Costa Rica destaca por el desarrollo de su industria turística, en buena parte basado en el ingenio local. La marca se asocia con la naturaleza, la ecología y la diversidad de parajes accesibles. Por lo general, también ha logrado ofrecerlos con seguridad. Por eso, importa acometer con diligencia una asignatura pendiente, sobre todo, en las inmediaciones de los volcanes Rincón de la Vieja, Arenal, Poás y Turrialba, así como en las áreas protegidas del Braulio Carrillo y Corcovado.
Los tours ilícitos ofrecen al turista acceso a sitios donde pocos llegan y, para cumplir la promesa, los exponen a graves peligros. La actividad de los volcanes es impredecible y en la montaña acechan muchos otros riesgos, en especial, para los caminantes inexpertos. Es muy fácil sufrir desorientación y perderse, como ha sucedido en demasiadas oportunidades.
El 25 de octubre, un turista británico se extravió en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, en cuyas faldas ingresó por un sendero legal. Montaña adentro, decidió apartarse del camino y se perdió. Los rescatistas lo encontraron al día siguiente, pero no todos han tenido la misma suerte. Un caso como este puede ser fruto de la imprudencia, la mala señalización o la falta de adecuadas advertencias sobre los riesgos de aventurarse más allá de las zonas demarcadas.
Siempre es posible mejorar en cada uno de esos aspectos, pero la práctica del turismo ilegal es inadmisible. Pone vidas en riesgo y también los medios de subsistencia de personas dedicadas honradamente al turismo. A mediados del año, dos extranjeros se extraviaron en el cerro Chato, en La Fortuna de San Carlos, sus guías los perdieron de vista y decidieron dejarlos abandonados. Tuvieron la suerte de ser rescatados al día siguiente, luego de pasar la noche en la montaña, bajo fuertes aguaceros. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) confirmó la contratación de un tour ilegal.
El costo de las operaciones de rescate es alto e implica peligro para los rescatistas. Las incursiones ilícitas alteran los ecosistemas, la flora, la fauna y los suelos. También acumulan basura y se prestan para actos de vandalismo. No obstante, el turismo ilícito es un fenómeno frecuente y, quizá, los extranjeros no tengan plena conciencia de estar contratando una actividad al margen de la ley.
Entre diciembre del 2021 y el 15 de febrero de este año, cuando menos unas 752 personas fueron prevenidas por ingresar ilegalmente a parques nacionales, según el Sinac, pero hay poca posibilidad de pasar de las amonestaciones. Cuando hay reincidencia, es posible denunciar al infractor por el delito de desobediencia a la autoridad, pero, por lo pronto, el Sinac se limita a advertir de que “toda persona sorprendida dentro de las zonas de protección absoluta y restringida, señaladas con anterioridad, o realizando actividades lucrativas dentro de áreas del Estado sin autorización expresa de la administración será expulsada de inmediato del parque nacional por autoridades policiales, ya sea funcionarios de Sinac, Fuerza Pública o Policía Turística”.
No es suficiente. Los operadores de los tours ilegales cobran ¢30.000 o más por persona. No es un negocio al cual renuncien con facilidad. El proyecto de ley 22878 podría ayudar a lograrlo. Establece multas de tres a cinco salarios base, es decir, hasta sumas superiores a ¢2,3 millones. La severidad de la multa debe ir acompañada de una elevada probabilidad de sufrirla. La vigilancia de los parques nacionales es poca, pese a la contribución de sus maravillas a la economía y el turismo. Podría ser hora de repensar esos ahorros para preservar las riquezas naturales y ahorrar daños a la imagen del país como destino seguro.
