EscucharPor primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos deberá comparecer ante la justicia y enfrentar cargos penales. Se trata, por supuesto, de Donald Trump, quien convirtió el desdén por la legalidad en una variable clave de su actuar empresarial, y lo llevó a extremos nunca vistos durante la campaña del 2016, sus cuatro años en la Casa Blanca e, incluso, después. A partir de ahora, deberá comenzar a rendir cuentas en los tribunales.
La decisión de imputarle cargos fue tomada, el jueves, por un gran jurado de Nueva York. Sus integrantes, que en el sistema judicial estadounidense actúan como un primer filtro del proceso, llegaron a la conclusión, tras examinar amplia evidencia, de que existen razones suficientes para presumir la comisión de delitos y, por ende, disponer que sea procesado.
Los cargos específicos no se conocen aún, pero serán revelados el martes, cuando, según confirmaron sus abogados, Trump se presentará ante un juez del distrito de Manhattan. Deberá entonces declararse culpable o inocente, será fichado y, casi sin duda, deberá pagar una fianza, a la espera del juicio.
Las implicaciones de lo que vendrá son enormes, no solo por el caso en sí mismo, sino también por otros pendientes, y que tienen significados mucho más sustantivos. Sin embargo, al margen de las consecuencias políticas, que serán muchas y aún impredecibles, lo más trascendental es que se está cumpliendo plenamente con un fundamento clave del sistema republicano estadounidense, basado en el respeto al Estado de derecho: la igualdad ante la ley. Es decir, no importa la trascendencia del cargo que ocupe o haya ocupado, nadie puede reclamar, como Trump pretendió en el pasado, fueros especiales de justicia.
El caso que lo llevará a juicio es el menos consecuente de los que están en curso. Se trata del presunto pago de $130.000, en el 2016, a una artista de la industria pornográfica, conocida como Stormy Daniels, para comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial que, de haberse revelado, podría haber frustrado sus aspiraciones presidenciales. Su abogado y operador de entonces, Michael D. Cohen, declaró que realizó esa transacción por instrucciones de Trump, quien, además, dispuso identificarla falsamente en los libros de su empresa (Organización Trump) como reembolso por gastos legales.
De las otras tres investigaciones penales en curso, la más avanzada se tramita en Georgia, por las presiones que ejerció el entonces presidente para que se alteraran reportes de votación y poder así ganar en ese estado. El asunto ya fue examinado por un gran jurado del condado Fulton, pero sus conclusiones aún no han sido reveladas, algo que se espera ocurra en pocos días. Los dos casos restantes, de carácter federal, están a cargo del Departamento de Justicia, que actúa como fiscalía. Uno, centrado en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, se refiere a los intentos por anular el resultado de las elecciones que otorgaron la presidencia a Joe Biden; el otro, al traslado a su residencia personal de documentos confidenciales tras dejar la Casa Blanca, sin protegerlos adecuadamente. Están abiertos, además, otros procesos de índole civil.
Lo más importante de la imputación en Nueva York es que, con ella, se rompió la barrera, o el precedente, que protegía a Trump. No era de índole legal, porque nada en la Constitución blinda a los expresidentes de ser sometidos a un proceso penal, aunque la interpretación más aceptada es que quienes aún están en el ejercicio del cargo sí gozan de tal protección. Pero nunca antes un ocupante de la Casa Blanca había protagonizado tantos actos arbitrarios, contrarios a la ley y, más aún, claramente delictivos. Fue él, entonces, quien primero pasó el umbral.
Por supuesto que Trump y la mayoría de su Partido Republicano han tratado de presentar el caso de Stormy Daniels como una cacería de brujas, una instrumentalización de la justicia y una especie de vendetta de Biden en su contra, aunque el presidente no haya tenido ninguna relación con lo decidido por el gran jurado. Lo mismo ocurre con los otros. Es el relato que repiten, incluso desde antes del anuncio de su imputación, y podría llegar a convertirse en algo que, frente a su electorado duro, fortalezca, en lugar de debilitar, al expresidente.
Pero la realidad jurídica es otra. Son Trump y los dirigentes republicanos plegados a él (la mayoría) los que han pretendido retorcer, primero, la voluntad popular expresada en las urnas y, segundo, el curso normal de la justicia. Por el momento, han fracasado. Corresponderá a los tribunales y a los ciudadanos en general impedir que se salgan con la suya. Su impunidad no es de recibo.
