La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa inició este viernes las entrevistas a los aspirantes a ocupar una magistratura propietaria de la Sala de Casación Penal (Sala III) de la Corte Suprema de Justicia, plaza que quedó vacante luego de que Sandra Zúñiga se acogiera a su pensión, el 1.° de junio anterior.
El proceso comenzó con la audiencia del abogado Juan Diego Quirós Delgado, quien se describe como abogado litigante, árbitro comercial internacional y experto en derecho ambiental. La persona que resulte electa se sumará a los otros cuatro magistrados propietarios para completar los cinco puestos que componen la Sala III.
Son 19 los aspirantes que deberá evaluar la comisión antes de remitir una recomendación al plenario legislativo, al que le corresponderá elegir a quien ocupará la magistratura vacante por un periodo de ocho años. Para resultar electa, la persona candidata deberá obtener al menos 38 votos de los diputados.
Propuestas de mejora
Durante su comparecencia, Quirós planteó propuestas para enfrentar la mora judicial, criticó lo que describió como apatía de algunos administradores de justicia y cuestionó la estructura organizativa del Poder Judicial. También defendió la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar los procesos y una mayor participación ciudadana en la supervisión de los servicios judiciales.
El aspirante sostuvo que el rezago judicial no se resuelve “contratando más personas o aumentando la planilla”. A su criterio, la solución está es hacer un aprovechamiento adecuado de los recursos con los que ya dispone el Poder Judicial e integrando “de forma audaz” las nuevas tecnologías.
Entre sus propuestas, mencionó integrar en un sistema de inteligencia artificial información de la plataforma Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi), de la Procuraduría General de la República; Nexus, del Poder Judicial, y el Centro de Información Jurídica en Línea (Cijul), del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en convenio con la Universidad de Costa Rica.
Quirós aclaró que esa herramienta no estaría destinada a dictar sentencias, sino a facilitar la consulta de jurisprudencia y normativa para que los operadores jurídicos puedan desarrollar los procesos de manera más ágil.
Además, propuso implementar un sistema de trazabilidad “estricto” de las causas judiciales que permita controlar los tiempos de tramitación, identificar los expedientes rezagados y fiscalizar prioritariamente aquellos que acumulen más de tres años sin resolverse.
El abogado también cuestionó la actitud de algunos funcionarios judiciales hacia las personas usuarias. Durante la audiencia, se refirió a la “apatía de los administradores de justicia” y afirmó que algunos son “apáticos con el usuario, simplemente van y ocupan un horario”.
Quirós defendió, asimismo, su eventual incorporación al Poder Judicial, como una perspectiva “externa e independiente a la Sala III”. Indicó que esto permitiría romper “la endogamia burocrática que históricamente ha distanciado los tribunales de la realidad ciudadana”, manifestó.
“Sabemos que la mayoría de magistrados han nacido dentro de la misma Corte”, agregó.
Cuestionamientos a la estructura del Poder Judicial
Quirós describió al Poder Judicial como un “modelo hipertrofiado” que concentra, bajo una misma estructura y presupuesto, funciones que, según su criterio, comprometen el equilibrio procesal y presupuestario.
En ese sentido, afirmó que el Ministerio Público, el Laboratorio de Ciencias Forenses, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública y la Sala Constitucional son entes necesarios, pero no deberían estar bajo el control de la Corte Plena. Propuso que cuenten con direcciones y presupuestos propios.
También planteó que la Corte se dedique “exclusivamente” a la alta conducción jurisdiccional y a la unificación de la política judicial, mientras que el Consejo Superior concentre sus esfuerzos en la administración operativa.
En cuanto a la participación ciudadana, propuso fortalecer los consejos regionales y establecer una representación de las personas usuarias mediante una defensoría dentro de las contralorías de servicios que ya existen en los circuitos judiciales.
Preocupaciones sobre el recurso de casación
El aspirante también se refirió al funcionamiento del recurso de casación y afirmó que el 80% de estos recursos son rechazados, situación que calificó como “alarmante”.
A su criterio, el problema no puede atribuirse únicamente a los abogados que presentan los recursos. Por ello, propuso que el Poder Judicial, las universidades y el Colegio de Abogados y Abogadas trabajen en la capacitación de los profesionales en Derecho para garantizar el acceso a la justicia.
Sin embargo, cuando el diputado oficialista Gerald Bogantes, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), le consultó cuántos recursos de casación penal había presentado o defendido, Quirós respondió que no había presentado ninguno.
Antecedentes de participación política
También consultado por el diputado Bogantes sobre su participación en partidos políticos, Quirós afirmó que hace más de 10 años fue candidato a un consejo de distrito en San Ramón, aunque no precisó con cuál agrupación política.
También mencionó que fungió como fiscal durante las elecciones del 2022. Al preguntársele por el partido al que representó, dijo no recordarlo y respondió: “Renovación Cristiana… algo así”.
Quirós también reconoció que, en el 2006, figuró como fiscal del partido Unión Patriótica durante el proceso de escrutinio electoral.
“No tengo ninguna afiliación política, ni interés”, afirmó el aspirante.
La Comisión de Nombramientos calificará a los aspirantes con base en dos componentes: la evaluación de atestados académicos y experiencia profesional, que representará el 70% de la nota final, y la entrevista ante los diputados, que equivaldrá al 30%. Para integrar la nómina de candidatos que se recomendará al plenario legislativo, cada postulante deberá obtener una calificación mínima de 75 puntos.