Muchas personas ven el déficit fiscal como un problema del futuro. Creen que si se evita su estallido la situación fiscal es llevadera. Por eso actúan como si pudiéramos esperar hasta que esté pronta a reventar: ¿2017?, ¿2018?, ¿2019?
Desdichadamente no es así, y ya sufrimos las consecuencias del estado de las finanzas públicas que se da desde el 2009.
Si una persona corre cargando un gran peso, no solo sufre si cae agobiado por la sobrecarga. Sufre a lo largo de su recorrido. De similar manera, el aumento ineficiente del gasto público corriente y su financiamiento causan perjuicios mientras se van continuando en el tiempo, y no solo cuando se produce una crisis fiscal, monetaria y de pagos internacionales.
De 1991 al 2007, antes de la gran recesión, el PIB de Costa Rica creció un 5,4% promedio anual. Aun incluyendo esa crisis, de 1991 a 2012 anualmente crecimos un 4,9%.
Ahora, incluso con la nueva medición del PIB base 2012, que considera los cambios en la estructura productiva del país, el PIB del 2013 al 2015 solo ha crecido un 2,8% promedio anual. Vivimos los niveles de desempleo más altos desde la gran crisis que sufrimos a inicios de los ochenta.
Eso en parte resulta del poco crecimiento que el mundo viene experimentando. Pero Centroamérica ha tenido mejor crecimiento que nosotros, del orden del 4% en ese período.
¿Cuánto de este mediocre desempeño nuestro se explica por el persistente déficit fiscal y por el gran crecimiento del gasto corriente principalmente en salarios (casi un 5% del PIB del 2008 al 2015)?
Un aumento de los gastos del Gobierno financiados por impuestos disminuyen la inversión y, por consiguiente, la tasa de crecimiento y el consumo futuros. Si hay elevados niveles de desempleo, como es nuestro caso, el costo es importante para las familias que sufren por falta de oportunidades laborales.
Cuando las familias que padecen ese mayor desempleo son de bajos ingresos, se genera más pobreza. Si además el aumento del gasto corriente se da en favor de empleados públicos con ingresos relativamente altos y superiores a los de sus contrapartes en el sector privado, ese incremento causa mayor desigualdad.
¿Qué ocurre si el aumento en el gasto público es financiado con crédito? Al menos alguna porción de ese crédito puede ser visto por los agentes económicos como futuros impuestos y tendrían el mismo efecto de disminuir inversión y crecimiento.
El financiamiento local de ese déficit subiría la tasa de interés, pues no se genera un aumento del ahorro, por no tomar en cuenta los agentes todo el futuro incremento de impuestos.
Podría creerse que dado que del 2012 al 2015 se financió en el extranjero una buena parte del déficit (los $4.000 millones de los llamados eurobonos) y que “la gente no descuenta los impuestos futuros” (supongamos), eso impidió que subieran las tasas de interés y no se afectó la inversión, y por ende, tampoco el crecimiento. Y, ciertamente, los muy bajos intereses vigentes en estos años han hecho menor el costo del déficit, pero ese costo ha sido grande y doloroso.
Ese financiamiento externo es una entrada de recursos financieros externos que determina una apreciación del colón: $4.000 millones de los “eurobonos” del 2012 al 2015.
Además, otros elementos contribuyeron en ese período a la apreciación de nuestra moneda del 5%.
El aumento del gasto y su financiamiento externo hicieron menos competitivas las exportaciones y la producción para el mercado interno que compite con importaciones. Y en estos sectores hay dos tipos de empresas. Unas, como las de zonas francas, tienen ventajas que hacen que una subida de costos afecte poco su demanda. Otras –como bienes agrícolas y manufactura básica– enfrentan condiciones de demanda muy sensibles, que con poco aumento de costos disminuyen su capacidad para colocar sus productos.
Por eso no es de extrañar que frente a una apreciación del tipo de cambio de un 5%, del 2013 al 2015, el PIB agrícola ha disminuido un 0,2% y el industrial solo ha aumentado un 0,3% en promedio anual.
Además, las primeras (zonas francas y similares) son las que emplean trabajadores más calificados, y las segundas (agricultura y manufactura) ocupan a quienes tienen menos educación. Este último es el grupo de trabajadores que sufre mayor desempleo y que más afecta a las familias pobres.
Asimismo, el déficit –empujado por el gasto corriente– ha estrujado la inversión pública. Por ello, el sector productivo y las personas sufren los altos costos de una infraestructura cada día más insuficiente.
Todo esto afecta la productividad actual y estos costos no se eliminan con el financiamiento externo.
Las familias pagan los altos costos con desempleo, con malos empleos informales y con el dolor de la pobreza. Eso debe movernos a actuar, la pregunta es cómo.
¿Vamos a buscar paliativos colocando bonos en China o vendiéndolos en el mercado interno con los dólares que los bancos comerciales traigan aumentando su endeudamiento en esa moneda? Escoger esto no es gratis: significa continuar agravando el desempleo, la informalidad y la pobreza.
¿O vamos a actuar con seriedad y prontitud para controlar los disparadores del gasto, aumentar los ingresos y a establecer reglas fiscales que eviten volver a vivir esta adversidad?
El autor fue presidente de la República en el periodo 1998-2002.