En el 2009, Eduardo Doryan, entonces presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), contrató a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) una “validación” del procedimiento usado por la CCSS para hacer proyecciones actuariales. Este estudio costó $47.500 y buscaba calcular la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), utilizando la misma información y supuestos de la CCSS. El resultado fue obvio: se llegaron a las mismas cifras, y a que el régimen colapsaría en el 2044.
Esta fecha contrastaba con un estudio de la Superintendencia de Pensiones (Supén), que alertaba sobre que el IVM agotaría su reserva en el 2023. La contratación de la OIT le sirvió de fundamento al señor Doryan, en su momento, y a doña Ileana Balmaceda, luego, para posponer la discusión de las reformas que demanda el IVM para restaurar su sostenibilidad; medidas necesarias y que deben trascender a cualquier interés político-partidista.
Sergio Velasco, representante de la OIT en Costa Rica y actuario que ha acompañado a la CCSS en este proceso de desaciertos actuariales, publicó un artículo en La Nación , en el que indica que el IVM es sostenible por 25 años, basado en los resultados de la contratación mencionada. Hoy es claro que las proyecciones de la OIT resultaron pésimas al contrastarlas con la realidad.
Basta con observar lo sucedido en el 2013, pues la OIT estimó para el IVM ingresos netos por ¢345.156 millones, cuando lo observado fueron ¢114.589 millones; o sea, menos de la tercera parte. Para el 2014, a pesar de una economía creciente y lejos de la crisis, la diferencia se amplía pues la CCSS espera ingresos netos por ¢120.139 millones, mientras que la OIT estimó ¢408.353 millones. Esto es consecuencia de inflar los ingresos y desinflar los gastos sistemáticamente.
La OIT estimó también que el IVM usaría los intereses de la reserva a partir del 2028; no obstante, en la realidad esos intereses se usan desde el 2009 (el primer año de proyección); o sea, un error de cálculo de casi dos décadas. La citada proyección estimó que entre el 2009 y el 2015, la prima de reparto bajaría de 7,6% al 6,4%, con lo que también subestimaron los costos en la primera fase de la proyección, por tanto ya es superior al 8% que se cotiza al IVM.
Estos resultados eran esperables pues, al igual que la CCSS, la OIT utilizó supuestos irreconciliables con la realidad tica, lo que conduce a maquillar resultados para aparentar una sostenibilidad del IVM que no existe.
Denuncia. La Supén denunció que en la valuación actuarial del 2008 la CCSS asumió que las personas se pensionaban a edades mayores a lo real. En la valuación del 2010 dijimos que se supuso que las personas cotizaban por más tiempo a lo largo del año que lo observado. En la del 2011, notamos que el supuesto aumento en la cobertura del IVM se debe a un cambio metodológico del INEC y que, en realidad, la cobertura entre asalariados ha disminuido.
Finalmente, del estudio del 2012 no se puede decir nada pues la CCSS escondió las cifras al borrar del informe 132 páginas de cuadros con el fin de evitar, según sus explicaciones, “interpretaciones incorrectas”, de seguro en concordancia “con los principios y buenas prácticas actuariales” de los que hace alarde el señor Velasco.
Y si de principios y buenas prácticas se trata, sorprende que el señor Velasco se aparte groseramente de los principios enunciados por la organización donde labora. Las directrices de la OIT para evaluar regímenes de pensiones de seguridad social dictan que el objetivo de las valuaciones actuariales es asistir a los Gobiernos y a los gestores de los regímenes para asegurar su viabilidad. Sin embargo, a contrapelo de la OIT, el señor Velasco sustenta en un supuesto período de estabilidad financiera de 25 años (cortísimo plazo para un régimen que debe existir por siempre), su temeraria afirmación de que el IVM es sólido y está lejos del colapso.
Razonamientos de este tipo conducen a postergar medidas y explican el colapso de tantos regímenes de pensiones en Latinoamérica y otras partes del mundo que algún día fueron viables, pero que no supieron tomar decisiones a tiempo.
En síntesis: las estimaciones de la OIT pagadas por la CCSS fallaron de manera evidente. Como las proyecciones no atinaron en el corto plazo, tampoco lo harán en el largo plazo, pues la materia actuarial se basa en la capitalización. Por tanto, sin reformas, el IVM no va a soportar 25 años más y sería irresponsable utilizar las cifras de la OIT para evitar la toma decisiones, como ha pasado en los últimos años.
Es lamentable que el señor Velasco haya esperado para referirse a este tema, justamente hasta este momento, cuando, luego de años, logramos acordar un estudio conjunto con la CCSS que servirá de base para discutir las medidas que deberán tomarse para salvar al IVM de su insostenibilidad.