A partir de hoy se pondrá en funcionamiento, por primera vez en la historia del país, un centro de monitoreo electrónico para personas en conflicto con la ley penal. De esta forma se aplicará la Ley 9271, que contempla la vigilancia electrónica como pena y como medida cautelar.
Como la mencionda normativa tiene algunos vacíos importantes, ha sido necesario complementarla a través del reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, hace unas semanas atrás, y por la presentación de un proyecto de ley para fortalecerla, ya en la corriente legislativa.
El proceso de ejecución ha sido lento, tanto porque, como resolvió la Sala Constitucional, su puesta en marcha requería de una plataforma tecnológica, lo cual hacía que no fuera una ley de aplicación inmediata, como porque hace dos años la idea original era que los primeros brazaletes se fianciaran por medio de un préstamo del BID. Sin embargo, el proceso licitatorio para la adquisición debió anularse, a finales del 2015, dado que la oferta económica hecha por la empresa seleccionada dobló el presupuesto del que disponía el Ministerio para la contratación.
Por esta razón, se decidió que los recursos del BID se utilizaran para ampliar la capacidad de los tres nuevos centros penales que estamos construyendo y que, para la vigilancia electrónica, se buscaran recursos dentro de la propia institución.
De este modo, siguiendo los procedimientos correspondientes, se hizo una contratación con una empresa pública, la ESPH, y se destinaron ¢860 millones para la adquisición de 270 tobilleras.
Equipo de vigilancia. El centro de monitoreo electrónico estará ubicado en la Dirección de la Policía Penitenciaria y poco más de 20 funcionarios –técnicos y de seguridad– tendrán a su cargo la vigilancia, durante las 24 horas del día, así como el abordaje técnico de las personas sometidas a esta modalidad de custodia.
Desde hace varios meses, hemos venido trabajando intensamente en este proyecto; al tiempo, hemos generado diálogos interinstitucionales con el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Fuerza Pública y la judicatura para asegurar su efectividad.
Como ya señalé en otro momento, la Ley 9271 tiene un valor simbólico e ideológico enormes. Supone, más allá de algunas críticas que se han esgrimido, por su posible estigmatización, la apuesta por otras formas de control y de sanción, y allí reside su mayor virtud.
Debe dejarse claro, en todo caso, que los mecanismos no son ni serán infinitos, por lo tanto, su uso debe ser racional. Esta tarea corresponde a los tribunales y a los juzgados penales.
Los estudios comparados dicen que este tipo de sanciones tienen un alcance limitado. Algunos datos a escala internacional confirman que el efecto sobre la población privada de libertad es discreto.
Así, según investigaciones del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de Chile o de la Universidad de Barcelona, el porcentaje de brazaletes con respecto de la totalidad de personas recluidas es el siguiente: Portugal, un 5,02%; Italia, un 3,24%; Uruguay, un 1,80%; Alemania, un 0,20%.
Conjunto de medidas. Comoquiera, conviene reiterar que los dispositivos electrónicos son un paso en la dirección correcta, aunque no serán la solución para el hacinamiento. Son una herramienta útil y eso no es poco, que junto con las otras medidas en las que se trabaja, como el proyecto de penas de utilidad pública, permitirán, ahí sí, estar mejor situados para encarar la crisis penitenciaria que vive el país.
En adelante, el reto de esta y otras administraciones será conseguir más recursos, humanos y económicos, no para incorporar los mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal a nuestro ordenamiento jurídico, ya eso se ha logrado, sino para ampliar la capacidad del nuevo centro de monitoreo.
Como país, con toda certeza, debemos felicitarnos por alcanzar un objetivo en el que muchos grupos políticos estuvieron de acuerdo: pensar en otro tipo de respuestas punitivas. Un sistema penal del siglo XXI aspira a la resocialización y a conjurar los efectos criminógenos del encierro; en ello seguiremos empleándonos a fondo.
La autora es ministra de Justicia.
