Las imágenes de incendios, saqueos y enfrentamientos en Francia el 17 de octubre le dieron la vuelta al mundo. Su espectacularidad nubló las razones que llevaron a los estudiantes a las calles. París ardía, pero el fuego dejaba al descubierto algo menos visible: el agotamiento del macronismo y de su promesa de progreso mediante la educación, el trabajo y el mérito.
El movimiento no nació en los grandes bulevares. Comenzó el 21 de setiembre en el Liceo Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia parisina, donde los alumnos bloquearon el centro para denunciar la falta de subdirector, de enfermería y de apoyo para estudiantes con necesidades especiales.
En el Liceo Paul-Éluard de Saint-Denis reclamaban profesores sustitutos, mesas, sillas, jabón y papel higiénico; en 2023, el techo de una de sus aulas se había desplomado.
Luego, llegaron las críticas a Parcoursup, la opaca plataforma de acceso a la universidad, y las demandas de los universitarios: becas, residencias dignas y más plazas públicas.
Hippolyte d’Albis, economista jefe de la Inspección General de Finanzas, se preguntó recientemente si las decisiones presupuestarias habían llevado a Francia a sacrificar su futuro. Un presupuesto expresa las prioridades de una sociedad: cuando un profesor no es sustituido o una reparación se pospone, se decide qué oportunidades faltarán mañana.
Tras el 17 de octubre, en “Salir de una educación que ya no compensa”, d’Albis señaló un doble desafío: insertar en el mercado laboral a los jóvenes menos diplomados y ofrecer a los más formados verdaderas posibilidades de progresión salarial.
Durante décadas, estudiar prometía un mejor empleo, autonomía y ascenso social. Hoy, quien abandona pronto el sistema queda expuesto al desempleo y la precariedad, y quien obtiene un título descubre que tampoco le garantiza un salario suficiente, una vivienda accesible ni una carrera ascendente.
La respuesta política llegó tarde. Macron habló al país el 18 de octubre, después de los saqueos, y recibió a las organizaciones estudiantiles hasta el 23, casi un mes después del inicio del movimiento. Salieron sin medidas concretas. El poder esperó a que el conflicto político se convirtiera en una crisis de orden público.
La violencia merece una condena inequívoca, pero restablecer el orden no resuelve los problemas que originaron las protestas. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, denunció fallas evidentes en los tiempos de intervención: grupos de vándalos, los denominados casseurs, pasaban de un comercio a otro sin encontrarse con la Policía.
En Marsella, Benoît Payan exigió explicaciones tras el saqueo de centenares de establecimientos. Una semana después, el contraste fue llamativo: según el conservador Le Figaro, unos 500 músicos de la Orquesta del Nuevo Mundo, reunidos pacíficamente para un concierto, quedaron envueltos en gases lacrimógenos antes de la marcha. El diario no pudo establecer si eran el blanco directo. Los saqueadores no encontraron a la Policía; los gases sí encontraron a los músicos.
La marcha del 24 de octubre demostró que el malestar no se reduce a la violencia. Pese a la lluvia y a un cambio de recorrido, entre 110.000 y 250.000 personas marcharon en París, según la prefectura o la CGT, y entre 410.000 y 800.000 en toda Francia, según el Ministerio del Interior o los sindicatos. Estuve en esa marcha y vi una multitud mayoritariamente pacífica de estudiantes, familias, trabajadores y jubilados. En la capital hubo 142 detenidos, frente a 855, el 17 de octubre.
La crisis llega en un momento financiero delicado. La deuda pública alcanzó el 119% del PIB y el bono a diez años superó el 5% el 21 de octubre, su nivel más alto desde 2002.
El spread, es decir, la diferencia entre lo que pagan Francia y Alemania para endeudarse a diez años, rozó los 170 puntos básicos: Francia se financia hoy más caro que Italia y España. No responde solo a las protestas; también mide la confianza política: cuando la gobernabilidad se deteriora, los inversionistas exigen una prima mayor.
Se configura así un círculo perverso: la falta de inversión alimenta el malestar, su mala gestión genera inestabilidad, la inestabilidad encarece la deuda y el mayor costo deja menos recursos para la educación.
Quien procura capitalizarlo es Marine Le Pen, que presenta los disturbios como prueba de un Estado impotente y se ofrece como la alternativa del orden. Cada fracaso del gobierno fortalece su discurso. El macronismo prometió contener a la extrema derecha con eficacia; pero podría dejar una deuda récord, servicios públicos debilitados y a Le Pen a las puertas del poder.
París ardió, pero sus calles serán reparadas. Lo que se consume es más difícil de reconstruir: la confianza de una generación en que estudiar, trabajar y cumplir las reglas permitirá vivir mejor. Esa confianza exige prioridades presupuestarias, oportunidades laborales y una política capaz de ofrecer futuro. Es la respuesta que el macronismo todavía no ha encontrado.
Y desde la lejana Europa, ¿no será esto una señal de alarma de que la generación Z de América Latina, y la de nuestro país, está a las puertas de algo similar?
En 2025, miles de jóvenes salieron a las calles en Perú y Paraguay, al igual que en Nepal, Madagascar o Marruecos, hartos de la corrupción y de un futuro que no llega.
En Costa Rica, el desempleo de las personas de 15 a 24 años alcanzó el 18% en el primer trimestre de 2026, el triple que el del resto de la población, y el 21% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, casi el doble del promedio de la OCDE. Además, el 55% de los jóvenes con empleo gana menos del salario mínimo.
Nuestro país también construyó su contrato social sobre la educación como vía de ascenso social. Cuando esa escalera se rompe, la frustración busca otras salidas. Es imperativo encontrar las rutas viables para sortear este camino, antes de caer en la encrucijada francesa.
montserrat.botey@sciencespo.fr
Montserrat Botey es economista afiliada al Laboratorio Interdisciplinario de Evaluación de Políticas Públicas (LIEPP) del Instituto de Ciencias Políticas de París (Sciences Po Paris).