El primer caso contra Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha tomado nuevo impulso con la creación de un grupo especial investigador de las restricciones impuestas a la importación de aguacates mexicanos. México ya había solicitado el estudio en otra oportunidad, pero Costa Rica se ha mantenido inconmovible a lo largo de las conversaciones celebradas para evitar el contencioso.
La nación del norte rechaza las razones fitosanitarias utilizadas por nuestro país para fundamentar las restricciones y en noviembre dio por fracasados los intentos de hallar una solución bilateral. Las últimas conversaciones para encontrar el acuerdo comenzaron en marzo del 2017, casi dos años después de adoptada la medida, en el 2015.
En ese momento, la protesta mexicana fue inmediata. Costa Rica asegura que la importación de aguacates de la variedad Hass podría abrir las puertas al contagio de la plaga llamada “sunblotch” (mancha de sol). México rebate esas explicaciones y acusa a nuestro país de erigir una barrera no arancelaria para proteger la producción interna.
Costa Rica es miembro fundador de la OMC y en sus 22 años de existencia nunca había enfrentado una denuncia formal. En esta primera ocasión, los riesgos son grandes. Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior durante la administración de Luis Guillermo Solís, calculó el costo de la defensa en la OMC en $600.000. El monto podría considerarse bajo frente al daño a la reputación nacional si las razones de México prevalecen. Fundamentalmente, seríamos responsables de utilizar un subterfugio para inclinar la balanza del comercio internacional en nuestro favor con irrespeto de las normas internacionales de las cuales dependemos para defender nuestras importantísimas exportaciones.
Apenas el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) prohibió el ingreso de los aguacates Hass, el 5 de mayo del 2015, México afirmó que la enfermedad solo afecta las plantas, no sus frutos, y está concentrada en muy pocas zonas de su territorio. Además, la nación hermana es la principal exportadora mundial de aguacates, incluso a mercados tan exigentes como Estados Unidos, y fue la más grande proveedora de Costa Rica durante décadas sin que se hubiera dado el contagio.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) no disimuló su desacuerdo con la medida y en el velado debate con la cartera de Agricultura y Ganadería, de la cual depende el SFE, admitió inobservancia de los procedimientos y se quejó por la incomunicación casi total entre los dos despachos afectados por la decisión y sus consecuencias.
Como para avivar la sospecha de intenciones proteccionistas ilícitas, el nuevo ministro de Agricultura, Renato Alvarado, inauguró su gestión con la siembra simbólica de un árbol de aguacate y promesas de mayor proteccionismo para la agricultura. La teatralidad del momento recuerda la actitud festiva del gobierno anterior, cuando el ministro de Comunicación posó sonriente con una bolsa de aguacates para minimizar la importancia del cierre de fronteras a la fruta mexicana.
Ahora, el caso toma visos de mucha seriedad. Ni el teatro ni la actitud festiva serán de ayuda en la OMC. Estamos a tiempo de considerar el problema con detenimiento para examinar, una vez más, nuestras razones y fundamentos científicos. Seguir adelante solo se justifica si el Estado tiene absoluta certeza de lo que tantos ponen en duda. Si no, faltan las palabras para describir tanta irresponsabilidad, no solo frente al comercio internacional, sino, también, frente al consumidor local, obligado a pagar más por productos de menos calidad.
