El Poder Ejecutivo hizo suyo el proyecto de reforma a las pensiones del Poder Judicial redactado por los administradores del fondo. Lo envió a la Asamblea Legislativa, pero la Superintendencia de Pensiones (Supén) no tardó en señalar su insuficiencia. Un transitorio impide aplicar la nueva normativa a quienes hayan cumplido 20 años de pertenecer al régimen especial. Así, deja por fuera a gran cantidad de empleados y en nada contribuye a modificar el pronóstico de un colapso en el 2026, como lo teme la Supén.
Los redactores de la iniciativa son parte interesada y no solo salvaron a un buen número de los potenciales afectados, sino que se quedaron muy cortos en nivelar los beneficios con los de otros regímenes. No hay una buena explicación para los privilegios concedidos a los empleados judiciales frente al resto de la ciudadanía. Si el proyecto nacido de la Corte fuese aprobado, los funcionarios se pensionarían con un tope del 75% del salario más alto del Poder Judicial, a la edad mínima de 55 años.
Son condiciones menos generosas que las actuales, pero muy superiores a las concedidas a la abrumadora mayoría y, en cualquier caso, el transitorio incorporado a la propuesta no libra al país de las graves consecuencias de un futuro colapso, en apenas 12 años, según los cálculos de la Supén.
Édgar Robles, jerarca de Superintendencia de Pensiones, no reclama la autoría del vaticinio: “Ellos mismos han dicho que el régimen colapsará en el 2026. Lo que el transitorio dice, prácticamente, es que se mantienen los beneficios hasta que colapse el régimen”, afirmó al comentar el envío del proyecto al Congreso.
El Gobierno replicó a la crítica con una aclaración de sus intenciones. La presentación del proyecto redactado por funcionarios de la Corte solo pretende abrir la discusión para sopesar su conveniencia, dijo el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley. La fracción de la Unidad Social Cristiana le tomó la palabra y presentó un texto alternativo.
Los socialcristianos proponen un impuesto proporcional, de conformidad con el monto de la pensión de los actuales y futuros jubilados, para fortalecer el fondo del Poder Judicial. Además, el cálculo de la pensión se haría a partir de un salario de referencia equivalente al 60% del promedio de todos los salarios devengados, y no con base en el 100% del promedio de los últimos 24 salarios, como sucede en la actualidad.
“De esta manera se busca asemejar el cálculo de la pensión a lo dispuesto para los otros regímenes básicos (IVM y Magisterio Nacional) con el reconocimiento de un porcentaje adicional por el exceso de 20 años de servicio”, dijo el diputado Rafael Ortiz, jefe de la fracción socialcristiana. Con el mismo propósito de nivelar el terreno, el proyecto propone elevar la edad de jubilación a 65 años.
Amén de la razones de equidad, el legislador señala los peligros de la inacción en esta materia: “Una serie de estudios técnicos nos señalan que el fondo de pensiones del Poder Judicial presenta un déficit actuarial… no queda más que hacerle una cirugía mayor urgente. Lo contrario sería irresponsable con los actuales pensionados, con los futuros y con todos los costarricenses, ya que tendríamos que pagar esas obligaciones con recursos del presupuesto nacional”.
El diagnóstico es correcto y la iniciativa, valiente. La discusión legislativa arrojará luz sobre la conveniencia de las medidas concretas, todas encaminadas en la dirección apropiada.
Si el Ejecutivo pretendía crear la oportunidad para discutir sobre las pensiones del Poder Judicial, la fracción socialcristiana la aprovechó y dio el paso adelante.
Falta saber si las demás fracciones están dispuestas a demostrar la misma sensatez y valentía.