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Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado Ley para la Creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (Fonarroz) (expediente N.° 24.211), el cual, además de su cuestionable efectividad, es innecesario y contiene disposiciones que violentan compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
El artículo 13 de dicho proyecto de ley establece un impuesto de importación (arancel) de 25 dólares por tonelada de arroz con cáscara (“arroz granza”) y de 39,4 dólares por tonelada de arroz descascarado (“arroz pilado”). Este impuesto, aparte del efecto que pueda tener sobre los precios del arroz para los consumidores, implica tres problemas que van contra el ordenamiento jurídico del país:
- El impuesto es violatorio de uno de los acuerdos del Sistema de Integración entre los países de Centroamérica, llamado Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, que en su artículo 17 establece que todo impuesto a la importación debe establecerse como un porcentaje del valor de la mercancía. No obstante, el impuesto que pretende establecer el proyecto de ley está expresado en dólares por tonelada, lo cual, además de ahuyentar del mercado importaciones baratas y propiciar precios más caros para los consumidores, incumple con lo que establece el convenio centroamericano indicado. Esto va en contra también de nuestra Constitución Política, que establece que las leyes domésticas no pueden ser contrarias a lo que establecen los acuerdos internacionales vigentes para el país.
- El proyecto de ley no precisa si el impuesto de importación al arroz que establece es uno nuevo, adicional al existente hoy (“Derecho Arancelario de Importación” o DAI) o si, por el contrario, lo modifica. Si lo que pretende es establecer un nuevo impuesto a la importación de arroz adicional al que ya existe, también estaría violentando los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica como signatario de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues los países solamente pueden aplicar los impuestos de importación declarados al momento de ingreso a dicha organización. Costa Rica los declaró desde hace 30 años, por lo cual no es posible crear otros impuestos adicionales sobre las importaciones. El incumplimiento de compromisos asumidos por el país ante la OMC viola también lo dispuesto por nuestra Constitución Política.
- El proyecto de ley dispone que el monto del impuesto de importación al arroz, que se cobre en una aduana costarricense, no deberá exceder el nivel máximo de 35% al que Costa Rica se comprometió ante la OMC. Para verificar el cumplimiento de esta disposición, los funcionarios de aduanas tendrían que calcular para cada trámite de importación de arroz si el monto del impuesto representa más del 35% del valor del respectivo cargamento y, con base en ello, determinar el monto a cobrar. En consecuencia, será hasta el propio momento del trámite en aduanas que podrá saberse el monto exacto de impuestos a pagar, pues como ya se dijo, el proyecto de ley establece montos fijos de impuesto en dólares por cada tonelada de arroz y esa forma de cálculo no permite al importador tener certeza, de previo a llevar a cabo la importación, sobre la suma que tendrá que pagar en impuestos, como sucede en nuestro país con las importaciones de cualquier otro producto.
Todo lo indicado confirma que este proyecto contiene disposiciones que contravienen compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, lo cual es contrario a lo que establece nuestra Constitución. En consecuencia, su eventual aprobación daría lugar a acciones legales ante la jurisdicción constitucional y, además, expondría innecesariamente a nuestro país a consecuencias indeseables a nivel internacional.
Más aún, cabe añadir que este proyecto de ley es por demás innecesario, pues la Ley N.° 8285 del 30 de mayo de 2002, vigente actualmente, le otorga a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) facultades suficientes para crear un fondo que permita “apoyar la producción e industrialización del grano en condiciones competitivas, así como la estabilización del mercado total” y también le provee los recursos financieros necesarios para ello.
Manuel Tovar es ministro de Comercio Exterior.
