LONDRES – La política de asilo que surgió de las negociaciones del mes pasado entre la Unión Europea y Turquía se hizo efectiva el 4 de abril, cuando 202 solicitantes de asilo fueron deportados de Grecia. Esa política tiene cuatro defectos fundamentales:
1. Fue negociada con Turquía e impuesta a la Unión Europea (UE) por la canciller alemana, Ángela Merkel.
2. Está seriamente subfinanciada.
3. No es voluntaria, ya que establece cuotas a las que muchos Estados miembros se oponen, y obliga a los refugiados a instalarse en países donde no quieren vivir.
4. Convierte a Grecia en un lugar de encierro de facto, sin suficientes comodidades para la cantidad de solicitantes que ya están allí.
Todas estas deficiencias pueden corregirse. La Comisión Europea reconoció implícitamente algunas de ellas el 6 de abril, al emitir una nueva serie de propuestas para la reforma de la política de asilo europea. Pero en ellas mantiene el sistema de cuotas obligatorias, algo que nunca funcionará. El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, ha invitado a un debate abierto.
Creo que una política de asilo integral para Europa debería establecer un objetivo anual firme y creíble de entre 300.000 y 500.000 refugiados. Esta cifra es suficientemente grande para dar garantías a los refugiados de que en algún momento podrán llegar a su destino, y suficientemente pequeña para ser implementable incluso en un clima político desfavorable como el actual.
En otras cuestiones, hay técnicas comprobadas para emparejar la oferta y la demanda de manera voluntaria; por ejemplo, durante la asignación de estudiantes a escuelas y pasantes médicos a hospitales. En el caso de los refugiados, el criterio debería ser que los que estén decididos a ir a un lugar determinado tengan que esperar más que los que acepten el país que se les asigne. Dicho eso, los solicitantes de asilo registrados deberán esperar turno allí donde se encuentren.
Sería mucho más barato y menos traumático que el caos actual, del que los migrantes son las principales víctimas. Para evitar transgresiones, bastaría con establecer que los que pretendan saltarse el turno perderán el lugar en la lista de espera.
Este plan demandaría al menos 30.000 millones de euros al año, que se destinarían a usos como: dar a Turquía y a otros países vecinos al conflicto apoyo financiero suficiente para que los refugiados que estén allí puedan trabajar y enviar a sus hijos a la escuela; crear una oficina de asilo y una policía de frontera paneuropeas; resolver el caos humanitario en Grecia; y establecer criterios comunes a toda la UE para la recepción y la integración de los refugiados.
A la UE no le falta capacidad para recaudar esa cifra, que es inferior al 0,25% del PIB combinado de sus 28 miembros (de más de 16 billones de euros), y menos del 0,5% del gasto público combinado. Lo que falta es voluntad política. Las reglas fiscales de la UE impiden a la mayoría de los países miembros aumentar el déficit y emitir deuda para financiarlo. Por eso no solo no se consideró seriamente una propuesta así, sino que ni siquiera se planteó.
Tarde o temprano, habrá que crear nuevos impuestos para hacer frente a la crisis de refugiados. La política actual de asignar fondos insuficientes año tras año no sirve de nada. En cambio, una “oleada de fondos” masiva desde el primer momento permitiría a la UE responder más eficientemente a algunas de las consecuencias más peligrosas de la crisis, ya que ayudaría a transformar la actual dinámica económica, política y social de xenofobia e indiferencia en una situación más constructiva que beneficie a los refugiados y a los países por igual. A la larga, esto reducirá para Europa el costo total de contener la crisis de refugiados y recuperarse de ella.
Sobran argumentos a favor de aprovechar la posición contable de la UE para pedir prestada la masa de fondos necesaria. Los tipos de interés en todo el mundo están en mínimos históricos o cerca, de modo que es un momento especialmente bueno para usar la calificación crediticia AAA de la UE, con el beneficio adicional de que proveería un muy necesario estímulo económico.
Las cantidades implicadas son macroeconómicamente significativas, especialmente porque se gastarían casi de inmediato y ejercerían un efecto multiplicador. Una economía en crecimiento facilitaría la absorción de inmigrantes, ya sean refugiados o migrantes económicos.
La pregunta es cómo usar la calificación AAA sin generar oposición, particularmente en Alemania. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la UE ya emitió deuda bajo esa calificación. Durante la crisis de la eurozona, la UE estableció instrumentos financieros como el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), capaces de movilizar rápidamente miles de millones de euros en condiciones atractivas.
La capacidad crediticia de estas entidades (de la que aún queda margen suficiente) debería redirigirse a la obtención de la masa de fondos que se necesita para resolver la crisis migratoria. Usar un mecanismo ya creado (aunque para un propósito distinto) sería mucho más eficiente que crear uno nuevo; solo demandaría una decisión política que puede tomarse en muy poco tiempo.
Las fuentes de dinero deberían ser dos: el MEEF (para miembros de la eurozona) y el fondo de asistencia financiera para la balanza de pagos (para los otros países). Ambos cuentan con respaldo pleno del presupuesto de la UE, de modo que su uso no demanda garantías nacionales ni la aprobación de los respectivos parlamentos.
En conjunto, tienen una capacidad de endeudamiento bruta hasta de 110.000 millones de euros, cifra que se corresponde con el ingreso anual previsto por el presupuesto de la UE.
El fondo de asistencia para la balanza de pagos tiene un margen hasta de 50.000 millones de euros, que casi no se usó. El MEEF dio unos 46.800 millones de euros en préstamos a Portugal e Irlanda, pero aún tiene mucha capacidad sobrante. Sumados, ambos programas pueden reunir bastante más de 60.000 millones de euros; y esta capacidad crece todos los años, conforme Portugal e Irlanda devuelven lo que se les prestó.
Lo mismo que la crisis del euro, la de los refugiados demanda una respuesta rápida. Pero a diferencia de aquella, los beneficiarios directos ahora serían tres países (Jordania, Turquía y Grecia) que están en la primera línea de respuesta a lo que es una responsabilidad colectiva de Europa. Tienen derecho a recibir subvenciones sin la obligación de devolver lo que reciban. En cambio, son la UE y sus Estados miembros los que deben hallar nuevas fuentes de ingresos fiscales para cubrir los fondos necesarios.
Algunas posibilidades serían el impuesto paneuropeo al valor agregado, que ya es una fuente de recaudación efectiva; un tributo especial a la gasolina, como sugirió el ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble; o un nuevo impuesto a los viajeros que entran a la UE y a los solicitantes de visa, lo que trasladaría parte de la carga a los ciudadanos no europeos.
El proceso de recaudar los nuevos impuestos llevará mucho tiempo; en ese lapso los bonistas querrán garantías de que cobrarán los intereses y el capital de los bonos. Por eso la UE debe garantizar que, llegado el momento, tendrá los ingresos impositivos necesarios, aunque todavía no se haya decidido la fuente exacta.
Sigue en pie la cuestión de cómo generar la voluntad política necesaria. La UE se basa en principios democráticos. Creo que a pesar de sus actuales falencias institucionales, hay una mayoría silenciosa de europeos que quieren preservarla. Si hacen oír sus voces, la dirigencia política tendrá que escuchar.
La crisis de los refugiados plantea una amenaza existencial a Europa. Sería irresponsable permitir que la UE se desintegre por no financiar adecuadamente medidas que permitan controlar la crisis; y, sin embargo, hoy el principal obstáculo contra la implementación de programas exitosos en los países vecinos al conflicto es la falta de fondos.
Históricamente, los países siempre han emitido bonos para financiar respuestas a emergencias nacionales. ¿Qué mejor momento para que la UE aproveche su calificación AAA que ahora que se enfrenta a un riesgo terminal?
George Soros es presidente de Soros Fund Management y de Open Society Foundations. © Project Syndicate 1995–2016