Lo que vive Costa Rica lo pasó México hace una década. Como dice un lema de CNN, “allá vamos”. En la presente campaña electoral de ese país se reportan casi 100 asesinatos de líderes políticos, candidatos, alcaldes, etc. Es un espejo que puede proyectar qué pasará en Costa Rica pronto si no se detiene la calamidad.
En el 2011, siendo directora de la Fundación para la Paz y la Democracia, organizamos, junto con la OEA, la Secretaría General de Flacso, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance y la Cancillería, el Diálogo subregional de los miembros del SICA, democracia para la Paz, la seguridad y el desarrollo para conmemorar diez años de la Carta Democrática Interamericana. Ante la gravedad de la presente situación, me parece de la mayor trascendencia rescatar algunas recomendaciones surgidas de la Mesa 3 del diálogo, llamada “Democracia, seguridad y crimen organizado”.
Ideas. Una primera idea la planteó el exvicepresidente Kevin Casas, quien colocó el asunto en su justa dimensión: “La inseguridad ciudadana no es un problema de seguridad; es un problema de desarrollo”, es decir, la inversión en desarrollo humano es la ruta más cierta hacia sociedades menos violentas, marginadas e inseguras.
La atención de la cuestión del crimen y la violencia es un asunto más integral y multidimensional, no basta con operativos policiales para incautarse de droga y capturar delincuentes o líderes de bandas narcotraficantes.
Una segunda idea la expuso Francisco Rojas Aravena, exsecretario de Flacso, en el sentido de que, a pesar de que Centroamérica superó las luchas armadas, persisten altos grados de exclusión y conflictos que afectan el progreso de la región e inciden en la situación de Costa Rica por la transnacionalización del crimen y otros delitos relacionados. Es indispensable una visión más allá de las fronteras nacionales para la atención de la criminalidad.
De acuerdo con Casas, un programa integral que desafíe los simplismos de los discursos políticos prevalecientes, cuando mínimo debería incorporar los siguientes 10 elementos:
1) Replantear la discusión con prevención social y desarrollo humano. 2) Democratizar la discusión. Un diálogo abierto en el país es un antídoto contra la idea de que nadie sabe qué hacer con el problema. 3) Mejorar la gobernabilidad de la política criminal: coordinación interna en el Ejecutivo, entre poderes y entre niveles del territorio. 4) Mejorar las instituciones de control e invertir en información. A veces las instituciones a cargo no solo no ayudan en la solución, sino que la empeoran. Se requiere mejoramiento constante y superar rezagos en TIC para no improvisar. 5) Mejorar la relación entre instituciones de control y comunidad y recuperar la confianza de los ciudadanos para que denuncien. 6) Aumentar la presencia estatal en áreas problemáticas o fallidas, donde necesitan urgentemente la presencia del Estado. 7) Mejorar la regulación y tenencia de armas de fuego. 8) Prevenir embarazos adolescentes. 9) Repensar las políticas antinarcóticos. Urge un diálogo regional franco entre países productores, consumidores y corredores de la droga. En agosto del 2008 se celebró en Cartagena la Cumbre Regional de las Drogas, pasó una década y los compromisos quedaron en promesas y no se han reunido más. 10) invertir en oportunidades para la juventud, asunto clave para revertir los efectos perversos de la criminalidad.
Detener el crimen implica inclusión social para los sectores vulnerables y diálogo transparente y franco entre los países involucrados con un enfoque multidimensional. Por último, combatir el crimen organizado no será posible sin una fiscalidad eficiente para que se paguen y cobren bien los impuestos.
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Como sentenció Carlos Sojo (q.d.D.g.), en el documento base del Diálogo Regional: “Si persistimos en la idea de producir sin distribuir, podemos llegar fácilmente al terreno opuesto, distribuir sin producir y de ahí al abismo. Y en el fondo, de seguro democracia no habrá”.
La autora es politóloga e internacionalista.
