En su artículo 73, la Ley Reguladora de Mercado de Valores establece lo siguiente: “Las sociedades administradoras serán solidariamente responsables ante los inversionistas por los daños y perjuicios ocasionados por sus directores, empleados o personas contratadas por ellos para prestarle servicios al fondo, en virtud de la ejecución u omisión de actuaciones prohibidas o exigidas, según corresponda, por el prospecto, las disposiciones de este título, la Superintendencia y sus disposiciones sobre la materia”.
Funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR), aliados con personas externas, estafaron al menos uno de los fondos inmobiliarios que maneja el BCR-SAFI, la operadora más grande del país, por la vía de compras fraudulentas de activos. Con el tiempo, se han ido “destapando más tamales”, pues no solamente se dio fraude en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Los involucrados habían montado un método que perfeccionaron para dar el gran zarpazo, que fue el PEP.
El BCR fue el que defraudó a los inversionistas que confiaron en su sello, casi todos adultos mayores, la mayoría no capitalistas de envergadura, pues era, es y será responsabilidad de ese banco el asegurar que los fondos depositados o negociados en cualquiera de las instancias del conglomerado estaban en buen recaudo.
Y más aún cuando miembros de la Junta Directiva del BCR son los que integran la Junta Directiva de BCR SAFI. Riesgo siempre hay y los ahorrantes tienen que aceptar esa posibilidad, como en el caso de cualquier inversión. Sin embargo, la posibilidad de una sinvergüenzada como la que se hizo hace algunos años, no cae en la definición bancaria de riesgo.
El caso se ha destapado completamente y ya se encuentra judicializado por varias vías. La “tirada” es que, dado que la justicia en Costa Rica ya no es ni pronta ni cumplida, como varios casos lo atestiguan, los procesos durarán años para resolverse. Este es un aliciente para quien delinque, pues sabe que aunque se le identifique, es posible que cuando se venga la condena, si se viene, ya estará muy viejo como para ser encarcelado. Para algunos, el riesgo vale la pena.
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La Sugeval ordenó al BCR, en congruencia con el artículo 73 ya comentado, la necesidad de trasladar $70 millones al Fondo de Inversión Inmobiliario no Diversificado (FIIND) para resarcir justamente a los inversionistas. Si no se da este resarcimiento, hay una gran posibilidad de que, por la carga financiera que el mal negocio PEP implica, el FIIND, con otro fondo, el FCI, siguiéndolo, fenezcan.
Ante interpelación por parte del BCR, el Conassif, autoridad superior a las superintendencias financieras, respaldó a la Sugeval.
Sin embargo, el BCR se niega a resarcir, como ya se comentó. Alega que se trata de trasladar fondos públicos a entes privados, como si eso no lo hiciera el Estado costarricense todos los días.
El BCR es un banco estatal, lo que hace más serio el asunto, pues el banco defraudó a sus mismos ciudadanos propietarios. Es una entidad que participa en el mercado financiero junto con otro banco estatal y muchos privados. Obtiene ganancias de sus operaciones, que es de donde salen los fondos para hacer efectivo lo ordenado por la Sugeval, con el respaldo de Conassif.
Está claro el artículo 73 y están claras las potestades de las mencionadas instancias financieras. El BCR debe “dejarse de cuentos” y, con gallardía, resarcir a los ahorrantes. Será el BCR al que le corresponda perseguir a sus exfuncionarios vinculados al caso PEP y los que pudieran estar todavía dentro del BCR.
Es claro también que a la industria de fondos inmobiliarios, tan importante que es, el BCR-SAFI le está haciendo un gran daño, que bien podría dar al traste con ella.
Lo correcto es que la Junta Directiva del BCR se deje de temores y asuma la responsabilidad de resarcir a quienes el Banco de Costa Rica defraudó. Más que jurídico, que en Costa Rica nos enreda, el tema es de ética y moral.
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Carlos Manuel Echeverría Esquivel es ahorrante e inversionista.