Siempre hemos dicho, y nos vanagloriamos de ello, que Costa Rica es un país de derecho. Desde siempre, cuando empezamos nuestros estudios de niño y hasta la conclusión de estudios superiores se nos enseñó que Costa Rica es un país de derecho. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje popular?
Ni más ni menos que vivimos en una sociedad regida por leyes y tribunales garantes y protectores de los derechos de los ciudadanos. Entendemos por derecho todo aquello que el individuo pueda hacer viviendo en sociedad. Regula su comportamiento para con los conciudadanos y garantiza su integridad, sus bienes, sus creencias, su libertad y todo lo demás que implica ser libre.
Esto conlleva a creer y respetar las resoluciones de los tribunales garantes de nuestros derechos. Se puede coincidir o no con lo que, en un caso específico, resuelvan los tribunales, pero siempre se respetan.
He sido abogado por más de cincuenta años, y en ese largo período he participado en infinidad de procesos judiciales. He ganado muchos, he perdido algunos, pero nunca pasó por mi mente aceptar y celebrar los que me beneficiaron y rechazar y desconocer los que no me beneficiaron, y mucho menos decir que al haberse negado lo que, según mi criterio me correspondía, iba a hacer justicia por mi propia mano.
¿Cuál habría sido la reacción de los medios, del Colegio de Abogados y de la gente en general ante una afirmación de ese tipo?
Tradición. Costa Rica, libre y soberanamente, suscribió la Declaración Interamericana de Derechos Humanos y aceptó la jurisdicción de su Corte. ¿Cómo puede un ciudadano, cuya pretensión es ni más ni menos ser presidente de Costa Rica, decir que rechaza lo resuelto por esa Corte y está incluso dispuesto a desconocer el Pacto de San José y no aceptar lo resuelto por la Corte, porque a él no le gusta? Qué dirían los medios, el Colegio de Abogados y la ciudadanía si el Gobierno de Nicaragua manifestase que desconoce el fallo de la Corte Internacional de La Haya porque benefició a Costa Rica?
Además de lo improcedente de lo afirmado por el Partido Restauración Nacional sobre lo resuelto con relación a la consulta hecha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dicho demuestra un gran desconocimiento de la situación jurídica, pues lo resuelto por la Corte, si resultase que es de cumplimiento obligatorio, poco importa si después de haberse dado Costa Rica ignora lo resuelto o se sale del régimen que regula los derechos humanos en América o la OEA.
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El fallo se dio cuando Costa Rica reconocía la jurisdicción de la Corte y lo que ocurra después no cambia la situación, ni exime al país de cumplirla.
Costa Rica es un país que hasta su seguridad territorial ha sometido a la vigencia del derecho internacional y, por ende, a sus Cortes y, por ello, resulta contrario a toda nuestra tradición pretender ahora ignorar ese derecho porque un fallo no nos gusta.
El autor es abogado.
