La reestructuración que lleva a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) debía tomar en cuenta la consulta interna y a la sociedad civil interesada.
Pero no lo hizo y, tras la demanda de diversas organizaciones de mujeres de la sociedad civil y la Agenda de Trabajo del Grupo Cedaw, el Inamu procedió con una “consulta”, donde se compartieron fragmentos del proceso con documentación parcial, que consistió en permitir que las organizaciones enviáramos sugerencias a la Junta Directiva mediante el Foro de Mujeres de la institución en octubre del 2023. A la fecha, se desconoce el destino de esas observaciones.
La ley de creación del Inamu define que su naturaleza es cultural, por consiguiente, transformar prácticas, creencias y la institucionalidad que durante milenios ha perpetuado la discriminación contra las mujeres.
Es una tarea esencialmente política que coloca en el centro de su quehacer la totalidad de los elementos sociales, económicos y culturales que intervienen en la distribución del poder, especialmente su desigual repartición entre mujeres y hombres en la sociedad.
Como institución de carácter público, su centro es el bien común y, especialmente, el bienestar de las mujeres. Además, en 1994, su organización funcional y programática se definió en función de la igualdad de oportunidades y en la prevención de la violencia intrafamiliar, en un conjunto de programas estratégicos: derechos políticos de las mujeres, lucha contra la pobreza, formación y educación, entre otros.
Además de que la divulgación y las consultas sobre la reestructuración han sido opacas, se desconoce si el cambio propuesto sirve a los intereses de la población a la cual se debe, o a intereses de la jerarquía institucional, u otros, como los ideológicos y partidistas.
La pregunta no se responderá sin la consulta amplia y representativa de las mujeres a las cuales va dirigida y debe fundamentarse. Todo interés de cambio en la institución debería ser debatido considerablemente y contar para ello con información clara, completa y veraz.
Un análisis profundo del Plan Estratégico Institucional 2024-2030 desvela que uno de sus principales objetivos es instalar la gestión por procesos, la regionalización del Instituto y la gestión por resultados; sin embargo, no quedan claras las razones por las cuales se implanta este modelo ni por qué se sustituye el de gestión funcional programática ni por qué ese sería el idóneo para que el Inamu cumpla con sus fines de ley.
El modelo de gestión por procesos, proveniente de la ingeniería industrial, se aplica a la producción lineal y estandarizada (de papel higiénico, por ejemplo).
Adaptarlo a instituciones cuyo carácter es trabajar con personas y cuyos resultados tienen que ver con cambios culturales, institucionales y personales, no parece apropiado; menos aún, en el caso del Inamu, porque las mujeres, en su diversidad, contrario a la operación estandarizada, tienen necesidades diferentes y precisan una institución flexible.
La regionalización de los servicios del Inamu (iniciada hace varios años y que actualmente cuenta con seis unidades regionales) es loable. Toda acción que implique acercar los servicios a donde viven las mujeres debe apoyarse, pero se necesita la inversión de recursos y nuevas plazas con el fin de garantizar la misma calidad de los servicios que se brindan en la sede central.
La institución no ha respondido cuántas nuevas plazas va a crear para la regionalización, cuál es el perfil profesional, cómo se distribuirán en el país, ni cuál es el estado del proceso normativo ni cuál es la base legal.
Considerando los recortes en la inversión social que caracteriza a esta administración, temo que la distribución de los escasos recursos vaya a ser cosmética y su consecuencia inmediata sea el debilitamiento de los servicios que presta el Inamu.
Es indispensable que la sociedad civil y las organizaciones de mujeres conozcan si el “modelo de gestión”, que implica en la práctica una reestructuración de las funciones institucionales y una redistribución del recurso humano, beneficia a las mujeres.
La autora es psicóloga y presidenta de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres.
