurso, también sostuvo que el Ministerio Público ha demostrado ser un pilar fundamental del Estado de derecho, especialmente en momentos en que el populismo pone a prueba las democracias, una realidad de la que, afirmó, Costa Rica no escapa.
Por eso, defendió la necesidad de proteger la Constitución, la ley y el Estado de derecho “frente a cualquier actuación o forma de ejercicio de poder político que pretenda ponernos en riesgo”.
Díaz insistió en que defender la independencia de la Fiscalía no significa proteger intereses personales o partidarios, sino resguardar la democracia y el principio de que ninguna persona está por encima de la ley.
Tras funcionarios públicos que ayuden al narco
La lucha contra la corrupción y el crimen organizado fue otro de los mensajes centrales del fiscal tras su reelección. Díaz destacó el avance hacia una segunda etapa de las acciones judiciales para desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.
Esta fase está enfocada en perseguir y detener a los llamados “invisibles”: personas con poder económico o político que aparentan desarrollar actividades lícitas, pero que son objeto de interés de las investigaciones por sus posibles vínculos con estructuras criminales.
El arranque de esta etapa estuvo marcado por la captura del ciudadano chino naturalizado costarricense Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong. Díaz llamó la atención sobre el hecho de que Tam tuvo nexos con personas de la política. Sin embargo, aclaró que esa relación no implica, por sí misma, que existieran conexiones delictivas.
Tras la detención del empresario, trascendió su presencia en actividades públicas de la presidenta Laura Fernández, entre ellas la celebración por su victoria electoral.
El fiscal explicó que, después de detener a los principales cabecillas de las organizaciones criminales del país, la prioridad es avanzar sobre quienes les facilitan sus operaciones desde otros espacios de poder. “Sobre todo, a los funcionarios públicos que sabemos prestan colaboración a ese tipo de personas”, señaló.
Díaz recordó que su interés en continuar al frente del Ministerio Público respondía, precisamente, a su intención de dar seguimiento a esta fase de las pesquisas, que se desarrolla en coordinación con agentes de la DEA.
Trabajo con la DEA es fruto de la confianza
Díaz también defendió la relación de trabajo entre el Ministerio Público y la DEA, y sostuvo que los procesos de extradición no pueden entenderse como una simple solicitud de Estados Unidos seguida de la entrega de una persona requerida por la justicia de ese país. “Tiene que existir en primer término confianza”, afirmó.
El fiscal explicó que detrás de estos procedimientos existe una relación de confianza construida mediante la cooperación entre ambas instituciones. Rechazó que el trabajo conjunto se limite a tramitar solicitudes y aseguró que los equipos participan directamente en las investigaciones, la planificación y el establecimiento de objetivos comunes.
En esas labores, indicó, también intervienen agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía de Control de Drogas (PCD).
Díaz describió la extradición como la materialización de ese trabajo coordinado y de la confianza entre las autoridades costarricenses y estadounidenses. Según explicó, la cooperación comprende reuniones de planificación en las que se definen objetivos conjuntos con la administración de la DEA.
Además, afirmó que el jefe de la DEA en Costa Rica le había manifestado en agosto, antes de la votación de Corte Plena, su respaldo a la continuidad en el cargo para mantener el trabajo conjunto.