Los cursos profesionales necesitan una formación escolar para ser asimilados. En algunos casos, esa formación debe ser mayor o menor según el caso y está bien que se demande cuando proceda. Lo que no está bien es que una vez establecidos los requisitos mínimos de ingreso se exija su cumplimiento de manera inflexible a través de la educación formal tradicional, pues se afecta seriamente a las regiones deprimidas y lejanas donde el nivel educativo de noveno año o bachiller es muy escaso y las posibilidades de obtener estos cursos, escasas.
Estandarizar los requisitos en el ámbito nacional, sin crear nuevas alternativas de equiparación, no solo deja en seria desventaja a quienes tienen una formación incompleta, sino que genera, al mismo tiempo, un peligroso caldo de cultivo para el narconegocio.
La falta de alternativas así como el interés de los pobladores y su demanda de cursos técnicos en las regiones fronterizas y costeras fueron constatadas reiteradamente por la asistencia masiva a los Laboratorios Organizacionales de Terreno llevados a cabo por la Universidad Nacional tanto en Guanacaste como en la región sur del país.
En Corredores, para citar un ejemplo, acudieron en el 2005 más de 1.000 personas a los cursos preprofesionales ofrecidos por el Laboratorio Organizacional, patrocinado por las cooperativas locales.
Oportunidad desaprovechada. En más de 10 actividades de esta naturaleza, nunca bajaron de 250 las personas interesadas incluso en comunidades pequeñas. Lamentablemente, la experiencia de los cursos preprofesionales, impartidos por mecánicos y otros técnicos locales que introducían a las personas con menor calificación en el manejo técnico y les abrían el sendero para llevar posteriormente cursos técnicos, no fue aprovechada por el INA.
Esta institución rechazó, por falta de flexibilidad institucional, continuar apoyando las capacitaciones del proyecto Germinadora y siguió aferrada a los cursos estandarizados de programación anual, marginando de esta manera a quienes más necesitan de una vía de superación efectiva.
Esta abulia no es solo costarricense, se ve en toda la región donde se está incubando una amenaza especialmente peligrosa para países de tránsito de drogas como el nuestro.
Recientemente, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, declaró en una entrevista concedida a Efe que “el narcotráfico es el que de verdad se está apropiando del bono demográfico que tiene América Latina”.
“La desigualdad estructural es la que conspira, porque la juventud, que no tiene oportunidades, se va a sectores de ilegalidad”, dijo Bárcenas.
El bono demográfico es un fenómeno que se da dentro de un proceso de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente y, por lo tanto, el potencial productivo de la economía es mayor.
“Nuestros países deben poner el foco en los jóvenes para que se apropien del progreso técnico, para que tengan capacidades diversas, para que la automatización no les tome prevenidos, sino formados”, afirmó la secretaria.
“Las edades críticas son la infancia, la adolescencia y la juventud,”, agregó Bárcena, cuyo informe Panorama Social 2016 sostiene que la desigualdad es un obstáculo para alcanzar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
El descenso de la desigualdad en los ingresos se ha ralentizado desde el año 2012 hasta la fecha, señala este documento, que refleja que la desigualdad es “una característica histórica y estructural” de la región “que se manifiesta a través de múltiples circuitos viciosos”.
Serio problema. El problema, como puede apreciarse, es muy serio y afecta especialmente las regiones costeras y fronterizas en condiciones de vulnerabilidad.
Es preciso que el INA informe sobre su quehacer en esas regiones y flexibilice sus políticas adecuándolas a lo regional y local. No son de recibo las políticas estandarizadas y menos las pretensiones de subir los requisitos para los cursos en el 2018, lo cual puede afectar, incluso, programas como Tejiendo Desarrollo.
El autor es sociólogo.
