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La diputada Abril Gordienko respaldó este viernes la sentencia de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes de ese tribunal hasta que la Asamblea Legislativa elija a sus sustitutos.
La legisladora afirmó que la resolución responde a la aplicación de la Constitución Política y rechazó los señalamientos contra los magistrados que integraron la mayoría.
“Es inadmisible en una democracia que un poder de la República pueda paralizar a otro. Eso no es aceptable. Para eso tenemos una Constitución, tenemos un marco legal, y eso fue lo que ocurrió”, manifestó en un video divulgado tras conocerse la decisión.
Gordienko sostuvo que la Sala Constitucional es la autoridad encargada de resolver las diferencias de criterio relacionadas con la Constitución y aseguró que la resolución debe acatarse. También rechazó que se califique de “golpistas” a los magistrados que votaron a favor del fallo.
La diputada hizo un llamado a respetar la Constitución y señaló que la resolución permitirá proteger los derechos de las personas cuyos recursos estaban pendientes de resolución. Además, indicó que corresponde ahora a la Asamblea Legislativa votar la nómina de magistrados suplentes.
La Sala Constitucional resolvió este jueves un recurso de amparo relacionado con el bloqueo en la elección de magistrados suplentes y ordenó prorrogar el nombramiento de quienes ocuparon esos cargos hasta diciembre del 2025, mientras el Congreso designa a sus reemplazos.
La sentencia también dejó sin efecto los acuerdos mediante los cuales la Asamblea Legislativa devolvió a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidatos a magistrados suplentes y ordenó a la presidencia del Congreso someter nuevamente el listado al conocimiento del plenario en la próxima oportunidad posible.
Según la Sala Constitucional, la prórroga busca evitar la paralización del tribunal en los casos urgentes en los que magistrados propietarios no puedan participar por inhibiciones o incapacidades. La ausencia de suplentes mantenía sin resolución 123 expedientes relacionados con derechos constitucionales, entre ellos asuntos de salud y pensiones.
