Si bien las cifras muestran cobertura e inclusión financiera, debe cuantificarse el impacto de los créditos
Ricardo Monge González
El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) no es una institución, como algunos creen, sino un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos viables a las micros, pequeñas y medianas empresas (pymes).
Si bien las cifras muestran cobertura e inclusión financiera (desde su creación en el 2008 hasta el 31 de diciembre del 2021 ha otorgado ¢1,6 billones a 60.943 clientes, mediante 56 operadores crediticios), debe cuantificarse el impacto de los créditos. Debemos estar seguros de que el SBD está coadyuvando al desarrollo productivo. Así, un estudio de evaluación de impacto debería contestar qué habría pasado con los beneficiarios si el sistema no existiera, si estarían mejor, peor o no habría pasado nada, y qué tan necesario es complementar el crédito con la asistencia técnica.
Hay otros desafíos, entre los cuales citaré solo algunos. Por ejemplo, actualmente no es posible financiar proyectos o iniciativas conjuntas entre pymes y otras de mayor tamaño. Por consiguiente, debe modificarse la ley para permitirlo.
Conviene buscar mecanismos para la coordinación entre el SBD y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación a fin de aumentar significativamente la innovación en las empresas beneficiarias y la transferencia de tecnología hacia estas.
Debe analizarse si la composición del consejo rector del SBD es la apropiada. En mi opinión, yo promovería la inclusión de dos miembros más para llegar a siete (trabajan ad honorem), que sean representantes de los sectores turístico y de servicios basados en el conocimiento, los cuales son fundamentales para el desarrollo del país.
Por otra parte, la ley debería permitir al Poder Ejecutivo designar sus dos representantes de manera independiente, sin estar sujeto a que estos tengan que ser los ministros de Economía y de Agricultura. Los tiempos cambian y la flexibilidad es esencial en este campo.
La existencia del SBD se justifica si se considera que los recursos canalizados por su medio representan el 14% del financiamiento total a las pymes y del 32% si se toma solo el segmento de las micro y pequeñas empresas. Los datos revelan que ninguna empresa grande recibe recursos, todos están repartidos entre las micro y pequeñas empresas. Además, no hay concentración en un solo sector, se presta a diferentes actividades productivas.
Otra reforma de ley debería permitir que los recursos del denominado peaje bancario se puedan canalizar por medio de cualquier operador y no solo a través de los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR), puesto que la inclusión crediticia es mucho mayor en el caso de las microfinancieras, cooperativas y empresas financieras no bancarias (un 56,3%) que en los bancos privados (un 25,8%) y los bancos públicos (un 20%).
Es sabido que para que un crédito tenga efecto positivo las empresas beneficiarias requieren acompañamiento. Por ello, es preciso trabajar en promover y facilitar la participación de entidades públicas y privadas que brinden servicios no financieros y de desarrollo empresarial a los clientes del SBD.
Desafortunadamente, no existe información sobre cuántos de los deudores del SBD reciben acompañamiento, por ejemplo, del INA. Una tarea es también medir este resultado.
