El Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (SNPRAE) tiene un diseño formalmente impecable. Define el papel de cada institución, de los comités cantonales y comunales y establece los protocolos de acción. La movilización institucional, tal como la vimos en la última emergencia, se articula y funciona de acuerdo con lo previsto.
No obstante, los comités cantonales, que son la base del sistema, no están artículados. Esta limitación no ha sido muy grave frente a emergencias menores; sin embargo, resulta determinante cuando se trata de catástrofes mayores como la de Upala, que afectan amplios sectores de población y su actividad económica.
El caso de Upala, más allá de las responsabilidades que le puedan caber al alcalde, llama a la reflexión. ¿Basta designar a un alcalde como responsable local de la atención de emergencias y desastres para que funcione un Comité Municipal de Emergencia? ¿Se elaboran planes previos frente a los diversos tipos de emergencias y desastres y se controla la preparación de la población local para reaccionar preventivamente o mitigar los daños? ¿Se controlan estos preparativos y se brinda, de ser necesaria por la naturaleza del desastre, la capacitación apropiada?
Organización. En una tesis de simulación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad Nacional (UNA), sobre la capacidad institucional para enfrentar a mediados de los 90 un terremoto de la magnitud del Cartago de 1910, de 6,5 en la escala Richter, que me tocó dirigir utilizando el método Delfis, los resultados fueron satisfactorios ya que los daños, dadas las normas de construcción de la época, no serían tan catastróficos como entonces.
En el tribunal participó Jorge Manuel Dengo.
Sin embargo, se advertía que de tratarse de un evento de mayor magnitud que afectara amplios sectores urbanos la capacidad institucional sería sobrepasada y se requería una comunidad organizada para hacerle frente.
De entonces a la fecha se ha incorporado más tecnología en la ubicación de las áreas de riesgo y métodos de monitoreo y aviso temprano. Incluso se han incorporado los Comités Municipales de Emergencia, más allá de la participación institucional involucrando a los municipios y la sociedad civil.
No obstante, la incorporación de los planes elaborados en las oficinas y las técnicas de alerta temprana no han estado acompañadas de una adecuada preparación de las comunidades.
Importancia de la práctica. Me tocó atender hace un par de años una práctica que hacía una estudiante sobre la preparación para un eventual deslizamiento del cerro Tapezco en Santa Ana. Técnicamente, el plan de monitoreo y evacuación era impecable. Se había colocado en la parte superior del cerro un instrumento controlado por satélite que alertaba sobre posibles peligros.
El plan, según me lo expusieron, incorporaba rutas de evacuación de la población que podía salir afectada. Lo que no incorporaba era la información a la población sobre el sistema, ni ejercicios de simulación que la capacitara.
No sé si de entonces para acá esto ha variado, pero de no ser así, cuando se produzca la alarma, cada persona va a salir por donde mejor le parezca, lo que podría producir un caos.
Los japoneses tienen bien presente el factor de organización de las comunidades y no solo elaboran planes frente a las contingencias, sino que llevan a cabo al menos dos prácticas simuladas al año.
En nuestro país, algunas escuelas e instituciones han adoptado la práctica de simulacros ocasionales que preparan a la población, pero esto no parece ser la regla en las comunidades. A los ticos nos cuesta entender que la organización no es solo la asignación formal de responsabilidades, sino que es algo que se adquiere en la práctica, planificando y actuando organizadamente, que solo a través de la práctica se apoderan las comunidades de organización y capacidad cívica.
Proyecto. En los 90, después del terremoto de Limón, me tocó elaborar desde la UNA un proyecto para formar técnicos en organización y rescate con la metodología de capacitación masiva, capaz de organizar a las comunidades.
Fue conocido por las autoridades nacionales, pero no se tomaron decisiones operativas. En el año 2010 se formó para el proyecto Germinadora un destacamento de 42 técnicos en desarrollo cooperativo comunitario con esa metodología, quienes trabajaron con éxito durante tres años en la organización para la autocapacitación y formación de proyectos de inversión.
Pasaron más de 3.000 personas por cursos preprofesionales y elaboraron casi mil proyectos. Este proceso de organización y capacitación fue suspendido en el 2014 porque las instituciones firmantes no habían cumplido con las tareas de seguimiento ni las promesas realizadas y se temía que cundiera el descontento.
Pienso que esos técnicos, que tienen la capacidad de organización de perfilar proyectos con las comunidades, deben ser rescatados al menos parcialmente y actualizados a las necesidades de la organización de los comités locales de emergencia.
El autor es sociólogo.
