Los conductores que van a San José organizan sus desplazamientos alrededor del último número de su placa. La obligación es clara y su incumplimiento se sanciona. Menos claro resulta cuánto combustible ahorra hoy esta medida y cuánto mejora la circulación. Después de tantos años, esas preguntas merecen respuestas verificables.
La restricción vehicular nació en 2005 vinculada a un plan de contingencia para reducir el consumo de combustibles ante el encarecimiento del petróleo. La directriz también buscaba disminuir el congestionamiento y aumentar la fluidez. Más de dos décadas después, corresponde determinar qué resultados conserva.
Su aplicación se concentra en el área delimitada por Circunvalación y las vías del anillo comprendidas en la regulación, con la excepción del tramo nuevo entre la Uruca y Calle Blancos. Esa delimitación plantea una pregunta: ¿cuántos viajes se evitan y cuántos simplemente cambian de ruta?
Si un conductor rodea la zona restringida y recorre más kilómetros para llegar al mismo destino, podría cumplir con la prohibición sin contribuir al ahorro de combustible. Determinar cuánto ocurre esto exige datos. También habría que examinar si la restricción induce a utilizar otro automóvil, cambiar de horario o recurrir a un medio de transporte distinto. Cumplir la regla no necesariamente significa eliminar el viaje.
Las presas tampoco demuestran, por sí solas, que la restricción sea inútil. Podrían ser mayores sin ella. Pero esa posibilidad no basta para justificar su permanencia. Hay que estimar la diferencia que produce y valorar sus costos.
La experiencia internacional ofrece razones para hacerlo. Un estudio de Salgado y Mitnik, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2021, evaluó el pico y placa de Lima mediante datos de Waze. Encontró una mejora inicial del 2% en la velocidad, que desapareció a las 16 semanas. También registró deterioro del tránsito en áreas vecinas y fuera de los horarios restringidos.
Existen resultados favorables. Una investigación sobre Quito encontró reducciones de entre el 9% y el 11% en monóxido de carbono durante las horas pico. Ese beneficio ambiental merece reconocerse, aunque no equivale a una reducción del mismo porcentaje en tiempos de viaje. Cada objetivo requiere su propia medición.
Costa Rica necesita esa evaluación. El MOPT debería publicar cuánto combustible ahorra la restricción, cómo afecta los tiempos de viaje y qué ocurre en las rutas vecinas. También corresponde conocer sus costos y los recursos destinados a fiscalizarla. La cantidad de multas demuestra actividad de control; no acredita el cumplimiento del objetivo. Una evaluación útil debe distinguir entre hacer cumplir la prohibición y lograr el ahorro que la justifica.
La revisión debería comparar alternativas. Una es el teletrabajo escalonado en el sector público, distribuyendo los días de trabajo remoto entre instituciones y equipos para las funciones que lo permitan y garantizando la atención presencial necesaria.
Cuando el teletrabajo evita un desplazamiento de ida y vuelta en automóvil, actúa directamente sobre el viaje que consume combustible y ocupa espacio vial. Distribuir esos días permitiría evitar que la presencialidad se concentre en las mismas jornadas. Su efecto debe medirse, considerando también los desplazamientos adicionales que puedan generarse.
El Estado podría desarrollar una prueba coordinada, con metas de viajes evitados, estimaciones de combustible y seguimiento del tránsito y del servicio al ciudadano. Sus resultados permitirían establecer si esta alternativa complementa la restricción o permite revisar parte de su aplicación.
También importa quién soporta sus costos. Resolver el día de restricción puede ser sencillo para quien dispone de horarios flexibles u otro vehículo. Para quien cumple una jornada fija y tiene pocas opciones de transporte público, la carga puede ser mayor.
Si existen estudios actualizados que acreditan su eficacia, deben publicarse. Si la evidencia es insuficiente, corresponde producirla. Y si los beneficios se han debilitado, habrá que ajustar o sustituir la medida.
Los ciudadanos cumplen con el día que les corresponde. Las autoridades deben demostrar qué beneficio obtiene el país a cambio.
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Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
