Desde hace varios años, medios de prensa han venido reportando irregularidades en las decisiones de inversión y compras efectuadas por BCR‑SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica encargada de administrar fondos de inversión.
El caso más emblemático es la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas, por la que se habría pagado un precio muy superior al valor real estimado. Según la misma auditoría interna del BCR, la diferencia entre el precio pagado y el precio estimado por otros avalúos oficiales daría un sobreprecio de aproximadamente $35.200.000 (treinta y cinco millones doscientos mil dólares).
Además del PEP, se han analizado al menos ocho propiedades adquiridas por la SAFI desde 2017, muchas de ellas vinculadas a sociedades del mismo exdiputado que vendió con sobreprecio el PEP. En esos otros casos, se sospecha también de sobreprecio, de compras con edificaciones inexistentes o sin terminar, con inquilinos falsos, y estimaciones exageradas de áreas de terreno, falta de accesos adecuados, etcétera.
También se denuncian anomalías relacionadas con la destrucción de discos duros (archivos institucionales) que podrían contener información relevante para la investigación sobre la compra del PEP y otras más.
Un informe de Auditoría Interna del mismo BCR señala que varios funcionarios incurrieron en conductas “negligentes, reprochables y omisivas”, y sugiere que se tomen medidas disciplinarias, legales o de otro tipo, contra al menos cinco personas que estaban vinculadas con la compra del PEP.
Lo peor del caso es que al no poder alquilar las propiedades por estar incompletas o no cumplir con los requisitos municipales, tener problemas de infraestructura, accesos, licencias de funcionamiento o servicios como el agua, estas van acumulando pérdidas cuantiosas.
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Las irregularidades denunciadas tienen consecuencias negativas, directas e indirectas, para los ahorrantes o inversionistas en los fondos administrados por BCR‑SAFI:
1) Pérdida de valor del activo. Al pagar sobreprecios muy elevados por propiedades, los fondos quedan con activos cuyos valores reales son mucho menores al precio de compra. En el caso del PEP, se señala que el valor real habría sido menos de la mitad del valor pagado.
2) Rendimientos más bajos o nulos. Cuando los activos no pueden operar conforme a lo planeado por no poder ser alquilados, generan menos ingresos o ausencia de estos, lo que ocasiona pérdidas. Esto afecta los dividendos o rendimientos que obtienen quienes pusieron ahorros en esos fondos.
3) Pérdida de liquidez. Las investigaciones judiciales, denuncias y auditorías, así como las órdenes regulatorias, crean incertidumbre. Cuando hay causas pendientes, destrucción de información, omisiones de la junta directiva, los inversionistas, ante la incertidumbre, se abstienen de invertir y, por lo tanto, nadie compra participaciones, no hay mercado, y nosotros, los inversionistas, nos vemos imposibilitados de recuperar lo que le confiamos al BCR y su SAFI.
4) Falta de transparencia y confianza. La destrucción de archivos, la demora u omisión en auditorías, la pasividad de la junta directiva y otros órganos responsables, generan una sensación de impunidad y baja credibilidad institucional. Para un inversionista, la confianza de que su dinero será administrado con criterio técnico, probidad y bajo supervisión independiente y eficiente, es clave. Cuando eso falla, la imagen de la BCR-SAFI y la de su madre, el Banco de Costa Rica, se ven erosionadas. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un banco.
La Junta Directiva del BCR, los comités de inversión, los gerentes de BCR y de SAFI, todos tienen sus responsabilidades, y en muchos reportes se acusa omisión o pasividad, es decir, que no han actuado con la diligencia y responsabilidad que debería esperarse. Los discos duros destruidos, la supuesta orden para eliminarlos por parte de jerarcas del BCR, la omisión de informes específicos, han dificultado la investigación y la rendición de cuentas.
Ante las acciones legales y denuncias planteadas por los inversionistas desde inicios de 2022, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) finalmente nos dio la razón y obligó al BCR, como dueño del 100% del las acciones de la SAFI, a sacar el PEP del Fondo de Inversión e indemnizar al fondo por los $70 millones que había pagado. Pero el BCR, lejos de hacerse responsable, apeló dicho mandato al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el cual también le dio la razón a la orden de Sugeval.
Ahora, en un intento más por evitar indemnizar por sus malos manejos, el BCR recurre al pretexto de que son fondos públicos respondiendo por fondos privados (cosa aclarada ya por la Procuraduría), y para esquivar la responsabilidad ordenada por las dos mayores instancias de supervisión financiera, el BCR corre a judicializar el caso mediante un recurso Contencioso Administrativo, simplemente para “patear la bola hacia adelante” con el objeto de atrasar por varios años más la restitución de lo que nos robaron.
Rafael Alberto Lachner Chartier es inversionista.