Una investigación internacional ha vuelto a alertar sobre la devastadora pesca ilegal que sufre la isla del Coco y comprobó el brutal descenso de la población de rayas y tiburones en los últimos 20 años. Uno de los santuarios más ricos del Pacífico oriental tropical, patrimonio natural de la humanidad, se pone de nuevo en entredicho junto con la capacidad del Estado costarricense para protegerlo.
La revista Conservation Biology publicó un estudio realizado por especialistas de universidades de Estados Unidos y Canadá, basado en 1,4 millones de observaciones hechas por buzos de Undersea Hunter, entre 1993 y el 2013. Aunque también hay otras causas del declive, como el fenómeno de El Niño y los depredadores naturales, es indudable que “las disminuciones en abundancia de todas las especies son resultado de la sobrepesca”, opina uno de los investigadores, Marck C. Myers, de la Universidad de Northern Iowa.
En el periodo estudiado, la presencia y abundancia de ocho de las 12 especies de tiburón existentes en el parque decreció en proporciones que van de 45% a 91% –en el caso de los tiburones sedosos–. Según el especialista, “todos los grupos son vulnerables” a la sobreexplotación pesquera, si bien los escualos y las rayas sufren un riesgo mayor. Por ejemplo, el tiburón martillo, asociado mundialmente a la isla, desde la visita del explorador Jacques Cousteau en 1976, experimentó un descenso del 45%.
La constante violación de la zona protegida, la pesca ilegal y el uso de instrumentos agregadores de peces o “plantados”, prohibidos por los convenios internacionales por su efecto depredador, son hechos comprobados y cada vez más frecuentes para el precario sistema de patrullaje del área de conservación.
El ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, planteó la paradoja de que Costa Rica es diez veces más grande en el océano que en la tierra y, a pesar de esto, carece de una ley de navegación o de un plan de vigilancia de su riqueza marina. El gasto ambiental está estancando desde hace cinco años y la gestión de los recursos públicos es deficiente, como lo apuntó el Estado de la Nación en su informe más reciente. Este doble discurso, de un país verde en el papel, se expresa en que “tenemos una legislación bellísima, pero no tenemos la capacidad de hacerla cumplir”, en palabras del jerarca.
La isla del Coco se encuentra a 532 kilómetros de Cabo Blanco, Puntarenas, pero el Gobierno ni siquiera cuenta con una embarcación con autonomía suficiente para ir y volver y atender situaciones de emergencia con seguridad. Las limitaciones presupuestarias y operativas hacen que, en realidad, una de las mayores biomasas de peces del planeta esté expuesta a la pesca ilegal y al saqueo de su biodiversidad.
De acuerdo con el estudio de Conservation Biology, “las declinaciones de megafauna marina continuarán sin cesar en las áreas protegidas a menos que exista un esfuerzo adecuado de control de pesca”.
En abril pasado, la Asociación Costa Rica por Siempre y la Fundación Amigos de la Isla del Coco (Faico) lanzaron la campaña “Todos a bordo”, para dotar a los guardaparques de una lancha rápida que les facilite las labores de patrullaje en las 12 millas protegidas.
Este esfuerzo, al que se sumó un grupo de empresas identificadas con la responsabilidad social y la conservación ambiental, como La Nación, debe ser parte de una toma de conciencia nacional por preservar nuestros recursos naturales. Una toma de conciencia que nos lleve a actuar decidida y activamente para salvarlos.
Aunque esto no sea una tarea exclusiva del Estado sino de todos, como reza el lema de la campaña, el éxito de estas iniciativas de la sociedad civil también depende de la capacidad gubernamental para poner en práctica una estrategia de control y vigilancia marítima que recupere el prestigio de Costa Rica como modelo de conservación ambiental en el mundo.