La veda a la publicación de encuestas en los últimos días del período electoral nos obligaba a publicar, cuando menos, tres días antes de los comicios, es decir, el miércoles. Para lograrlo, el trabajo de campo debía cerrar el viernes. Solo así habría tiempo para procesar los datos y redactar los artículos. Publicaríamos, entonces, datos con más de una semana de añejamiento en relación con la fecha de las elecciones y con muchos votantes indecisos. Tres días más tarde, la votación necesariamente contrastaría con los resultados de la encuesta. A las seis de la tarde del domingo, ya no habrá indecisos.
La poca cultura nacional sobre encuestas, en buena parte promovida por políticos que aplauden o censuran según los resultados, así como la confusión creada por la pluralidad de casas encuestadoras y metodologías, no todas tan rigurosas como la de Unimer, crean un campo fértil para las teorías de la conspiración y la maledicencia.
Encuestas recientes, publicadas por varias firmas e instituciones, entre ellas la respetada Universidad de Costa Rica, revelan un descenso en la cantidad de indecisos, pero todavía superan el 21%. A la fecha de nuestra decisión, contábamos con la última encuesta de Unimer, que los ubicaba en las cercanías del 40%, si bien los datos son hoy demasiado añejos para pensar que la situación no haya variado.
En las circunstancias de esta elección, no vimos la utilidad de publicar un resultado a solo tres días de que las urnas despejaran las dudas. No importa cuál fuera ese resultado, uno o varios de los bandos en disputa le darían una interpretación torcida, como viene sucediendo en los últimos meses. Y eso, a las puertas del dato definitivo y contundente del domingo.
Desde el fin de semana antepasado, La Nación inició conversaciones sobre el tema con Unimer. La semana pasada, cuando apenas comenzaba el trabajo de campo, se le comunicó a la empresa encuestadora la decisión de cancelar el estudio. Unimer abogó a favor de publicar la encuesta y, con esa esperanza manifestó su intención de concluirla, pero la decisión de este periódico ya era firme, como lo fue en 1998, cuando también se decidió no publicar la encuesta final por circunstancias propias de ese proceso.
La empresa encuestadora está en su derecho, pero le solicitamos reservarse los resultados y no darlos a conocer siquiera a quienes laboramos en La Nación . A esta fecha, no contamos con dato alguno de la encuesta. El propósito de no enterarnos es eliminar cualquier sospecha de que la decisión haya sido adoptada a partir de los resultados.
Por otra parte, sabemos que las teorías de la conspiración y la maledicencia no pueden evitarse. No faltará quien diga que la decisión de no publicar tiene algún oscuro propósito. Frente a eso, solo es posible oponer la transparencia de nuestras actuaciones. Preferimos exponer las buenas razones de nuestra decisión que salir a explicarle, a quien no quiere entender, la inevitable discrepancia entre las urnas y los resultados obtenidos en el campo una semana antes de las elecciones y publicados a tres días de las votaciones.
Las encuestas, hay que entenderlo de una vez por todas, son un retrato del momento en que se recogen los datos, no una bola de cristal para adivinar el futuro. Es obvio que habrá diferencia entre el día en que un 40% de los electores no se había decidido y el día en que todos nos vimos obligados a decidir.
Es preciso dejar en claro que nuestra decisión responde a las circunstancias de esta elección y mantendremos, en el futuro, el programa de investigación de la opinión pública que venimos ejecutando en conjunto con Unimer.