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Costa Rica está envejeciendo a paso acelerado. Según datos del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), para el año 2050, 25 de cada 100 personas serán mayores de 65 años, en comparación con 11 por cada 100 en el 2024. Este cambio demográfico plantea grandes retos para la sociedad: más personas necesitarán pensiones y servicios de salud, pero menos jóvenes trabajarán y cotizarán para sostenerlas.
El sistema de pensiones costarricense es multipilar. En el primer pilar se encuentran regímenes como el de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), de la Caja; el de Capitalización Colectiva, del Magisterio Nacional, y el Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial. En estos fondos, las contribuciones se destinan a una bolsa común; los recursos no son de cada persona, sino de todas. Este modelo depende de que haya suficientes personas trabajando para financiar las pensiones de quienes ya se retiraron.
En el segundo pilar, la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) fue un paso clave. Nació con la Ley de Protección al Trabajador, en el 2000, cuando se estableció una pensión obligatoria como una segunda capa para proteger a los trabajadores. En este sistema, los aportes se hacen en cuentas individuales: el 75% lo aporta el patrono y el 25%, el trabajador. Esos fondos se invierten y crecen con el tiempo, lo que hace que el ROP esté menos expuesto a los problemas demográficos. El ROP nació con visión de futuro: ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida cuando se retiren.
Por eso, cuando se hable de pensiones, hay que pensar en un sistema completo, que incluye lo que se recibe de pensión del primer pilar, más el ROP, y también, si es posible, lo que se ahorra en planes voluntarios. Estos últimos, lamentablemente, aún no se han desarrollado lo suficiente en nuestro país.
El ROP es una historia de éxito. Gracias a una gestión responsable y profesional, ha dado buenos frutos para los trabajadores. Por ejemplo, usando datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), un trabajador con un salario ¢350.000 al mes, que aporta ¢14.875 mensuales (4,25% de su salario) durante 10 años, con una tasa del 8,20% anual, acumulará ¢2.707,258 en ese periodo. De esa suma, ¢2.070.256 (el 77%) provienen del aporte patronal. Esto significa que el patrono es el principal contribuyente al ahorro para el ROP.
También se puede observar el impacto positivo en la gestión de los recursos de los trabajadores, por medio del retorno acumulado de las operadoras de pensiones para los últimos siete años, medido a través del valor cuota, el cual es del 76,63%, que representa aproximadamente un 11% anual. El valor cuota es una unidad que refleja cuánto ha crecido la inversión de los trabajadores en su cuenta individual.
Hoy, el ROP administra ¢12,69 billones, lo que equivale a un 25% del PIB del país. La mayoría de esos fondos (74%) se invierten en el mercado local, y aunque nuestro mercado de capitales es pequeño, los fondos de pensiones han contribuido a su desarrollo. Además, aportan estabilidad al sistema financiero, pues son una fuente de financiamiento a largo plazo para el Estado.
En cuanto al porcentaje del ingreso que una persona tenía como trabajador activo y que recibe como pensión al jubilarse, lo que se conoce como tasa de reemplazo, se estima que el ROP pagaría una tasa de reemplazo –al momento de jubilarse– de aproximadamente el 20%, el cual es un porcentaje elevado en relación con el aporte. Además, después de 24 años de nacimiento del ROP, tiene una pensión promedio que equivale al 30% de la pensión promedio del IVM, y este porcentaje seguirá aumentando a medida que el ROP madure.
No obstante, todavía hay retos: límites legales, regulaciones que restringen su desarrollo, necesidad de crear productos de retiro más flexibles y útiles para los afiliados, y el desafío de que estos fondos también apoyen el desarrollo de obra pública en beneficio del país.
No podemos perder de vista que el sistema de pensiones debe ser sostenible, solidario y justo. Hoy, el 40% de las personas mayores no recibe ningún tipo de pensión, lo que agrava la pobreza en este grupo. Al revisar cifras del INEC para el 2024, resulta alarmante que, de las 576.017 personas que conformaban la población adulta mayor, más de la cuarta parte, el 26,6%, vive en pobreza.
Los desafíos son grandes, pero es fundamental el trabajo conjunto para construir un sistema más fuerte y justo. Proteger el ROP en lugar de debilitarlo debe ser parte de esos esfuerzos. Solo mediante el diálogo, la negociación y los consensos podremos alcanzar un pacto social que garantice pensiones dignas para todas las personas trabajadoras del país.
Róger Porras es gerente general de la operadora Popular Pensiones.
