La pérdida o radical disminución de ingresos en la vejez es un factor determinante del bienestar de las personas. Tales ingresos están determinados por las trayectorias laborales y los niveles de ingreso concomitantes; por la capacidad de ahorro para pensiones mediante la cotización obligatoria y voluntaria, cuando esta modalidad existe, expresada en el nivel y densidad de las cotizaciones; por la regulación y supervisión de los mercados laborales; por la capacidad inclusiva o excluyente de los sistemas de pensiones.
La protección social en pensiones permite diversificar, a escala del conglomerado de asegurados, los riesgos individuales que enfrentan las personas, en dos ámbitos fundamentales.
En primer lugar, debido a que las trayectorias laborales y la capacidad de ahorro para pensiones no son previsibles a lo largo del tiempo, menos aún en el mundo globalizado en el que se han incrementado las calificaciones y destrezas exigidas y potenciado formas de flexibilización laboral que afectan de raíz la calidad y la seguridad del empleo y polarizan los ingresos. Pero, también, para considerar la regulación que permita encarar los riesgos sistémicos a que pueden estar sometidos los recursos destinados a pensiones.
Tal como lo plantea la Cepal, es fundamental el principio de solidaridad que postula la participación en el financiamiento de la política social de acuerdo con la capacidad económica individual.
El mercado de trabajo no puede ser el único mecanismo para asegurar acceso a ingresos tras la vida activa, por las limitaciones en cuanto a la creación de empleo de calidad y a la cobertura contributiva: la solidaridad integral implica combinar mecanismos contributivos y no contributivos.
De acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2013 de la Cepal, la desigualdad en materia de pensiones es menos marcada en Costa Rica en comparación con otros países latinoamericanos. Es el país donde más asalariados de menores ingresos están afiliados a un sistema de pensiones, y la afiliación de los no asalariados respecto de los asalariados se revela como menos desfavorable. La cobertura de las personas mayores de 65 años y más que reciben pensiones y su nivel, sitúa al país en el grupo de países donde este universo está más protegido; hay brechas importantes de género aún por cerrar.
Tasas de reemplazo. La evolución demográfica, el derrotero de la organización financiera y administrativa de los recursos de las pensiones y del impacto redistributivo de su diseño hacen que sea un reto permanente velar porque los ciudadanos tengan derecho a pensiones decentes, suficientes y previsibles. De allí que hoy se discuta en Costa Rica acerca de las medidas a emprender en este ámbito.
Dentro de las experiencias internacionales que nutren esta discusión se cuenta la privatización de las pensiones en Chile, cuyo grado de madurez permite extraer sendas lecciones para otros países. Las tasas de reemplazo se refieren a la relación entre el nivel de las pensiones y los ingresos en el momento en que se cotizó a lo largo de la vida laboral; al respecto, el informe de la OCDE del 2013 es lapidario ya que evidencia las bajas tasas de reemplazo de este sistema, que alcanzan un 54,1% en el caso de los hombres y un 44,1% en el de las mujeres, cifras muy alejadas del 70% que se prometieron en 1980 cuando se introdujeron las cuentas individuales a cargo de las administradoras privadas de pensiones (AFP), y muy por debajo de las tasas de reemplazo del promedio de los países de la OCDE (69,1% y 68,3%, respectivamente).
Estas son más bajas aun si se compara el nivel promedio de pensiones generadas por el sistema y el promedio de las remuneraciones: la tasa de reemplazo apenas supera el 30% en el caso de las mujeres y no alcanza el 40% en el caso de los hombres.
Las bajas tasas de reemplazo derivan de cuatro factores principales. Una primera razón son las altas comisiones cobradas por las administradoras de los fondos, problema insalvable después de 33 años de operación del sistema.
Una segunda razón es la baja rentabilidad con que las AFP colocan los fondos en los diversos instrumentos financieros disponibles, dado el alto grado de concentración de los grandes grupos empresariales y bancos del país.
En el tercer lugar se encuentra la fuerte caída de la rentabilidad de los instrumentos financieros debido a la crisis internacional. Y, en último término, las decrecientes tasas de interés pagadas por las compañías que aseguran una pensión a partir de los fondos acumulados, cuyas tasas han caído en 55% en los últimos 15 años.
Todo ello en una economía en que los puestos de trabajo son volátiles y en que la mayor parte de los trabajadores enfrenta grandes lagunas de cotización.
Capitalización y reparto. Cabe, además, recordar que para el erario chileno la transición al sistema de capitalización individual entrañó altísimos costos, y que las bajas tasas de reemplazo y grandes lagunas de cotización implican, también, altos compromisos para subsidiar pensiones mínimas.
El último informe de la OCDE desmiente el fracaso de los sistemas de reparto. El estudio muestra que Hungría abolió el sistema de capitalización individual; que Polonia ha reducido la importancia de su operación; y que las reformas recientes en la mayoría de los países no han implantado la capitalización de cuentas individuales como eje del sistema de pensiones, sino que se han concentrado en las denominadas reformas paramétricas (que consideran la elevación de la edad de jubilación el aumento de las cotizaciones y la adecuación de los beneficios).
Es de resaltar que que el sistema de capitalización individual, tanto en Chile como en los países en que solo es un sistema complementario, enfrenta grandes críticas por las altas comisiones y por la baja rentabilidad de los fondos.
El derrotero de las pensiones está además vinculado con otros ámbitos de la protección social que no han recibido la debida atención.
De no apoyarse a las familias, y especialmente a las mujeres, con el fin de satisfacer las necesidades de cuido de los niños y de personas adultas mayores frágiles y de personas con discapacidad, será difícil modificar la fecundidad e incentivar un rejuvenecimiento de la población que ponga en un mejor escenario el financiamiento de la protección social, al incrementar la participación femenina en el mercado laboral y al modificar la relación entre la población activa que cotiza y la población no activa.