Las actuaciones del ICE en los territorios indígenas que serán afectados por el Proyecto PH Diquis, y la falta de consulta previa a las organizaciones indígenas dieron lugar a la visita en Costa Rica de James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Su visita a Costa Rica efectuada entre el 24 y el 27 de abril del 2011 constituyó la primera de este relator, la cual fue precedida en el 2009 por la de otra experta de las Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, experta independiente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua, y Saneamiento (visita realizada en marzo del 2009): esta última también dedicó parte de su informe (presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del mismo año) a la situación de las poblaciones indígenas de Costa Rica en relación con el recurso hídrico (véase en particular los párrafos 48, 70 y 84 de su informe (http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/CountryVisits.aspx ).
Es menester recordar que Costa Rica presentó en el 2006 el décimo informe oficial que debió presentarse en el 2004 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante CERD). En la actualidad, Costa Rica ha pospuesto ya por 2.ª vez la presentación de un informe adicional.
En el cruce de notas con este órgano de control encargado de velar por el debido cumplimiento de Costa Rica de las obligaciones que derivan de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Costa Rica se comprometió oficialmente ante el CERD a cumplir con una serie de requerimientos de información, los cuales debieron de ser remitidos a más tardar el pasado 31 de julio del 2011 (según carta del presidente del CERD a las autoridades de Costa Rica con fecha del 11 de marzo del 2011).
En su informe (http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/proyectoElDiquis30-5-11.pdf ) presentado el 30 de mayo del 2011, el relator especial, James Anaya, considera que "debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones iniciales. Por el contrario, el diseño del proyecto se encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones en las que se compromete al estudio y la elaboración del proyecto, sin una consulta previa adecuada.
Para el Relator Especial es claro que en esta situación, aunque el proyecto hidroeléctrico todavía no haya sido finalmente aprobado, la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer su derecho a la libre determinación y de sentar sus propios prioridades para el desarrollo ha sido menoscabada".
Por otra parte, el Relator indica que "sería aconsejable que el ICE añada a ese gesto un claro compromiso de no reintroducir sus operaciones en territorios indígenas sin una consulta previa adecuada, así como que sean reconocidas las deficiencias del ICE en su comportamiento con los pueblos indígenas hasta el momento". Otra de las medidas que el Relator Especial considera necesaria en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica "sería la divulgación de los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico que fueron completados antes del inicio de la etapa actual de investigación sobre el proyecto todavía en curso".
Es de notar que esta visita fue anunciada como resultado de una gestión de Gobierno (vea comunicado de prensa del 4 de abril del 2011) según el cual "el Gobierno ha solicitado al Relator Especial visitar el país en particular con el objeto de recibir su asesoría para procurar un abordaje más efectivo a los desafíos que tiene el país en materia de derechos indígenas".
No obstante, las organizaciones indígenas reclamaron que su presencia en Costa Rica se debía a sus propias gestiones.
En un comunicado titulado "Cancillería miente al pueblo de Costa Rica" (con fecha del 7 de abril del 2011), las organizaciones recordaron que fueron ellas quienes "solicitaron la intervención y visita del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (...) mediante nota fechada el 20 de julio del 2010”.
Consecuencia (o ¿simple coincidencia de fechas?): cabe recordar el hecho de que el ICE anunció su retiro de los territorios indígenas un día antes (26 de abril) de concluir la visita del relator especial de las Naciones Unidas al territorio de Costa Rica ( La Nación , 26/04/2011).
Finalmente, es menester indicar que un proyecto de ley sobre autonomía de los pueblos indígenas (expediente 14.352) ya lleva 17 años en la Asamblea Legislativa, esperando ser aprobado. El CERD fue enfático en su informe del 2007 en exigir de manera urgente que Costa Rica adopte esta legislación (en particular las recomendaciones 9 a 15 en relación con las poblaciones indígenas).
En declaraciones públicas, diputados refirieron en agosto del 2010 que el mismo ministro del Ambiente había solicitado al Consejo de Gobierno no presentar ninguna iniciativa tendiente a la aprobación de este expediente legislativo, de manera de no entorpecer el Proyecto PH Diquís ( La Nación , 15/08/2010).
Esta aseveración, entendible por parte de un directivo del ICE, sorprendente por parte de un ministro de Estado, ameritaría una rectificación por parte de las autoridades, so pena de mantener a Costa Rica bajo el escrutinio internacional de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas en este delicado tema.