EscucharMientras celebramos el aumento de la cobertura forestal (alcanzamos casi el 58 %), nos enfrentamos a una paradoja: numerosas comunidades sufren escasez de agua en sus hogares.
Aunque se nos insiste en la importancia de proteger los bosques para asegurar el abastecimiento de agua, la realidad muestra un panorama más complejo y contradictorio.
La crisis hídrica no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples factores. En primer lugar, el cambio climático y eventos como El Niño contribuyen significativamente a ella, manifestándose a través de una variabilidad climática intensa y recurrente que impacta nuestras reservas hídricas.
A pesar de ser un fenómeno conocido, que ocurre entre cada dos y siete años, aún nos preguntamos por qué El Niño nos afecta tanto.
La situación subraya una realidad preocupante: todavía no hemos aprendido a adaptarnos eficazmente a la variabilidad climática, una habilidad que se vuelve cada vez más crítica frente a los desafíos futuros del cambio climático.
A lo anterior, se suma una gestión inadecuada de las áreas silvestres protegidas y una inversión estatal insuficiente en infraestructura para agua potable y saneamiento básico, una problemática que se ha arrastrado durante décadas.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República critica duramente la eficacia de las inversiones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para el abastecimiento de agua potable y manejar las aguas residuales.
Revela que solo el 16 % de los distritos más vulnerables tienen inversiones planificadas en materia de agua potable y que hay retrasos en el 57 % de los proyectos previstos para finalizar en enero del 2024.
Por otro lado, el gasto estatal en protección ambiental es marginal, constituye solo el 0,75 % del presupuesto del Gobierno Central y apenas el 0,18 % del PIB en los últimos años.
Este escaso financiamiento ha repercutido en la administración de las áreas silvestres protegidas y la biodiversidad, lo cual se refleja en una reducción del personal asignado en comparación con años anteriores, por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación contaba con 1.055 empleados en el 2022, un 6,5 % menos en comparación con el 2021.
De estos, 513 estaban asignados a las áreas silvestres protegidas, es decir, una disminución del 5,9 % del personal de campo con respecto al año anterior, lo que incide en la gestión eficiente de las áreas protegidas.
La situación representa un considerable desafío educativo y social. ¿Cómo se le explica a un niño de los barrios del sur de San José la importancia de valorar y proteger los bosques por el agua cuando enfrenta una escasez diaria de este recurso esencial en su propio hogar?
Tal es el caso de la Zona Protectora de Cerros de Escazú, ubicada en el sur de la Gran Área Metropolitana (GAM), designada para la protección desde 1976 como ejemplo. A pesar de ello, la deforestación y la gestión inadecuada siguen comprometiendo la disponibilidad de agua en la GAM.
Esa área silvestre protegida es fuente de numerosos ríos y quebradas que forman una vital red hídrica, integrada por diversas microcuencas, y suministra agua potable a las comunidades locales a través del AyA, además de ser utilizada para la irrigación de cultivos y el abastecimiento de ganado desde hace muchos años.
Estamos ante una grave crisis hídrica, exacerbada por la sobrexplotación de acuíferos, la contaminación y una gestión deficiente, dentro del cambio climático que altera los patrones de precipitación y aumenta la frecuencia de fenómenos extremos.
Esta crisis no solo es ambiental, sino también un grave problema de derechos humanos y justicia social que requiere una respuesta urgente y coordinada.
Debemos afrontar los desafíos con una estrategia integrada y sostenible que incluya mejoras en infraestructura, prácticas de gestión del agua, administración eficiente de las áreas silvestres protegidas y colaboración interinstitucional para garantizar agua segura y suficiente para todos, y así cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible 6, relacionado con el acceso de la población a agua limpia y saneamiento.
El autor es investigador del Catie y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
