Editorial: Una decisión ejemplar y necesaria

De forma unánime, el 19 del pasado mes, el Consejo acordó ofrecer una disculpa pública “a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que, en virtud de sus ideales políticos, sociales y económicos” tuvieron que marcharse de la institución posterior a la guerra civil de 1948.

La decisión no respondió a exigencias o presiones externas, sino a una iniciativa interna. Se basó en una investigación realizada por una de sus integrantes, la historiadora Patricia Fumero, respaldada por las actas resguardadas en los archivos de la UCR. Esto dio pie a un ensayo académico publicado en el Anuario de Estudios Centroamericanos.

La salida forzada de 17 profesores y 5 estudiantes, en mayo de 1948, fue producto de una decisión tomada por el Consejo Estudiantil Universitario, tras concluir la guerra civil con el triunfo del Ejército de Liberación Nacional. Sin asomo alguno de debido proceso y sin hechos concretos que justificaran tan drástico resultado, bastó con que a esas personas se les acusara de “colaboracionistas” para presionar la expulsión o forzarlas a renunciar en medio de un clima de enorme crispación y posible violencia en su contra.

Fue, en esencia, una auténtica cacería de brujas, y si bien se originó en instancias estudiantiles, las institucionales no tomaron medidas para poner freno a la arbitrariedad; más bien, aceptaron sin reparos las renuncias de los profesores forzados a presentarlas. Las voces aisladas de algunos profesores y autoridades en contra de esa arremetida no pudieron impedir tan bochornoso desenlace.

Uno de los afectados fue Luis Demetrio Tinoco, hoy benemérito de la cultura y la educación, quien en 1940, como ministro de Educación en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, presentó el proyecto para fundar la Universidad de Costa Rica y firmó, junto con el presidente, la ley aprobada ese mismo año. La actual biblioteca de Ciencias Económicas e Ingeniería de la UCR lleva su nombre.

También estuvieron entre los expulsados el escritor Fabián Dobles, el artista plástico Manuel de la Cruz González y el educador Moisés Vincenzi Pacheco. Mencionamos sus nombres, no los de todos los afectados, como ejemplo. Pero en todos los casos queda en evidencia que, además de la injusticia individual, se produjo un gran daño a la institución y sus estudiantes, al privarlos de personas que, como todas las expulsadas o que debieron renunciar, brindaban y habrían podido seguir brindando, grandes aportes a la educación superior.

Como parte del esfuerzo para reivindicar sus aportes y compensar simbólicamente el daño que sufrieron, el Consejo Universitario no solo les ha ofrecido disculpas públicas, sino que realizará próximamente una ceremonia para develar una placa en la emblemática Plaza 24 de Abril, con los nombres de los 22.

Tal como dijo un comunicado emitido tras la decisión, “la UCR tiene el deber ético y moral de reconocer con espíritu crítico y autorreflexivo que visibilizar y evaluar los hechos del pasado institucional fortalece la conciencia histórica y la memoria colectiva”. Así es, y celebramos que lo haya hecho.

La arbitrariedad cometida entonces, en circunstancias ciertamente extremas, es un testimonio palpable del daño individual y social que pueden causar la polarización, la intransigencia y el espíritu de revancha. También reafirma el deber que tenemos los ciudadanos, principalmente quienes ejercen posiciones de representación o influencia, de velar por la salud cívica del país, la calidad de su debate público y la tolerancia hacia quienes piensan de manera distinta. Son elementos básicos para la convivencia democrática que nunca deben violentarse.