EscucharLa Comisión de Asuntos Hacendarios está discutiendo una propuesta para simplificar el impuesto sobre el tabaco y aumentarlo, con el objetivo de reducir las enfermedades y muertes asociadas a su consumo.
Adicionalmente, se busca incrementar los recursos fiscales con los que cuentan algunas instituciones para tratar las numerosas enfermedades causadas por el fumado.
Se estima que el tabaco mata a casi 2.200 costarricenses al año (el 10 % de las muertes totales) y le cuesta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anualmente, más de $280 millones (unos ¢141.000 millones al tipo de cambio del 19 de abril). La recaudación actual por impuestos sobre el tabaco cubre menos del 17 % de esos costos.
Resulta incomprensible, por consiguiente, la posición del Ministerio de Salud, expresada por el viceministro Mario Urcuyo. El viceministro afirmó, según reportes de la prensa, que no es necesario incrementar los impuestos porque Costa Rica ha logrado el “control efectivo” del tabaco.
El viceministro parece desconocer las cifras de enfermedades y muertes antes mencionadas. Tampoco parece estar al tanto de que casi el 13 % de los fallecimientos debidos al cáncer son producto del consumo de tabaco.
Ese “control efectivo” al que el viceministro alude no se muestra en la última encuesta GATS de Costa Rica, donde se señala que la prevalencia de consumo de tabaco casi duplica a la de Panamá y que entre el 2015 y el 2022 el país no avanzó nada en la reducción de la prevalencia.
En ese período, los impuestos sobre el tabaco tuvieron un incremento insignificante. Sin embargo, el precio de la marca legal más vendida aumentó casi el 30 %, lo cual implica que el precio recibido por las tabacaleras y los distribuidores aumentó el 37 %, muy por encima de la inflación.
En otras palabras, mientras la sociedad costarricense pagaba de su bolsillo cada vez por el tratamiento de infartos, accidentes cerebrovasculares, cánceres, etc., empresas multinacionales aumentaban sus márgenes de ganancias en más de cinco veces por encima de la inflación.
La discusión que se dio parece ignorar que un estudio reciente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional (UNA) muestra que en Costa Rica un incremento de precios del tabaco del 10 % reduciría el consumo (lícito e ilícito) en alrededor del 6 %.
El estudio también calcula que un incremento del impuesto, como el que se propone, reduciría el número de fumadores y las muertes asociadas al consumo, e incrementaría significativamente la recaudación fiscal necesaria para tratar las enfermedades causadas. Por ejemplo, el estudio estima que podrían evitarse unas 78.000 muertes acumuladas si se incrementa el impuesto como se propone.
Negar esta evidencia es como negar la ley de la gravedad. Tanto en Costa Rica como en el resto del mundo donde se han realizado investigaciones similares, se encuentra que los consumidores son sensibles a cambios en el precio, que los impuestos funcionan y que el contrabando, que existe del tabaco como en muchos otros productos, no está asociado a la magnitud de los impuestos.
La discusión del contrabando se da con números provistos por la industria tabacalera, la misma que aumenta el precio de cigarrillos y otros muy por encima de la inflación.
Si el contrabando fuera, tal como argumentan, una “amenaza”, ¿por qué aumentan el precio por encima de la inflación? Esto es inconsistente con la más elemental práctica económica de mantener (o reducir) los precios cuando se incrementa la competencia de productos ilícitos.
Lo que claramente muestra este comportamiento del mercado es que, ante la inacción del gobierno para subir impuestos sobre el tabaco, la industria tabacalera acrecentó sus precios y sus ganancias.
El compromiso de no subir impuestos que el gobierno asumió debería estar subordinado al deber de proteger la salud de la población a través de políticas que son eficaces según la evidencia científica nacional y global.
Casi 2.200 costarricenses mueren al año debido a enfermedades evitables, causadas por el humo del tabaco. Decenas de miles enferman y deben ser tratadas por el sistema de salud con un enorme costo asociado.
La mayoría pierde días laborables, lo que se traduce en menores ingresos para las familias que sufren no solo la enfermedad y muerte de familiares, sino también un costo económico significativo.
No es razonable que, por una posición dogmática, negación o ignorancia de la evidencia científica nacional, la sociedad costarricense se haga cargo de los costos sanitarios y económicos, y las multinacionales tabacaleras se lleven las ganancias.
El autor es director de Tabaconomía.
