El déficit fiscal debe ser abordado con medidas más allá de una reforma fiscal con aumentos impositivos. La evasión del impuesto sobre la renta y los odiosos privilegios y despilfarros del sector público reflejan una falta de compromiso con el bienestar social. Curiosamente, son evasores “olímpicos” los profesionales liberales con mayores ingresos que, mientras conducen vehículos de lujo, se quejan del mal estado de las carreteras, pero tributan como si fuesen conduciendo un carrito de helados.
Es importante ofrecer educación fiscal desde las edades más tempranas. Los programas ideados por el Ministerio de Hacienda en convenio con el Ministerio de Educación, como la “ Semana de educación tributaria ” y la “ Jornada de cultura tributaria ” son iniciativas destacadas, pero es necesario incorporarlos al plan de estudios formal.
Aún más, estos programas deben ser reforzados en la secundaria. Los jóvenes deben comprender que la calle por donde circularon, el puente que cruzaron y el pupitre en que se encuentran sentados fueron sufragados por el Estado, y que el Estado son sus ciudadanos. Deben entender que para mejorar todos esos aspectos vitales de nuestra vida cotidiana, es necesario contribuir responsable y solidariamente.
Eso nos arrastra hacia el establecimiento de una “ cultura tributaria ”, inculcada en los nuevos ciudadanos para que el evasor sea objeto de reproche y que la contribución sea algo tan intrínseco como respirar.
Sin duda, uno de los factores determinantes del grado de cumplimiento de la misión de recaudar impuestos es el nivel de conciencia fiscal de la sociedad, en la medida en que influye directamente sobre la disposición al cumplimiento voluntario y al rechazo del fraude fiscal.
La conciencia fiscal no es algo natural. Es un producto social y, por tanto, resultado de la educación. Producto de ella, tendremos una sociedad fiscalmente solidaria y responsable, con toda la autoridad moral para exigir una buena gestión del gasto público.
Un sistema fiscal que pretenda sufragar las necesidades públicas y garantizar el desarrollo y bienestar demandados por la ciudadanía, no puede permitir la evasión. Fraude y evasión se combinan para reducir los ingresos públicos, desvirtuar el reparto de las cargas tributarias en detrimento de la justicia, alterar las condiciones de la competencia y provocar distorsiones en el sistema económico.
El sistema educativo tiene la responsabilidad de preparar a los jóvenes para el momento en que deban cumplir sus obligaciones como contribuyentes. Para eso, ni se puede ni se debe esperar a que los ciudadanos sean adultos.