En América Latina está cambiando la manera de entender el espectro radioeléctrico. Durante años, las licitaciones de frecuencias fueron vistas también como una oportunidad de recaudación para el Estado. Hoy se consolida una visión diferente: el verdadero valor del espectro no está en cuánto se paga por él, sino en la infraestructura, conectividad, innovación y actividad económica que permite generar.
Esa fue una de las conclusiones interesantes del reciente México Digital Summit. Brasil es, quizá, el ejemplo más contundente. En su licitación 5G de 2021, valorada en más de US$9.000 millones, menos de US$1.000 millones correspondieron al pago de licencias; el resto se orientó a obligaciones de inversión y cobertura, incluyendo conectividad en municipios, localidades, carreteras y escuelas.
Colombia siguió una dirección similar, privilegiando cobertura sobre recaudación y vinculando el despliegue con escuelas, hospitales y zonas rurales. Hoy supera los 10 millones de conexiones y las 3.700 estaciones base 5G.
Costa Rica tiene algo importante que aportar a esa conversación. El diseño de nuestra licitación 5G respondió precisamente a ese principio.
A partir de los objetivos de política pública establecidos por el Poder Ejecutivo, el concurso desarrollado por Sutel dispuso que el 90% del valor del espectro adjudicado se tradujera en obligaciones de despliegue de infraestructura, principalmente en zonas de baja o nula conectividad, mientras que el 10% restante correspondiera a recursos económicos destinados a Fonatel.
El proceso generó compromisos de instalación de 3.373 unidades de infraestructura de acceso, con una inversión estimada por el Micitt en aproximadamente US$310 millones, además de una recaudación monetaria cercana a US$35 millones.
Fue una decisión deliberada y acertada de política pública: privilegiar el despliegue sobre una finalidad meramente recaudatoria. Pero precisamente porque Costa Rica dio un primer paso importante, vale preguntarse cuál debería ser el siguiente. El éxito de una licitación puede medirse por las obligaciones que genera; el éxito de una política pública debe medirse por los resultados que produce.
La OCDE ha señalado que el espectro es un activo habilitador de objetivos económicos y sociales y que su administración debe favorecer inversión, innovación y utilización eficiente. La discusión, entonces, no debería limitarse a cuántos MHz se adjudican, cuánto se recauda o incluso cuántas radiobases se construyen. El objetivo debería ser maximizar el valor económico y social generado por cada MHz.
Eso requiere, primero, previsibilidad. Las inversiones en telecomunicaciones tienen horizontes largos. Operadores, empresas de infraestructura y usuarios industriales necesitan conocer con anticipación qué bandas estarán disponibles, cuándo y bajo qué condiciones.
Costa Rica podría avanzar hacia una hoja de ruta pública de espectro de largo plazo, actualizada periódicamente y vinculada con los objetivos nacionales de inversión y transformación digital.
Segundo, debemos medir resultados y no solamente despliegue. La secuencia relevante debería ser: espectro, inversión, cobertura y calidad, adopción y, finalmente, productividad.
La reciente primera evaluación nacional de calidad 5G de Sutel es un buen paso; tener 5G dice poco si no sabemos qué calidad ofrece, dónde está disponible y para qué comienza a utilizarse. Y ahí aparece probablemente el desafío más importante, que es llevar el 5G del teléfono a la economía.
Costa Rica cuenta con sectores sofisticados (manufactura avanzada, dispositivos médicos, servicios, agroindustria, logística y salud) donde la combinación de 5G, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y procesamiento de datos puede aumentar productividad y generar nuevos modelos de negocio.
Iniciativas como el Testbed 5G y NEX5G del Micitt, INA y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación apuntan correctamente en esa dirección. El reto ahora es escalar esa lógica y conectar la política de espectro con una estrategia más amplia de competitividad.
Finalmente, el espectro no funciona aisladamente. Una frecuencia disponible sirve de poco si el despliegue enfrenta obstáculos en fibra, torres, energía, derechos de vía o permisos municipales. La infraestructura digital debe abordarse como un ecosistema y no como una suma de regulaciones independientes.
Costa Rica ya tomó una buena decisión al entender que el espectro podía convertirse en infraestructura y no simplemente en ingresos para el Estado. Ahora debemos dar el siguiente paso, que es convertir esa infraestructura en productividad.
Corresponde al Estado liderar esa nueva etapa, con una política de espectro de largo plazo que dé previsibilidad a la inversión, mida sus resultados y conecte la infraestructura digital con las necesidades de nuestra economía.
No se trata de crear nuevas instituciones ni de producir más diagnósticos, sino de articular las capacidades existentes alrededor de un objetivo concreto: que el espectro contribuya efectivamente a la competitividad y al crecimiento del país.
La primera etapa consistió en poner espectro a disposición del mercado. El desafío ahora es mayor: ponerlo a trabajar para Costa Rica.
esoley@ecija.com
Elías Soley Gutiérrez es socio de ECIJA y exembajador de Costa Rica ante la OCDE.