El terreno que Lorne Ross heredó a Santa Ana tiene una protección especial
Eugenia M. Flores
La diputada Pilar Cisneros declaró a La Nación hace unos días, refiriéndose al proyecto para construir un parque con agua al estilo limeño en el Centro de Conservación de Santa Ana, que el plan es utilizar aproximadamente el 30 % de la superficie o menos del terreno, y que la actividad en ese parque proveería los fondos para mantener el resto de la propiedad.
El proyecto que antes era suyo ahora, en vista del rechazo comunal, se lo adjudica al Minae. Sí, el mismo proyecto del cual había un anteproyecto cuando lo presentó a las autoridades municipales de Santa Ana y algunos vecinos, en el que se emplearon $30.000, pero que ahora no existe.
El mismo proyecto que tendría ocho o nueve fuentes de agua y solo requeriría líquido una vez, según dice, pero del cual no se conoce el diseño ni un estudio sobre cuál sería el nivel de evaporación en las condiciones ambientales de Santa Ana.
El mismo plan que consumiría agua, cuando hay partes del cantón donde los vecinos no disponen del líquido hasta tres veces a la semana y durante todo el día.
En medio de esa nebulosa de imprecisiones y medias verdades, aclaremos que, en virtud de las leyes 5835 y 7369, la totalidad de la propiedad está predestinada a una utilidad específica: la creación de un parque zoológico y jardín botánico, que solo puede ser variada por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Sala Constitucional.
Dice la Sala que la propiedad también está protegida por el artículo 50 de la Constitución Política, porque, aparte de servir como espacio de recreación, contiene “especies de flora y fauna con valor científico… que constituyen un corredor biológico que logra mantener el flujo genético de las diversas especies y, por ende, su sobrevivencia”. En otras palabras, es un bien demanial, destinado a la conservación de la naturaleza; la segregación de una parte produciría un daño ecológico irreversible.
Además, dice la Sala que el artículo 50 impone al Estado la obligación de actuar “conforme a las políticas que en materia de conservación ambiental se hayan adoptado mediante leyes o tratados”.
En este punto, las cosas se vuelven más interesantes. Al endosar su proyecto estrella al Minae, la diputada le entrega una brasa ardiente. ¿Por qué? Porque no dice que las 15 o 16 hectáreas que corresponden al 30 % de la propiedad solo pueden segregarse si lo decide la Asamblea Legislativa.
No veo a los diputados autorizando un cambio de uso del suelo y segregando ese 30 % de la propiedad para que se tale un bosque que contiene numerosas especies de fauna y flora con poblaciones escasas, en peligro de extinción o en veda, protegido por el artículo 50 y diversas leyes, para que se convierta en una masa de cemento.
Tampoco quiero imaginar la pesadilla legal que caería sobre el gobierno y el Minae si emitieran un decreto para complacer a la diputada. Basta con decir que, cuando se quiso hacer el Proyecto Gol en esa propiedad mediante un decreto ejecutivo, la Sala Constitucional condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Considerando que ese 30 % de la propiedad que quiere la diputada se ubica en la parte norte, cercana a Forum, requiere salida a la ruta 27. Habrá que preguntarse cómo un parque que trae tantos beneficios ecológicos y sociales a Santa Ana, y respiro a todo el país, quiere convertirse en ladrillo y cemento, con fuentes de un líquido vital que podría desperdiciarse, cuando se ha vuelto tan escaso y varias comunidades carecen del mínimo para saciar la sed y realizar las tareas cotidianas.
