Desde el inicio de la presente administración, el Partido Liberación Nacional ha respaldado una importante cantidad de proyectos para apoyo económico del Gobierno. Solo para mencionar algunos, cito los préstamos por $1.700 millones, la emisión de eurobonos por $1.500 millones, y en especial, el apoyo a la reforma fiscal que ha sido la única legislación tributaria aprobada en dos décadas.
Es absolutamente claro que, sin nuestro apoyo difícilmente esas iniciativas hubieran sido aprobadas. Pero, así como hemos colaborado en el pasado reciente, también estamos totalmente legitimados para preguntar, cuestionar y condicionar cualquier apoyo futuro que el Gobierno requiera.
En los últimos días, el Poder Ejecutivo buscó respaldo para la aprobación de un nuevo crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones. Según lo establece el expediente legislativo 22.131, los recursos son «de libre disponibilidad para apoyo al financiamiento del Presupuesto Nacional», entiéndase gasto corriente del Estado (página 7 del proyecto), lo cual se reafirma en las cláusulas 2.01 y 2.02 del contrato de préstamo. No era para «cambiar deuda cara por deuda barata». El plan tampoco traslada recursos a la CCSS. Por ser un hecho público mi oposición a la aprobación de este crédito, quiero dejar aquí constancia de las razones para ello.
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Reformas estructurales. En la condición actual de las finanzas públicas debemos entender que la solución no puede ser vivir de endeudamiento. La deuda pública ha crecido de forma alarmante, desde un 58,5% del producto interno bruto (PIB) hace un año, a más de un 70% a la fecha y se proyecta que supere el 80% en el 2021. Como si fuera poco, de los gastos presupuestados para el año 2021, un 40% será destinado al rubro de deuda pública; eso significa que, de cada colón desembolsado, cuarenta centavos ya están comprometidos para la deuda. El Estado deberá pagar, en los próximos veinticuatro meses, casi $7.400 millones por concepto de deuda.
Ante este panorama resulta indispensable ejecutar un programa de ajuste que incluya reformas estructurales. Ya no se puede seguir pensando en el cortísimo plazo; es urgente levantar la mirada y plantear una alternativa de fondo, duradera y sostenible. Por eso, nos alegró que, en el mes de setiembre, el Gobierno definiera acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), pensando en recursos frescos, pero, sobre todo, en propuestas de reforma de carácter sustancial.
A pesar ello, recientes acciones del Poder Ejecutivo han puesto en duda su verdadera voluntad de hacer un ajuste y, conocedores de que siempre está presente la tentación de patear la bola y dejar los problemas para después, es preocupante la falta de rumbo del Gobierno.
Zigzagueo. Resulta censurable que durante varias semanas las autoridades se negaran a reconocer si iban a negociar o no con el FMI; a esto se suma la firma de nuevas convenciones colectivas, la no convocatoria del proyecto de empleo público a sesiones extraordinarias y el concluir los diálogos con pocos efectos en las finanzas públicas, entre otros.
También resulta preocupante que, por negligencia e incapacidad del Poder Ejecutivo, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazara, unánimemente, hace poco más de un mes, otro préstamo del BID por $245 millones, el cual tenía un componente no reembolsable de $20 millones. Ello se debió a que los ministros, en sus comparecencias, evidenciaron «una ausencia de claridad en el destino final de los recursos» (ver expediente legislativo 22.132). Sobre esto ha habido un silencio absoluto.
Es importante destacar también que, hace pocas semanas, el Gobierno anunció que sus ingresos en el año 2020 serían superiores a lo previsto en casi ¢600.000 millones ($1.000 millones). Esta es una suma muy importante —cuatro veces el crédito cuestionado— y no sabemos qué efectos tendrá en las finanzas públicas. ¿Por qué, a pesar de esa mejora, no se reduce el endeudamiento? ¿Será que esos dineros se destinarán a aumentar el gasto corriente?
Ante esta situación resulta más que prudente exigirle al Poder Ejecutivo que de a conocer su hoja de ruta, antes a aprobar más endeudamiento. El país necesita saber de previo para dónde vamos, qué medidas se tomarán, cuáles cronogramas se adoptarán, qué proyecciones financieras se tienen y qué medidas de reactivación económica se van a implementar. Solo así tendremos certeza de que el plan de saneamiento financiero será beneficioso para el país.
Durante varias semanas una buena parte de hacedores de opinión, economistas y diputados fueron coincidentes en que no se debía continuar aprobando créditos al Gobierno. Las posteriores declaraciones de que se irá al FMI y la convocatoria del proyecto de ley de empleo público les fue garantía suficiente para dar un giro en su posición.
En mi caso no lo es; desde abril del 2014, pocos días antes de asumir como diputado, vengo oyendo a las autoridades del Ejecutivo repetir que «la ley de empleo público va»; esta administración la prometió para finales del 2018; de igual forma habían hablado de acudir al FMI y luego han zigzagueado. ¿Qué garantía tenemos de que esta vez sí es cierto y definitivo? Hay mucho en juego, ni más ni menos que el futuro de Costa Rica y su estabilidad económica en beneficio de las futuras generaciones. Hoy se requiere más que unas simples palabras.
Por ello, insisto en que para la aprobación de más créditos, el Gobierno debe presentar una hoja de ruta, detallada y creíble, con sus proyecciones y cronogramas.
El autor es excandidato a la Presidencia de la República.