El costo de las acciones del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) va mucho más allá de la suma contable de las pérdidas ocasionadas debido a los barcos dejados de atender por cada día de huelga transcurrido. El país, como un todo, sufre la irresponsabilidad y avaricia de un grupo relativamente pequeño, cuyos intereses personales se anteponen al interés público. Es indispensable derivar algunas lecciones de lo actuado y elaborar una estrategia más eficaz hacia el futuro.
Esta vez, el Sindicato pelea por una cláusula en el contrato (9.1) celebrado por el Estado con la firma holandesa APM Terminas que le conferiría el derecho de recibir y descargar contenedores en esa provincia. Pero no es la primera vez que los sindicalistas se alzan en huelga. Lo han hecho en muchísimas ocasiones, todas con un denominador común: obtener más beneficios de carácter económico y más poder para tratar de controlar una parte importante de los recursos de Japdeva.
La trayectoria sindical se puede resumir así: el Estado creó una institución pública –Japdeva– para generar empleo y desarrollar la provincia de Limón, urgida de perseguir ambos fines. Pero el Sindicato de Trabajadores –Sitrajap– se apoderó de ella en su propio interés. Los abusivos beneficios laborales así lo demuestran. Y, como ahora el Estado pretende con el megapuerto romper el ruinoso monopolio que, de hecho, mantenían los sindicalistas en el manejo de los puertos de Moín y Limón, se oponen a la nueva concesión. Por eso, su argumentación de combatir el monopolio resulta falaz e inadmisible, pues, en el fondo, lo que pretenden es seguir disfrutando de su monopolio virtual en la manipulación de contenedores, cuyo costo para las navieras y el país es el más elevado, precisamente por las gollerías salariales.
En ese contexto, hizo bien el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en ordenar a la fuerza pública su decidida y eficaz intervención para reabrir los puertos e iniciar operaciones de atracar y descargar navíos, aunque sea parcialmente. Lo más importante fue el mensaje enviado a los sindicalistas y al país de no estar dispuesto a permitir acciones ilegales ni destructivas. Su justificación fue doble: por un lado, adquirió plena conciencia de los costos directos e indirectos de la huelga, incluyendo, entre otros, las horas no laboradas por los huelguistas, los $25.000 diarios por el atraso en la atención de cada navío, costos de la desprogramación de rutas y transbordos, reclamaciones por incumplimiento de fechas de entrega de mercaderías y materias primas, reclamación de clientes, y las cuantiosas pérdidas de productos perecederos, como banano y piña, aún pendientes de cuantificación.
Pero hay, también, otros costos potenciales involucrados que, sin duda, son mucho más cuantiosos. El primero de ellos es el riesgo de perder la inversión de, al menos, $1.000 millones por parte de APM Terminals. Esos recursos, catalogados como inversión extranjera directa, contribuirían a financiar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se ha elevado recientemente por la pérdida de dinamismo de las exportaciones y las menores entradas de capital privado, según han reportado la Cepal y el Banco Central de Costa Rica, y, por lo tanto, también contribuirían a disminuir la presión cambiaria y la inflación interna. Con menor devaluación, los precios de los combustibles tenderían a ser más estables.
La segunda justificación esgrimida para ordenar a la fuerza pública intervenir los muelles se relaciona con la legalidad de la contratación de APM Terminals. Ese contrato ha sufrido una verdadera ordalía. Fue cuestionado permanentemente por los sindicatos, originalmente cuestionado por algunas cámaras del sector privado, cuestionado también por la Contraloría General de la República y, finalmente, ventilado en los tribunales de justicia, incluyendo la Sala Constitucional, que recientemente le dio su aprobación.
En todas esas instancias, la legalidad del contrato se mantuvo. Y el presidente Solís ha estado dispuesto en todo momento a reconocerlo, advirtiendo claramente a los sindicatos su renuencia a renegociarlo. Desafortunadamente, ha surgido un nuevo escollo: la oposición de grupos ambientalistas que presentaron cuestionamientos adicionales de fondo, aún por resolver por la Secretaría Técnica Ambiental (Setena). Todo eso demuestra que en Costa Rica es muy difícil hacer negocios por el alambicado engranaje legal e institucional, y por el poder que han adquirido ciertos grupos de presión, incluyendo sindicatos y algunos grupos ambientalistas.
De todo lo anterior se deben derivar algunas lecciones y recomendaciones. Una es que el presidente Solís actuó oportuna y decididamente al ordenar la intervención de los puertos y restablecer el orden en Limón. Las fuerzas vivas de la democracia, incluyendo partidos políticos, sector privado, trabajadores independientes, asociaciones solidaristas y la población en general, deben respaldar esa decidida acción, que debería incluir evitar cierre de vías y otras acciones contrarias al orden público. Otra es que el orden jurídico debe observarse siempre, incluyendo el respeto a las contrataciones con el Estado y los derechos de los inversionistas extranjeros que contribuyen al desarrollo y progreso del país.
También debe tenerse presente que la nueva terminal contribuiría a incrementar la competitividad del país. Como bien dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff: “No es posible que un pequeño grupo decida por toda una provincia y un país. No debemos permitir que, con este tipo de acciones, se altere el orden público y se atente contra el progreso nacional, particularmente en una provincia como Limón, que requiere un impulso decidido para tomar la ruta del desarrollo”.
Es necesario indicar que el Gobierno debe mantener la misma firmeza para evitar alentar otros movimientos similares, exigir la deducción de los salarios de los trabajadores durante los días del paro, responsabilizar al Sindicato de los daños y perjuicios ocasionados al sector privado y al país en general, y aprovechar la ocasión para renegociar los onerosos privilegios de los trabajadores. Finalmente, esta huelga debe servir para recordar la inconveniencia de modificar el Código de Trabajo para permitir la huelga en los servicios públicos, como pretenden el Gobierno y algunos diputados. Sería un error garrafal.