En mayo, el gobierno celebraba la conclusión sustantiva del Acuerdo Transpacífico. Cinco meses después, su sucesora, del mismo movimiento político, archiva la adhesión pese a haber prometido avanzar hacia ella. El logro de ayer se convirtió en falta de hoy. Se ha invocado el secreto. La acusación confunde la confidencialidad propia de las negociaciones comerciales con el ocultamiento.
Ante cualquier duda, existía un camino: terminar revisión legal, firmar el protocolo, publicar los resultados y someterlo a la Asamblea Legislativa. Los diputados podían aprobarlo o rechazarlo. Archivar la adhesión antes de llegar a esa instancia fue sustituir el debate de las instituciones por la voluntad del poder.
Lo que se ha puesto en suspenso tampoco es una oportunidad menor. Costa Rica ya tiene tratados con seis miembros del Acuerdo; los otros seis –Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia y Brunéi– representan nuevas posibilidades de acceso preferencial. El valor del acuerdo no se limita a los aranceles. Su importancia reside también en las reglas que permiten integrar el comercio internacional. La acumulación de origen, por ejemplo, hace posible que insumos procedentes de distintos países miembros se consideren originarios para acceder a preferencias arancelarias.
Para una empresa de dispositivos médicos en Heredia, que utiliza componentes japoneses o vietnamitas, esa disposición puede inclinar la balanza entre ampliar sus operaciones en Costa Rica o establecerlas en otro país. La política comercial consiste precisamente en equilibrar los intereses de quienes producen hoy con las oportunidades de quienes podrían producir mañana.
Durante cuatro décadas, Costa Rica levantó, gobierno tras gobierno, una arquitectura institucional que transformó su inserción en el mundo. Juntas representaban algo cada vez más escaso en nuestra vida política: una visión de país que sobrevivía a los cambios de gobierno y la capacidad institucional acumulada durante décadas. Porque los gobiernos pasan, pero el Estado permanece. Y cuando cada administración pretende comenzar la historia desde cero, el país termina pagando el precio de no aprender de la suya.
Conozco ese engranaje y esa escuela porque tuve el privilegio de formarme en ella. Aprendí de generaciones de funcionarios para quienes el rigor técnico, la independencia de criterio y la vocación de servicio son principios irrenunciables; una disciplina que después nos correspondió transmitir a quienes vinieron detrás.
Conozco también la otra cara de ese oficio: las noches interminables de negociaciones y reuniones, los viajes que desde fuera parecen glamorosos y que de glamour tienen muy poco, los cumpleaños de los hijos que se pierden y los padres que envejecen a la distancia.
Sé de las llamadas de madrugada, de las vacaciones aplazadas una y otra vez y de los sacrificios familiares que jamás aparecen en los informes oficiales. Lo sé porque estuve allí.
Por eso, más allá de la defensa de las instituciones, resulta inadmisible que desde el poder se ponga en entredicho, sin fundamento, la integridad de quienes han dedicado buena parte de sus vidas a servir a Costa Rica.
Los gobiernos tienen derecho a cambiar las políticas, a cuestionar decisiones y a exigir responsabilidades, pero no a convertir la discrepancia en deshonra. Porque cuando se desacredita a quienes sostienen las instituciones, el daño no termina en sus nombres ni en sus trayectorias: alcanza la confianza en el propio Estado y en quienes todavía creen que servir a la República está por encima de servir al gobernante.
Y mientras se cuestiona a quienes han dedicado sus vidas al servicio público, hay otro silencio que pesa: el de una parte del sector privado que contribuyó a construir esta arquitectura y prosperó gracias a ella. Comprendo la prudencia, pero las instituciones no se defienden solas. Todavía estamos a tiempo de rectificar. Se trata de defender la capacidad de Costa Rica para construir políticas de Estado que trasciendan a sus gobernantes.
Durante décadas nos atrevimos a competir con los grandes porque confiamos en nuestras instituciones. Fue una obra de generaciones, no de un presidente ni de un partido.
Los gobiernos pasan, las mayorías cambian y los presidentes se marchan. Lo que debe permanecer es la República. Y si algún día nuestros hijos vuelven a hacerse la pregunta de Zavalita, ojalá podamos responderles que, cuando el poder pretendió imponerse sobre el Estado, Costa Rica encontró el valor para defenderlo.
Porque en una democracia se recibe el mandato de gobernar, nunca el derecho de apropiarse del Estado.
----
Alejandro Patiño Cruz es consultor internacional, exenviado especial ante la Unión Europea y exrepresentante permanente adjunto ante la OCDE.
