En el 2008, el Gobierno del presidente Rafael Correa decidió dejar de pagar buena parte de la deuda contraída con inversionistas internacionales. La medida cerró el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento justo cuando los precios del petróleo comenzaron a caer. Correa volvió la vista a China, siempre interesada en incrementar su influencia en países ricos en recursos naturales.
A mediados del siguiente año, Petrochina le prestó a su similar ecuatoriana, Petroecuador, mil millones de dólares, pero las condiciones están lejos de poder ser descritas como benéficas. El crédito fue concedido a dos años plazo con un 7,25% de interés, informó el diario neoyorquino.
Desde entonces, el flujo de capital ha sido constante, así como las condiciones impuestas a los ecuatorianos, incluida la obligación de utilizar tecnología y servicios chinos, con la ventaja para los asiáticos, dice The New York Times, de que los límites legales aplicados al condicionamiento de semejantes operaciones financieras cuando participan naciones industrializadas no rigen la relación con China, todavía considerada en vías de desarrollo.
En la actualidad, las petroleras chinas bombean la cuarta parte del crudo ecuatoriano y cobran entre $25 y $50 por cada barril. En esas condiciones y con los precios del petróleo por los suelos, las posibilidades de que Ecuador pague sus deudas son pocas y Lin Boqiang, académico chino citado en el reportaje, lo reconoce sin ambigüedades, “pero el punto es que los recursos se harán valiosos en última instancia”. Cuando eso ocurra, China estará en posición de redituar.
“China se está convirtiendo en el nuevo comisariato de los países en desarrollo productores de petróleo, gas y minerales”, comentó el experto David Goldwyn en alusión a las tiendas de compañías, como las bananeras en Costa Rica, donde los trabajadores dejaban sus modestos salarios en la primera mitad del siglo pasado.
China no es una institución de beneficencia, ni tiene por qué serlo. Tampoco las simpatías suscitadas por sus extraordinarios esfuerzos de las últimas décadas deben llamar a equívocos a la hora de la negociación. Los bonos financiados al 2% y el estadio donado fueron fenómenos propios del momento histórico en que se establecieron relaciones diplomáticas luego de la ruptura con Taiwán.
Mucho ha llovido desde entonces y las experiencias vividas con licitaciones para telefonía, la empresa conjunta para el desarrollo de una refinería y la ampliación de la carretera a Limón brindan un panorama más realista de la relación con la enorme economía asiática. Es preciso tenerlo en mente ahora que el Gobierno anuncia su intención de explorar en Pekín posibilidades de financiamiento para una parte del déficit nacional.
En mucho menor grado y por razones distintas a las de Ecuador, Costa Rica no tiene abiertas las puertas de sus fuentes tradicionales de financiamiento. Instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se muestran reacias a prestar si el país no adopta medidas de saneamiento fiscal, como la aprobación del impuesto al valor agregado, cuyo trámite legislativo no será fácil. En esas condiciones, el país debe encarar cualquier negociación con extrema cautela.
Pero independientemente de la fuente de los recursos, el principal peligro es utilizarlos para posponer las medidas internas indispensables para sanear las finanzas públicas. La exviceministra de Hacienda Edna Camacho sintetizó el dilema en términos claros: en ausencia de medidas para la reducción del déficit, el endeudamiento en el exterior “equivale a aplicar anestesia a un enfermo. Se apacigua el dolor, pero no se resuelve el problema”. Por el contrario, es posible caer en una espiral peligrosa, como la de Ecuador, cuyo Gobierno pidió, este año, otros $7.500 millones a China para financiar, entre otras necesidades, su déficit.