José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, dijo que el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, pretende encontrar “un testigo de la corona” que “invente algo” contra el mandatario con los allanamientos que realizó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este martes por el caso de Pista Oscura.
El presidente Chaves figura como investigado en uno de los dos expedientes que conforman el caso, en el que se indagan presuntas irregularidades en la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia de Guanacaste.
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“Yo sé lo que usted pretende, don Carlo (Díaz)”, dijo Villalobos, en un video transmitido en la conferencia semanal de Presidencia. “Ya esa tesis está muy vieja, muy gastada, no es creíble. Le van a fallar, don Carlo, le van a fallar, y pronto, para usted, sólo será el llanto y el rechinar de dientes”, amenazó el abogado.
Según confirmó el fiscal general, Carlo Díaz, este martes, es que una de las causas incluye únicamente al mandatario porque tiene inmunidad y sólo la Fiscalía General tiene competencia para tramitar la causa.
Chaves firmó el decreto que permitió realizar el proceso mediante un contrato de emergencia, sin fiscalización de la Contraloría General de la República.
Villalobos dijo que los fondos del CNE se utilizan para atender emergencias. “Si en 2015 estaba dañada, imagínese cómo estaría en 2023. Eso, evidentemente, es una emergencia”, agregó.
“¿Por qué no los citó?”
Villalobos dijo que “no ha demostrado el señor fiscal, ni nadie, que se haya dejado desatendida ninguna emergencia en esa época”, justificó.
Para el abogado del Presidente, este caso se trata de “un claro abuso de poder: una guerra fiscal contra un gobierno apoyado por la mayoría de los costarricenses”.
Como parte de otro expediente de esta misma investigación, fueron detenidos el exministro de Obras Públicas (MOPT), Mauricio Batalla; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el director de Aviación Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo; y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
En este expediente se investigan tráfico de influencias, con penas de prisión de dos a cinco años, e influencia contra la Hacienda Pública, sancionada con penas de dos a ocho años de cárcel.
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Sobre estas detenciones, Villalobos preguntó “¿Por qué simplemente no los citó para que se presentarán al despacho donde está cargo la investigación para que rindieran una declaración?,¿para qué allanó las casas?, ¿Qué esperaban encontrar dos años después en las casas de habitación de estas personas?, ¿documentos relacionados con esta causa que se tramitó en oficinas públicas?”.
Villalobos aseguró que “nadie se ha tomado un colón malhabido”. La única discrepancia, según el abogado, es que “la situación generada por el deterioro de la pista Liberia, que se aceleró por las lluvias, no era una emergencia”.
Chaves amplió la declaratoria de emergencia al aeropuerto en junio del 2023, casi un año después de la tormenta. Lo hizo a pesar de que diversos estudios técnicos negaron que el fenómeno hubiese afectado la pista.
Por ejemplo, Silvia Jiménez, jefa de aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), presentó al Congreso un informe en el que descartó que el aeropuerto sufriera daños por el agua. Ni siquiera se reportó un incremento extraordinario de lluvia en el momento de la tormenta.
Por otra parte, en marzo del 2024, el propio Chaves achacó al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, la responsabilidad de propiciar un concurso a la medida para MECO que, a su vez, generó un sobreprecio de ¢1.000 millones en la reparación de la pista.
Sin embargo, ahora, Eduardo Mora, jefe del departamento jurídico en Casa Presidencial, dijo que la emergencia no se declaró “por gusto” de la Presidencia, sino que se basó en un informe técnico, firmado por Luis Amador, que vinculaba los daños de la pista a la tormenta tropical Bonnie, “y de ahí surgió el nexo de causalidad que justificó la promulgación del decreto y la contratación”.
“No nos van a amedrentar”
Mora aseguró que el decreto es legal, “no hay una acción de inconstitucionalidad, no hay un proceso contencioso administrativo, no hay una medida cautelar en contra del decreto”.
Sobre los procesos de contratación y ejecución, el funcionario de Presidencia dijo que se hicieron conforme a derecho.
El presidente Chaves calificó los allanamientos del martes como “un circo, un desperdicio de recursos: una afrenta a la conciencia nacional: un acto desproporcionado y una provocación al pueblo de Costa Rica”.
Chaves señaló que estas acciones se realizan para intimidar a los funcionarios de Gobierno. El mandatario dijo que “no nos van a amedrentar”.
Luego, advirtió que “la paz y los procesos democráticos los vamos a defender” y dijo que si creen que “nos van a amedrentar es porque no han estado despierto en los últimos tres años”.