EscucharCosta Rica celebrará el 24 de agosto el Día de los Parques Nacionales, un homenaje a su reconocido compromiso con la conservación del medioambiente. Aunque muchos piensen que la conservación de la biodiversidad comenzó con la creación de los parques, la verdad es que la historia del conservacionismo costarricense se remonta a mucho antes.
El Decreto 161 de la Asamblea Constituyente del Estado Libre de Costa Rica, en 1828, reflejó una visión precoz de cuidado del medioambiente, al otorgar a las municipalidades la responsabilidad de conservar y repoblar los montes. Posteriormente, los decretos de 1833 y 1841 profundizaron esta misión mediante la promoción de la replantación de árboles y la preservación de la calidad de las aguas.
Este enfoque progresista continuó en 1841 con el Decreto 35, que establecía normativas estrictas para la tala de árboles y promovía el cultivo de maderas finas. Las décadas siguientes vieron una serie de medidas que priorizaban la protección del medioambiente, desde la preservación de zonas alrededor de volcanes hasta la creación de leyes enfocadas en la prevención de incendios y la reforestación.
En 1888 se declaró inalienable una zona de 2 km a los lados del volcán Barva y, en 1889, fueron declaradas nulas las demandas de inscripción de tierras en ese sector con el objetivo de proteger el suministro de agua para las ciudades de Alajuela y Heredia.
La consolidación del espíritu conservacionista tuvo un momento clave en 1935 con la declaración de la isla del Caño como área de conservación, un reconocimiento no solo a su valor natural, sino también a su importancia histórica y cultural.
A mediados del siglo XX, con la Ley General de Terrenos Baldíos, se estableció una serie de medidas de protección que restringían la explotación de bosques en áreas específicas, como cerca de ríos, volcanes y fronteras. Estos esfuerzos culminaron en 1942 con la Convención en Washington sobre la protección de la flora y fauna, donde nace el concepto de “espacio natural protegido”.
Costa Rica no solo ratificó esta convención en 1958, sino que aportó significativamente a su desarrollo, estableciendo categorías de manejo y consolidando su Departamento de Parques Nacionales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este impulso continuó con la creación de parques nacionales y reservas, subrayando la importancia de la gestión de los recursos naturales.
Antes de 1969, aunque no existía una claridad total en la gestión de los recursos naturales, el país ya había tomado medidas para mitigar la destrucción. Entidades como el Instituto de Desarrollo Agrario y el Instituto Costarricense de Electricidad desempeñaron papeles esenciales en la creación de reservas y en la protección de áreas vitales.
En 1998, con la promulgación de la Ley de Biodiversidad, se creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación como un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, con el objetivo de tener una visión de conservación más integral. Hoy día el sistema nacional de áreas silvestres protegidas reporta una extensión de 178.020,61 kilómetros cuadrados (un 25,5 % de área terrestre y el 74,5 % del área marina).
No obstante el camino recorrido hasta ahora, que parece exitoso, el sistema afronta grandes retos de financiamiento gubernamental. En el 2022, el sistema nacional de conservación contaba con 1.055 funcionarios, un 6,5 % menos que en el 2021.
Los presupuestos para la gestión y conservación de la biodiversidad se mantuvieron constantes desde el 2021. A pesar de la enorme contribución que da la biodiversidad a la economía, por ejemplo, en el 2022, el sistema registró 2.445.761 visitantes, lo que supone un aumento del 43,4 % en comparación con el 2021 e ingresos aproximados por $19 millones solo por visitación. De esta forma, el sistema no solo recuperó la visitación que tenía antes de la pandemia de covid-19, sino que la excedió en un 8 %.
El compromiso de Costa Rica con la conservación y la protección del medioambiente es un legado que ha evolucionado y se ha fortalecido a lo largo de los años, pero hoy es amenazado por la falta de acciones contundentes en lugares como Crucitas, la intención de revivir la pesca de arrastre, las propuesta de explotar gas y petróleo, la falta de una gestión preventiva del riesgo de desastres, la reducción de las emisiones del transporte público y la huella ecológica de los habitantes.
El autor es investigador del Catie y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
