La gestión contó con las firmas de once legisladores liberacionistas, junto con las de Abril Gordienko, de la Unidad, y de Claudia Dobles, de la CAC.
A finales de julio, se habían presentado por separado dos consultas de constitucionalidad sobre la reforma a la Ley de Radio de 1954. Sin embargo, un acuerdo político con la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) frenó dichas gestiones, permitió que se le hicieran cambios a la iniciativa y se votara nuevamente en primer debate, a finales de agosto.
Álvaro Ramírez, jefe de bancada del PLN, manifestó que su agrupación está a favor de que haya una actualización del canon por uso de las frecuencias y enfatizó que por eso votaron a favor la iniciativa legal.
No obstante, agregó que esos cambios deben ser compatibles con la continuidad del servicio, para que las personas que usan televisión abierta y la radio sigan recibiendo ese servicio sin ningún problema a futuro.
Ramírez señaló que es prioritario garantizar la seguridad jurídica de la iniciativa y blindarla legalmente. Aseguró que si la Sala Constitucional confirma que el proyecto está en orden, el PLN votará en favor de la iniciativa en su segundo debate.
“El canon debe ser razonable. Las empresas deben poder pagarlo y las reglas deben ser claras para que no haya ningún tipo de ataque del poder político”, manifestó.
Con la última versión aprobada del expediente 24.461, las empresas concesionarias de frecuencias de radio y televisión que tienen ingresos por debajo de los 130 salarios base, es decir ¢61,1 millones, quedarían exoneradas del pago del canon.
Para las compañías que tengan ingresos por encima de los ¢61,1 millones y hasta los ¢101,6 millones, se cobraría un 4,39% sobre el excedente a las frecuencias de televisión y un 1,51% a las de radio.
A las ganancias entre ¢101,6 millones a ¢610,5 millones, se cobraría un canon del 6,17% sobre el excedente para frecuencias de televisión y 2,52% a las de radio. Mientras, a las compañías con ganancias de más de ¢610,5 millones, se les cobraría un 7,73% sobre el excedente de ese monto, para frecuencias televisivas y un 3,13% para las de radiodifusión.
Del pago del canon quedarían exentas las estaciones culturales sin ingresos comerciales, así como las pertenecientes a universidades públicas y al Ministerio de Educación Pública (MEP), así como los medios religiosos sin fines de lucro, hasta los ¢61,1 millones, excluyendo donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.
Por encima de ese monto, pagarían igual que las demás empresas.
