El Instituto de Estudios Sociales en Población de la UNA publicó en setiembre un estudio donde reporta que el 76,3 % de la población en Costa Rica se declara en contra de la pesca de arrastre. Sin embargo, en las próximas semanas, el país gastará millones de los contribuyentes en un “estudio” cuyo objetivo es demostrar “la viabilidad ambiental” de esta destructiva práctica.
El arrastre, declarado inconstitucional hace una década, es una de las artes de pesca más destructivas. La Sala Constitucional indica en la Resolución N.° 07978-2018 que, de existir un interés por reinstaurarla, antes es necesario conocer múltiples factores: ambientales, como la situación de la biomasa, las especies afectadas, las interacciones ecosistémicas, la contaminación, la capacidad de regeneración, la perspectiva a corto, mediano y largo plazo, etc.; los sociales, como población beneficiada, distribución real del beneficio, gente afectada, costo social y turístico, etc.; y socioeconómicos, entre estos, valoración del costo-beneficio, que incluya también las variables ambientales y sociales, rentabilidad frente a sustitutos, como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local y nacional.
El “estudio” del Incopesca, que se iniciará en el primer semestre del año, ni siquiera intenta responder a la gran mayoría de esas interrogantes. El documento Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el océano Pacífico costarricense, 2023-2024 no incorpora nuevas alternativas, y se estará utilizando la misma red que, con ligeras modificaciones, es usada desde hace 60 años.
Más preocupante es que el estudio parece contener serias deficiencias de diseño metodológico, por lo que sus resultados serán (como en el anterior) muy cuestionables: los sitios donde se efectuarán los muestreos no serán aleatorios, como dicta un diseño experimental riguroso, sino donde “tradicionalmente han sido empleados para la pesca comercial de estas especies”. En cada sitio se realizarán, cuando menos, 33 lances. ¿Por qué? Porque “la NOAA recomienda un mínimo de 33 lances” y “la FAO recomendó al menos 33 lances”. Todo investigador sabe que el número de muestreos debe definirse en función de la variabilidad de la muestra y ni la NOA ni la FAO están involucradas en este “estudio”.
Se usarán ocho embarcaciones, no porque un análisis previo lo determinara, sino porque (y así lo dicen públicamente empresarios del arrastre) este número se fijó “para hacer (el proceso) más equitativo y democrático” y “de las familias que quedan en Costa Rica con embarcaciones, cada una... tomará una embarcación”. Esta metodología, apartada de los fundamentos científicos, no permitirá generalizar los resultados al Pacífico, y menos al Caribe, estimar la biomasa por especie o hallar sus áreas o épocas de crecimiento y reproducción, que es información base para el manejo de las pesquerías. Un país que se precia de tener una saludable comunidad científica hará este esencial estudio sin apoyo de su academia.
El inminente “estudio” que pagaremos los costarricenses no es otra cosa que la reactivación solapada de la actividad de arrastre. Una reciente (y conveniente) modificación de la Ley de Pesca, a través de la nueva Ley 10155 del 18 de marzo del 2022, hará posible a los arrastreros comercializar el producto de la pesca realizada en este “estudio”. O sea, los industriales arrastreros (con la excusa de resarcirse de los gastos de operar los barcos) venderán el camarón, mientras los costarricenses pagaremos millones en otros gastos adicionales relacionados con el “estudio”.
El cuestionado “estudio” está precedido de justificaciones y afirmaciones de ministros y funcionarios que no son ciertas, incluido que la “nueva” red de arrastre flota y no está en contacto con el fondo.
El diseño de la red requiere (aunque convenientemente se omite en la descripción) portones de más de media tonelada de peso cada uno en los extremos de la boca, la cual tiene una cadena galvanizada que se arrastra por el fondo marino, y el copo de la red recolecta fácilmente una media tonelada de organismos en cada lance. Estos elementos, que pesan varias toneladas en conjunto, no flotan y serán arrastrados por el fondo marino dejando surcos, afectando a todos los organismos en el fondo, levantando toneladas de sedimentos en la columna de agua y liberando gases de efecto invernadero.
Los defensores de esta nefasta práctica pesquera (acompañados de populistas interesados) argumentan que Puntarenas se encuentra sumida en la pobreza y la violencia debido al cierre de esta pesquería. Nada más alejado de la verdad. Desde inicios del siglo, los sectores productivos en Puntarenas experimentan una reducción sostenida de empresas oficialmente inscritas en la CCSS, incluidas las que tienen mayor capacidad de crear empleos, como construcción, agricultura, manufactura, turismo, comercio, servicios y transporte.
Asegurar que la pobreza en Puntarenas es producto del cierre de la pesca de arrastre es sobresimplificar un problema con muchísimas aristas y aprovecharse de la necesidad de un pueblo para llevar agua a su molino.
A pesar de que la gran mayoría del país rechaza esta práctica pesquera y la literatura científica abunda en ejemplos de los graves daños ambientales, el gobierno insiste en reactivarla. Tendremos que gastar más años y más millones para entender que el desarrollo de Puntarenas depende de otras medidas que hace décadas debimos haber tomado.
Renovar el turismo en Puntarenas y las islas aledañas, desarrollar la maricultura, establecer una lonja pesquera y traer industrias a la zona son opciones reales para los puntarenenses. Pensemos en construir un país, no en destruirlo.
El autor es director de la Fundación MarViva.
