Después de un período particularmente violento, causado por la política de discriminación racial impulsada por una minoría blanca, Suráfrica, la economía más dinámica de ese continente, con 53 millones de habitantes y 1.200.000 kilómetros cuadrados, emprendió en 1995 el camino de los acuerdos políticos.
Estos acuerdos permitieron la reivindicación de los derechos electorales de la población negra que constituye el 80% de su población, a cambio de mantener el régimen de propiedad de los blancos.
La población negra, con mejor educación e ingreso, ha tenido espacios para configurar una burguesía y clase media incipiente, pero para el resto de la población los avances han sido muy restringidos. De hecho si bien ha crecido el ingreso per cápita del país, igualmente ha crecido la desigualdad de tal forma que el índice de Gini es de 0,7. Esto es muy próximo a 1, que sería la desigualdad total.
El 24% de la población, mayoritariamente de color, permanece desempleada y viviendo en condiciones muy precarias en las ciudades, mientras una parte importante de la tierra fértil permanece inculta en manos de las mineras, que las mantienen como reservas, y de terratenientes especuladores, al mismo tiempo que se acusa al nuevo gobierno de corrupción.
La presión sobre la tierra y por mejores condiciones de vida ha llevado a enfrentamientos violentos de los pobladores con las autoridades que han costado vidas e incluso se han producido algunas masacres.
Acostumbrados a las fuertes luchas de confrontación contra el apartheid, las comunidades tenían una tradición de protesta violenta, pero no sabían cómo proponer nuevas soluciones a partir de su propia organización.
Modelo exitoso. Seriti, la ONG que ha venido aplicando en Suráfrica, desde principio de siglo, la metodología de capacitación masiva basada en los laboratorios organizacionales, creada por el brasileño Clodomir Santos de Morais, tenía una respuesta exitosa. Esta que había mostrado logros destacados en varios proyectos piloto manejados autónomamente por las comunidades.
La metodología fue incorporada en el 2009 por la presidencia de la República en el proyecto “Segunda estrategia económica” como parte del “Programa de Trabajos Comunitarios” (PTC) y su aplicación se aceleró a raíz de una masacre de mineros por parte de la Policía.
Una de las principales mineras se decidió a financiar la realización de laboratorios organizacionales en las comunidades para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pobladores. Los resultados obtenidos por estas experiencias comunales despertaron el interés de los municipios y poderes locales, especialmente después de que tuvo lugar un reality show donde compitieron cinco programas de trabajo comunitario que fueron vistos por más de dos millones de personas.
Interés. Lo que motivó el interés en estos programas de trabajo comunitario fue, por una parte, el enfoque y, por otra, el involucramiento de los proyectos con los poderes locales.
En cuanto al enfoque, el énfasis en mejorar las condiciones de vida y de trabajo locales partió de la premisa que el desempleo es algo estructural y que es muy difícil conseguir empleos permanentes en el llamado segundo sector de la economía con bajo nivel educativo y formas de sobrevivencia predominantes.
En este sentido, asignó recursos, no para competir con las formas de sobrevivencia, sino para complementarlas con dos días de trabajo semanal anual en obras definidas por las comunidades organizadas como prioritarias.
De tal forma que, por una parte, se aseguraba una respuesta a las prioridades de la comunidad y, por otra, se garantizaba un ingreso fijo que facilitaba la planificación y mejoraba las condiciones del mercado local.
Las actividades efectuadas por la comunidad involucran y fortalecen la gestión del poder municipal que se convierte en uno de los promotores activos de los programas de trabajo comunitario; a su vez, se convierte en una cantera en la formación de líderes locales y municipales.
Extenso trabajo. Entre el 2014 y el 2017, Seriti ha desarrollado programas de trabajo comunitario con los municipios y otras instituciones nacionales en 49 localidades de seis provincias surafricanas. Los resultados se han hecho sentir no solo en la construcción de obras públicas, sino de servicios de salud, tales como la prevención del sida, recolección de basura, establecimiento de agua potable, reducción de la violencia doméstica y la delincuencia, así como en la erradicación de la xenofobia, ahí donde se había manifestado.
Alrededor de los PTC han florecido, entre otras, empresas agrícolas y textiles que ocupan mano de obra local al igual que guarderías infantiles y sistemas de transporte de escolares que facilitan la incorporación de la mujer al trabajo.
Los resultados obtenidos, a pesar de sus logros puntuales en la formación de la ciudadanía, en las comunidades donde se han aplicado no han sido fáciles. Entre otras cosas, han pasado por conflictos con las redes clientelistas, como en nuestro país, que se han visto frecuentemente relegadas.
No obstante, dada la magnitud de la tarea, hace falta cubrir aún la mayor parte del país impulsado una reforma agraria que intervenga las tierras ociosas de vocación agrícola que permanecen acaparadas.
La magnitud de la desocupación, la creciente migración del campo a las ciudades y el anunciado agotamiento de las minas demandan una respuesta de organización que estimule la formación de la ciudadanía y la consolidación de la república. Ya tienen el instrumento, ahora falta la decisión política de avanzar en las reformas.
El autor es sociólogo.
