Como embajadora, debo abstenerme de entremeterme en asuntos internos, una regla que respetaré. Pero como embajadora también tengo la responsabilidad de informar a mi país anfitrión si tenemos experiencia en una materia, y, como amiga de Costa Rica, espero que esta les sea útil.
Anteriormente, en Alemania y los otros Estados miembros debatimos sobre si debíamos, en el Convenio de Aarhus, permitir que grupos ambientalistas y la población participaran en la planificación de grandes programas de infraestructura. Si era correcto regular esa participación en un convenio internacional y si esto afectaría la soberanía nacional.
Si como resultado en el futuro las ideas puramente «verdes», amigables con el ambiente, dominarían de manera irresponsable mientras otros aspectos, especialmente económicos, serían marginados.
Muchos, particularmente del sector empresarial, se opusieron a la ratificación del convenio. Temían que los proyectos de infraestructura, la construcción de carreteras, la modernización y la planificación urbana moderna se vieran obstaculizados considerablemente, si no imposibilitados.
Hechos pasados por alto. Hoy sabemos con certeza que ese no fue ni es el caso. Los críticos pasaron por alto que el convenio no restringe la soberanía nacional y la mayoría de sus regulaciones eran leyes y reglamentos nacionales, redactados democráticamente, desde hacía mucho tiempo.
De hecho, los procesos no se extendieron y el número de juicios no aumentó. Por el contrario, la economía alemana y la de los demás Estados signatarios ganaron tras la ratificación. Con el convenio ganan la seguridad de planificación y el Estado de derecho.
¿Qué es mejor a la hora de planificar significativos proyectos que el hecho de que estos sean bien pensados y equilibrados, lo cual asegura que se puedan luego ejecutar en un tiempo razonable? Los grupos ecologistas, que de otra manera probablemente habrían bloqueado carreteras o trenes, o ocupado árboles, como tantas otras veces en la historia de Alemania, ahora sí fueron partícipes en los procesos.
¿Y qué pasó? Los proyectos no se ralentizaron, la planificación mejoró. Cada parte conoce los argumentos de las otras. Todos aceptaron que solo se puede encontrar una solución viable y justa mediante decisiones conjuntas. La responsabilidad se comparte. No se invierte la prueba en procesos judiciales relacionados con el ambiente, sino que se aplica el principio de investigación de oficio, es decir, la autoridad competente tiene que sopesar todos los argumentos conocidos, lo que una buena autoridad hace de todos modos.
El Convenio de Aarhus lleva el nombre de una ciudad no lejos de la capital danesa Copenhague y recuerda el lugar donde todos los negociadores redactaron este inteligente texto en nombre de sus respectivos gobiernos. ¿Eso les recuerda algo?
Resultados palpables. Gracias al Convenio de Aarhus, los países que lo ratificaron ahora son reconocidos internacionalmente. Tenemos credibilidad internacional y experiencia ambiental, en planificación y asuntos económicos. Nuestros proyectos se ejecutan, porque se discuten de manera sustentable y democrática, sin que los procesos demoren más, porque se fijan plazos.
Los inversionistas internacionales confían en el Estado de derecho y la resolución pacífica de conflictos entre varios grupos de interés en mi país de origen. Gracias al Convenio de Aarhus, evitamos muchos errores de planificación que nos habrían costado muy caro, porque anteriormente habíamos escuchado objeciones de personas expertas que no pensaban como nosotros.
Hemos conservado nuestros recursos, tanto económicos como naturales. Puede suceder que un defensor del medioambiente sepa que una futura carretera afectaría negativamente un área de suministro de agua potable o de migración de animales, y nos dimos cuenta a tiempo de que bastaba con cambiar levemente la ruta de esa carretera o incluir un paso de fauna para que funcionara mejor para humanos y animales.
Intercambiamos argumentos desde el principio, hicimos mejores planes que luego fueron viables. La economía y la ecología son indisolubles en un mundo cuyo mayor desafío es el cambio climático. Y en las democracias se exige con razón la mayor transparencia posible del Estado.
Las economías y sociedades que se adapten florecerán. Desafortunadamente, el Convenio de Aarhus no puede ser ratificado por Costa Rica, solo cobija a Europa, al Cáucaso y a Asia central. Pero existe un convenio distinto que trata exactamente lo mismo.
La autora es embajadora de la República Federal de Alemania en Costa Rica.
